Escrito por:
 Janiel David Melamed Visbal*

Por ello, la seguridad ciudadana toca algunos de los temas de mayor relevancia en las agendas sociales y políticas. Se trata pues de un tema de preocupación prioritaria en buena parte de las sociedades contemporáneas y por supuesto, de las grandes ciudades de América Latina. Por lo tanto, el debate alrededor de la seguridad ciudadana no puede resultar ajeno en un país como Colombia y mucho menos en una ciudad como Barranquilla y su entorno metropolitano. 

Esta afirmación encuentra fundamento en las cifras que sobre la ciudad maneja el Departamento Nacional de Estadística (DANE), y que la ubican con más de 1.2 millones de habitantes, como la cuarta ciudad más poblada del país y la ciudad más poblada de todos los Departamentos del caribe colombiano.

Adicionalmente, el principal factor asociado a la expansión demográfica de la ciudad de Barranquilla, y con ello a su consolidación como centro urbano de gran relevancia en el ámbito nacional, fue y sigue siendo, su ubicación estratégica. En tal virtud, tanto la ciudad como sus dinámicas comerciales gozan de unas condiciones favorables para su posicionamiento como polos de desarrollo económico a partir de la facilidad para comunicarse por vía terrestre, aérea y marítimo/fluvial con los principales mercados legales e ilegales tanto a nivel regional, nacional (del interior del país) e internacional. 

Sin embargo, resulta paradójico que en el ámbito local los aspectos más relevantes que conciernen a la seguridad ciudadana han sido tradicionalmente desarrollados por instituciones públicas y consecuentemente, frente a estos temas ha existido poco desarrollo o acompañamiento académico desde la sociedad civil. Es decir, frente a las diversas problemáticas que nos afectan en materia de seguridad ciudadana, tanto las autoridades como el individuo común y corriente, requieren estadísticas, análisis de datos e informes como insumos objetivos para la adecuada discusión sobre las principales manifestaciones de violencia y criminalidad. 

En este orden de ideas, bajo la premisa de que aquello que no se mide, no puede ser mejorado, confluyeron los intereses de varios actores de la sociedad civil barranquillera, en la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana como centro intersectorial e interinstitucional, establecido con el propósito de recolectar y analizar información relacionada con los índices de violencia y criminalidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. De esta forma, se busca realizar desde la sociedad civil, un oportuno acompañamiento en la propuesta y evaluación de políticas públicas encaminadas a mitigar estas problemáticas con base en evidencias científicas y no en prejuzgamientos o juicios de valores.

Esta iniciativa es concordante con una realidad manifiesta en nuestro entorno latinoamericano y caribeño, pues esta es una de las regiones más violentas y desiguales del mundo. Para mayor ilustración, un estudio desarrollado por el Instituto Igarapé de Brasil, señala la manera en que esta problemática ha sido una constante en el tiempo, pues evidencia dos circunstancias preocupantes. Por un lado, establece como 43 de las 50 ciudades más violentas del planeta son latinoamericanas. Adicionalmente, establece que 17 de los 20 países donde más se cometen homicidios, también se ubican en la región. 

Si bien Barranquilla no aparece en este ranking de las ciudades más violentas, al realizar un análisis longitudinal de la información asociada a manifestaciones de violencia y crimen en la ciudad, salvo las reducciones significativas evidenciadas durante este primer semestre del 2020 y que en parte se articulan con un entorno de pandemia, a lo largo de los años se revelan aspectos preocupantes de nuestro entorno social. 

Por ejemplo, el número de lesiones personales mantenía una tendencia al alza desde el año 2017 y sugiere la existencia de una cultura subyacente de transgresión que contradice algunos de los pilares fundamentales de Barranquilla. Es decir, una ciudad históricamente referenciada como acogedora y amigable, y una realidad que contrasta con la proclividad de resolver las diferencias a través de mano propia y las vías de hecho. 

En materia de homicidios, la ciudad presenta a su vez unas manifestaciones ambivalentes. Desde el año 2015 (el año más violento en la década 2005-2015), la tasa de homicidios de la ciudad ha ido disminuyendo de manera lenta pero progresiva, experimentado una reducción importante que hasta el día de hoy la proyecta a tener una tasa de homicidios cercana a 22 casos por cada 100.000 habitantes.

Esto por supuesto es meritorio. Sin embargo, la reducción de la tasa de homicidios no puede reducir el análisis asociado a la comprensión de las causas y fenómenos de violencia estructural que en muchos casos se asocian a la comisión de estos delitos. Además, no se debe pasar por alto que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando la tasa de homicidios intencionales supera los 10 casos por cada 100.000 habitantes nos encontramos indefectiblemente en un escenario de violencia endémica. 

En nuestro caso como ciudad, esta violencia frecuentemente cobra la vida de víctimas jóvenes, que no superan los 25 años de edad, despilfarrando con ello el llamado bono demográfico que tradicionalmente ha sido asociado a nuestro potencial socio-económico. Adicionalmente, durante el primer semestre del 2020, el 12.5% (18 de 144) de las víctimas de homicidio eran personas de origen venezolano, representando un aumento significativo frente al 4.8% registrado en la ciudad durante el primer semestre de 2019 frente a este hecho y el 3.42% del registro nacional de víctimas de homicidios para 2019. 

Por otra parte, el microtráfico como instrumento para consolidar un mercado de consumo local y la presencia de ollas de expendio de drogas ilícitas, envenena a nuestros jóvenes, esclaviza sus mentes y cuerpos al tormento de la adicción y constituye un ciclo de dolor a familias enteras y ni qué decir del profundo daño que ocasionan a nuestro tejido social. 

La violencia sexual por su parte se ha ensañado de forma preocupante con nuestras niñas y niños, desvirtuando falsos paradigmas de género, edad, y condiciones socio-económicas alrededor de las sujetos pasivos de estas conductas. 

Algo similar se evidencia con las manifestaciones de hurto. Si bien los casos de hurtos a comercios han disminuido, en el hurto a personas se evidencian marcadas tasas de crecimiento. Según el SIEDCO (Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional) de la Policía Nacional, en el año 2017 se registraron 7.069 casos y en 2019 la cifra había aumentado a 10786.

Tener claro que, en efecto, se ha avanzado significativamente en la reducción de en algunas manifestaciones de violencia y criminalidad es un justo y merecido reconocimiento a la ardua tarea que tanto autoridades competentes y tomadores de decisiones han desarrollado en la ciudad. Sin embargo, ello no puede empañar el ingente y constante esfuerzo aún requerido para superar otras problemáticas igual de complejas y dañinas. 

En momentos donde las dinámicas de interacción social se han visto alteradas en virtud del contexto de pandemia y que, en parte, condicionaron unas importantes reducciones en el número de delitos registrados durante este primer semestre del año, ¿vale la pena preguntarse si en esta etapa de reapertura social estas disminuciones tendrán vocación de permanencia en el tiempo a lo largo de este segundo semestre? Este interrogante, amerita llevar la seguridad ciudadana al centro del debate ciudadano e institucional. 

Para consultar el informe sobre violencia y criminalidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana durante el primer semestre de 2020, ingrese a www.uninorte.edu.co/osc