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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Dada la situación de emergencia sanitaria, la mesa de expertos de Debates de Gobierno Urbano se organizó de manera virtual, con la participación de cuatro panelistas, con experiencia en la dirección de los asuntos regionales y metropolitanos en el país, quienes presentaron las principales experiencias de implementación de los esquemas asociativos territoriales en el país y respondieron algunas de las preguntas de los más de 200 asistentes.
El profesor Carlos Alberto Patiño Villa, director del IEU, mencionó que “este evento abre un diálogo y lleva a pensar en esquemas de gobierno territorial bajo un mecanismo de articulación de las instituciones; hoy el mundo cuenta con estudios metropolitanos y tienen un espacio de discusión importante, y el Instituto apoya estos debates”.
A su turno, la profesora Yency Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano (OGU) del IEU, afirmó que “es importante reflexionar en el diseño institucional y en cuáles han sido sus oportunidades y restricciones en los temas puntuales del gobierno de los municipios y de los asuntos supramunicipales”.
El debate lo inició Camilo Ernesto Lloreda Becerra, gerente de la Región Administrativa y de Planificación RAP – Pacífico, quien recalcó que la RAP bajo su dirección ha surgido de la voluntad y deseo común de los gobernantes de las entidades territoriales departamentales de propender por la planeación regional articulada entre sus asociados.
«Para formular, estructurar y ejecutar programas y proyectos de alto impacto para la región, la RAP opera en tres sentidos: planificación del territorio; formulación y estructuración de proyectos; y ejecución de los mismos», sostuvo.
Por su parte, Carlos Córdoba Martínez, exdirector de la RAPE Región Central, consultor regional urbano, precisó que los esquemas asociativos tienen un lugar importante en el desarrollo territorial y regional en Colombia, en la medida que puedan definir claramente la escalabilidad de los problemas que se quieran resolver.
“Hoy no son tan claros los límites de las tareas de los entes territoriales, por lo que resulta importante definir las escalas para establecer los roles de los actores que participan en cada uno de los esquemas asociativos”. Así mismo, “resulta fundamental reflexionar sobre la posibilidad de articular los esquemas de asociación con instrumentos de ejecución», destacó.
Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, señaló que las áreas metropolitanas buscan una mayor descentralización y autonomía. Estas nacen con la voluntad de las entidades y la sociedad civil juega un papel importante en su conformación .
“Los retos de las áreas metropolitanas son, entre otros, superar los conflictos territoriales, articular e integrar los territorios, y promover la competitividad y la sostenibilidad (…) la articulación y los esquemas se justifican a partir de una visión técnica”, recalcó el director del AMVA.
Finalmente, Samuel Jaimes Botía, director del Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB, sostuvo que “el AMB parte en 1975 con la conformación de 16 municipios, asociatividad que se dio alrededor de la prestación de servicios públicos. En 1981 sale la ordenanza departamental que declara el AMB con tres municipios, Girón, Bucaramanga y Floridablanca, y en 1985 se vincula el municipio de Piedecuesta (…) pero la integración va más allá de los límites político administrativos, temas como el agua y la seguridad alimentaria son fundamentales en la gestión de los retos de los esquemas asociativos”.
Esta actividad académica se desarrolló en el marco de las actividades del Observatorio de Gobierno Urbano, con el objetivo de contar periódicamente con una mesa de expertos integrada por la academia, los tomadores de decisión y la ciudadanía, a partir de temáticas relevantes para la opinión pública, la comunidad científica y el gobierno en los territorios.
El producto final de la mesa es una publicación seriada de Debates de Gobierno Urbano que recoge las principales reflexiones del espacio con fines de cualificar la opinión pública sobre los asuntos de interés colectivo.