El pasado primero de enero se posesionaron los nuevos gobiernos locales en Colombia. Nos encontramos ahora en el proceso de discusión de los nuevos planes de desarrollo departamentales y municipales.

Al lado de la cartografía de los centros comerciales, que aparecen sin cesar en la vida citadina, los llamados rascacielos criollos que últimamente cuando se revisan las fotografías de Barranquilla son los más abundantes, no aparecen ni iglesias, ni espacios patrimoniales, ni museos.

Barranquilla es una de las ciudades colombianas que más transformaciones urbanas ha tenido en las últimas décadas. Docentes de la Maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial de la Universidad del Norte analizaron en el programa Observatorio de Gobierno Urbano, de Radio UNAL el modelo que se ha desarrollado en esta urbe. 

Los nombres de los sitios de ocio donde se reunía la comunidad LGBTI en Barranquilla en los años setentas y ochentas, y en los que realizaron sus fastuosos eventos artísticos, están registrados en la memoria: Troya In, Baco, Jungle, Stage, Triboo, Sky… del centro caótico y olvidado al norte acomodado y organizado de la ciudad caribeña, este devenir nos muestra la forma en que el espacio público pasó a adquirir una connotación revolucionaria de afirmación de derechos, frente a una escena underground que permanecía ensombrecida por un Código de Policía que perseguía las manifestaciones más libres del cuerpo y la sexualidad.

La función de la planificación desde una perspectiva integral del territorio y no solo desde los municipios aislados, aparece con el Decreto Ley 3104 de 1979 y bajo la Reforma Constitucional de 1968 y de la Ley 61 de 1978, en donde se define la organización y funcionamiento de las Áreas Metropolitanas, asignándoles la función de planificar el territorio de manera integral, mediante la formulación de los Planes Integrales de Desarrollo – PIDAM, reglamentando así el uso del suelo tanto rural como urbano.

La Junta del Área Metropolitana de Barranquilla aprobó que la entidad se constituya como autoridad ambiental en el territorio de su jurisdicción a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, la decisión causó debate no solo por su legalidad sino por la conveniencia para la gestión ambiental sobre todo el Departamento.