Escrito por:
**Moisés Cetre Castillo, PhD
De tal suerte que la propuesta que presento al final de este texto debe entenderse como una sugerencia preliminar que requiere más análisis.
Las economías de los países que experimentan la trampa del ingreso medio, como Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, e incluso las economías de los países desarrollados, son muy sensibles a las volatilidades del mercado laboral. Esto se debe a diversos factores:
• El estrés generalizado y la desesperanza que causan en muchos hogares los largos periodos de desempleo que experimentan uno o varios miembros de las familias, un tema que ha sido poco estudiado por los expertos en temas laborales.
• Los propios momentos de sus respectivos ciclos económicos, tanto a nivel urbano, regional como nacional.
• La imposibilidad concreta de capturar en una ley hecha apresuradamente las realidades territoriales.
• Las dificultades para calibrar de manera óptima la carga impositiva, tanto legal como «ilegal», que impacta a las empresas de manera directa o indirecta.
• Los impactos de alto alcance derivados de epidemias o pandemias.
• Los desastres naturales.
• Las políticas públicas radicales.
Estamos hablando de variables de gran importancia, por lo que es crucial debatir, negociar y buscar opciones sin dejarnos llevar por pasiones. Entre otras razones, porque los impactos de la pasada pandemia derivaron en una reforma laboral drástica que afectó negativamente a una gran parte del tejido empresarial y dejó a muchas familias en una situación precaria. Incluso analistas con posturas conservadoras reconocen que la pandemia ha empobrecido a muchos hogares vulnerables.
También es cierto que las reformas de las últimas tres décadas golpearon de manera importante los ingresos de los hogares más empobrecidos. En este contexto, es obligado hacerse por lo menos tres preguntas. Primero, ¿los hacedores y formuladores de las políticas públicas en materia de empleo conocen a cabalidad las diversas formas de precarización laboral existentes en el país?. Segundo, ¿todo el empresariado colombiano es consciente de la existencia de algunos depredadores laborales sistemáticos?. Tercero, ¿se tiene claridad de los sectores y actividades donde en mayor medida se presentan esos esquemas de explotación laboral? Se pueden hacer siete o nueve preguntas más, pero lo importante es tener diagnósticos muy rigurosos para no pegarse un tiro en el pie.
El problema que vamos a abordar reviste de gran importancia, ya que, en el caso de la reforma laboral en Colombia, se presentan sólidas razones tanto por parte de los defensores como de los opositores. El punto focal de la discusión se centra en cómo aumentar los ingresos de los hogares con menores recursos en forma sistemática. Una posibilidad que podría evaluarse es la implementación de un modelo de transferencias intersectoriales ordenado, planificado y gradual. De esta manera, se evitaría afectar a los pequeños negocios y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a la vez que se establecería un esquema sofisticado de transferencias intersectoriales. Esto permitiría, de forma progresiva, que muchos hogares se alejen de los modelos de explotación laboral.
Mi tesis postula que cuando uno o varios miembros de un hogar en situación de pobreza logran alcanzar una solvencia financiera constante, tienden a abandonar los empleos mal remunerados y precarios. Esta afirmación se sustenta en una sólida evidencia internacional, cuya presentación detallada se realizará en un escrito posterior.
En diferentes países alrededor del mundo se han implementado modelos de transferencias intersectoriales, los cuales han sido cuidadosamente planificados y calibrados. En el contexto de América Latina, el profesor chileno Arturo Núñez del Prado Benavente los presentó en su reconocido texto Estadística Básica para la Planificación.
Actualmente, existe una amplia variedad de modelos que operan bajo esta premisa. A continuación, se mencionarán tres ejemplos que tienen como objetivo abordar cualquier posible incredulidad:
• El modelo de subsidios a la agricultura en Estados Unidos proporciona datos contundentes, con cifras cercanas a los 1.300 millones de dólares anuales.
• El sistema de transporte en Francia. Si se consideran los costos reales, un boleto de metro en París debería costar aproximadamente siete euros. Sin embargo, las autoridades francesas han establecido un precio promedio de alrededor de 2,3 euros.
• El modelo mexicano de educación universitaria pública, donde es ampliamente conocido que el costo anual para un estudiante mexicano es de diez a doce veces superior a la cantidad que efectivamente se paga.
Estos ejemplos demuestran la viabilidad y efectividad de los modelos de transferencias intersectoriales o interagentes en distintos ámbitos.
En el siguiente análisis se presentarán un par de argumentos a favor y en contra de la reforma laboral y la propuesta en consideración. Se explorarán diversas posturas y opiniones, con el objetivo de examinar someramente los posibles impactos y beneficios de estas medidas. Al considerar los diferentes puntos de vista, se busca generar un diálogo constructivo que permita evaluar de manera crítica las implicaciones tanto positivas como negativas de dichas propuestas.
Desde mi punto de vista, tres asuntos son cruciales. Primero, el argumento de los altos costos laborales. Hace unas semanas, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas reconocía de manera indirecta que sí se habían reducido los ingresos de largo plazo de los hogares cuando se aprobaron las reformas del 2012. En palabras de Cárdenas (2023):
“Años de rigurosas investigaciones sobre el mercado laboral colombiano, realizadas por excelentes académicos colombianos y extranjeros (entre ellos, nuestra compatriota Adriana Kugler, nominada ayer por el presidente Biden a la junta de Gobernadores de la Reserva Federal), habían llegado a la misma conclusión: los altos costos laborales existentes en Colombia eran el principal estímulo a la informalidad y, por lo tanto, a la precarización del empleo. Para evadir y eludir las cargas sobre la nómina, los empleadores recurrían crecientemente a la contratación de trabajadores sin los beneficios y prestaciones de ley”.
Segundo, en opinión de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, en los últimos veinte años los hogares colombianos han dejado de recibir aproximadamente treinta y tres millones mensuales para el caso de las personas que ganan el salario mínimo. En este sentido, con el argumento de que tenían sueldos muy altos se presentó una desmejora importante de los ingresos de los más pobres. Un análisis sereno nos muestra que aún con esas reformas no se han reducido de forma importante la informalidad laboral ni el trabajo precario.
Según Gloria Inés Ramírez, para Radio Caracol:
“Lo que ha significado el recorte de no pagar los recargos nocturnos con la extensión de la jornada, primero hasta las 10 de la noche, más el recorte del despido sin justa causa que ha sido muy abaratado y ha generado que durante estos 20 años, un trabajador que gana el salario mínimo haya dejado de recibir $33 millones mensuales”.
Tercero, hablo de resetear el Banco Agrario. Hay que entender que el instrumento más eficaz en este caso consiste en impulsar un gran modelo de transferencias intersectoriales o interagentes, para lo cual la llave la tiene el Banco Público. Es decir, se requiere revisar el modelo de negocio del Banco Agrario y configurar un esquema de crédito no espoliadores. Estoy hablando de un agresivo programa de créditos para los hogares de menores ingresos, como los trabajadores de menores ingresos, los campesinos minifundistas, las madres cabeza de familia, adultos mayores vulnerables, y los estudiantes de bajos ingresos. No se trata de regalar dinero ni de aumentar la planta de personal del banco (mayor digitalización). Se trata de reconocer que muchos países serios tienen programas agresivos de transferencias intersectoriales o interagentes con el propósito de configurar un enfoque antipobreza de gran alcance.
Con base en todo lo anterior, no se puede soslayar que la precariedad laboral y el desempleo en los países emergentes representan una nueva pandemia en las ciudades grandes y medianas. Estos problemas son complejos y requieren soluciones cuidadosamente analizadas para evitar confusiones entre la raíz del problema y sus consecuencias.
La propuesta presentada en este texto es una sugerencia preliminar que demanda un análisis más profundo, por lo que es fundamental considerar la sensibilidad de las economías a las volatilidades del mercado laboral, así como las realidades territoriales, la carga impositiva, las crisis sanitarias, el momento de los ciclos económicos urbanos, los desastres naturales y las políticas públicas.
En resumen, el abordaje de la precariedad laboral y el desempleo requiere un enfoque integral y cuidadosamente diseñado. En este sentido, se hace necesario continuar el debate, la negociación y la búsqueda de opciones, evitando imponer propuestas “ideales” que tensionen más los procesos de contratación y asegurándonos de contar con diagnósticos rigurosos. Solo así podremos encontrar soluciones efectivas que mejoren la situación de los hogares más vulnerables y promuevan un crecimiento económico inclusivo.