Si bien en la práctica las oficinas jurídicas de las entidades han hecho énfasis en el primer componente, solo ha sido en los últimos años, desde la Dirección Jurídica Distrital de Bogotá y recientemente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE–, donde se ha impulsado auténticamente el segundo concepto mencionado. Aunque el Distrito Capital registra avances mediante la existencia de este instrumento, su aplicación aún tiene retos por delante.
Mediante este trabajo se analiza el contenido del concepto de prevención del daño antijurídico y se plantea un modelo aplicable para una tipología de casos de alto impacto para el Distrito Capital como lo son los conflictos urbanísticos, proponiendo un esquema completo desde las medidas correctivas hasta su evaluación.
Se sostendrá que aún no existe un auténtico enfoque “activo” en materia de gestión jurídica pública, el cual se ha caracterizado por ser tradicionalmente “reactivo” –enfatizando en la defensa judicial–, y se resaltará la importancia de la prevención como factor para la reducción de la litigiosidad, mitigación de riesgos fiscales en materia judicial y generar un mejor afianzamiento de las relaciones entre el Estado y el ciudadano, siendo esos los aspectos orientadores del producto práctico que se pretende generar con el trabajo: un proyecto de Resolución contentiva de directrices y lineamientos para la prevención del daño antijurídico en conflictos urbanísticos, que comportan un alto número de demandas y pretensiones en contra del Distrito Capital.