No es sorpresivo que los jóvenes sean los protagonistas del reciente estallido social en Colombia. Con la pandemia los problemas de acceso a la educación y la falta de oportunidades de empleo se hicieron más evidentes y críticos. 

Según Víctor Manuel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de cobertura en el nivel de educación media es del 40% al 50%, es decir, la mayoría de estos jóvenes “ni siquiera recibe la formación básica requerida para el desempeño en la sociedad como ciudadanos y trabajadores”. Y los que logran culminar el grado 11 encuentran un difícil panorama de oportunidades para ingresar a la educación superior. 

En un artículo publicado en el Observatorio de la Universidad Colombiana, el profesor Gómez presenta el sombrío panorama del sistema educativo colombiano y su responsabilidad en el conflicto social actual. De acuerdo con el académico, el país no cuenta con un sistema postsecundario de educación técnica que sirva de alternativa a la educación universitaria tradicional de ciclo largo, a la que solo accede el 38% o 40% de los egresados.

Una de las carencias del sistema, dice el profesor Gómez, es una amplia oferta pública de educación técnica postsecundaria. “Más del 50% de los egresados del nivel medio ingresa al mercado laboral sin ninguna cualificación dada la escasez de oportunidades de formación técnica postsecundaria, de calidad reconocida, lo que explica su bajo estatus social y baja matrícula (3.0% en 2020), siendo el SENA la única oportunidad de formación laboral, claramente insuficiente frente a la alta demanda”, advierte. 

Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la automatización, robotización y lo que se denomina el futuro del trabajo ha evidenciado una ausencia de correlación entre el sistema educativo y de formación para el trabajo y las reconfiguración de competencias que demanda el mercado laboral. 

“En la actualidad tenemos un sistema de cualificaciones que solamente habilita unos 5 o 6 años lo que reciben los estudiantes en las escuelas de formación y por eso es necesario un tránsito a los sistemas de competencias que sean capaces de formar para el famoso postulado ‘aprender-aprender’. Se requiere pasar del sistema de transmisión de contenidos a la formación por competencias que parece ser la alternativa de cara al futuro del trabajo, acelerado con la pandemia”, manifiesta el profesor Jaramillo. 

De acuerdo con el docente de la Universidad del Rosario, esta desarticulación entre el sistema educativo y de formación y el mercado laboral es una de las causas de la tasa de desempleo juvenil que para el trimestre febrero-abril de 2021 se ubicó en 23,1%, es decir, 1,57 millones de jóvenes desempleados en el país. Sin embargo, esta no es la única causa, otros factores son importantes como las barreras que encuentra esta población para acceder a un puesto de trabajo por falta de experiencia. 

“Todos las instituciones de educación profesional, técnica y tecnológica deberían estar volcadas al esquema de reconfiguración de habilidades y competencias que está caracterizando el futuro del trabajo: formación para el aprender-aprender, para la adaptación constante que caracteriza esta época de cambios permanentes”, considera Jaramillo. 

Oferta de instituciones de educación superior en Colombia

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en el país existen 381 instituciones que ofertan educación superior, de las cuales 361 están activas: 29 son instituciones técnicas profesionales, 54 tecnológicas, 139 universitarias -escuelas tecnológicas y 139 universidades. 

En total son 117 instituciones públicas y 244 privadas, 123 están en Bogotá, 53 en Antioquia, 38 en el Valle del Cauca, 20 en Santander, 17 en Atlántico y las 110 restantes están distribuidas en otros 24 departamentos del país. 1 de cada 4 IES está acreditada en alta calidad, en total son 92: 2 son instituciones tecnológicas con 33 programas vigentes, 9 universitarias con 350 y 81 universidades con 7092. 

Por su parte, el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) registra 3.845 instituciones activas y más de la mitad de ellas están ubicadas en Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander. La mayoría de estas son privadas y 1 de cada 7 es certificada en calidad. 

En 2019 el SENA ofertaba 1.056 programas entre carreras técnicas, cursos cortos, formación virtual y formación a empresas. Entre abril y junio de ese año, el 10,3% de la población de 15 años (36.353) asistió a cursos de formación para el trabajo. Los programas más demandados en las instituciones Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) fueron 25,5% en servicios (personales, de transporte, de seguridad y protección al medio ambiente), seguidos de ingeniería, industria y construcción con 15,9% y un porcentaje de 14,6% sin información. Las áreas de formación que presentaron mayor incremento frente al mismo período del año anterior fueron educación con 21,9%, ingeniería, industria y construcción con 20,8%.

“Las instituciones de educación para el trabajo deberían integrarse a las políticas activas y pasivas de empleabilidad, es decir, a la estrategia para que la población pueda encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, y a una sustitución del ingreso con condicionantes de acceso a estos sistemas de formación permanentes, respectivamente”, explica el profesor Iván Jaramillo. 

Oferta formativa versus necesidades del mercado laboral 

El estudio realizado por Anamaría Pisciotti Ortega, consultora de la Unidad de Estudio del Empleo de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que recoge el panorama presentado anteriormente, analiza la oferta académica y de formación y la capacidad de las instituciones para identificar las necesidades del mercado laboral. 

Por ejemplo, la investigación determinó que en 2019 las áreas más demandadas por los estudiantes fueron educación, administración de empresas y derecho, consecuente con el número de vacantes que generó el sector productivo, especialmente de las actividades de servicios administrativos y de apoyo, mientras que las áreas menos demandas fueron las agropecuarias, silvicultura, pesca y veterinaria, ciencias naturales, matemáticas y estadística. 

Frente a ese contexto, las temáticas de los ajustes identificados en la oferta educativa que fueron transversales a las áreas de conocimiento fueron la gestión para la sostenibilidad y conservación ambiental, las tecnologías y medios digitales para los negocios y las organizaciones; y la gestión de proyectos y negocios.

Los ajustes tecnológicos en la oferta educativa fueron hacia el uso y aplicación integral de herramientas tecnológicas en todas las áreas de conocimiento, la tendencia a la digitalización y automatización electrónica, la enseñanza en inteligencia artificial y robótica, el software y programación, el desarrollo web, los videojuegos, desarrollo multimedia y animación 3D, entre otros.

En el ámbito de la innovación se incluyeron temáticas como la paz, la justicia transicional y el género; la gestión de empresas y destinos turísticos; la preservación y conservación de la historia y la cultura; la gestión deportiva física y corporal; la investigación tecnológica y médica, entre otros.

“Identificar las necesidades del mercado laboral requiere de compromiso y del esfuerzo permanente de todos los involucrados, tanto del sector productivo como del educativo, especialmente por las dinámicas organizacionales y económicas que el futuro inmediato presenta”, expone la investigadora en sus conclusiones. 

El estudio plantea una estrategia de fortalecimiento para la identificación y anticipación de las competencias demandadas y de los ajustes en la oferta educativa y formativa basada en una efectiva y oportuna comunicación entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el sector productivo y las instituciones de educación y formación. “Es una apuesta individual y colectiva de la formación con responsables y roles definidos”, advierte la investigadora.  

“Reconocer a todos los actores del sistema a nivel nacional y territorial permitirá atender sus responsabilidades y compromisos frente al quehacer acerca de las competencias demandadas”, sostiene Pisciotti Ortega. Sin embargo, “uno de los retos más importantes continúan siendo las relaciones humanas y la voluntad para ejecutar”, señala.

¿Qué tanta responsabilidad y capacidad tienen los gobiernos locales? No mucha. Si bien la respuesta de los alcaldes de ciudades como Bogotá y Medellín a las demandas de los jóvenes en las manifestaciones fueron anuncios sobre ofertas de empleo y cupos en instituciones de educación superior, sus capacidades son limitadas dado el carácter nacional de las políticas de empleo y educación. 

“Lo que pueden hacer los gobiernos locales es establecer enfoques diferenciales en función de las necesidades territoriales, pero no pueden estar separadas de la política nacional global que lidera el gobierno en las carteras de Trabajo y Educación”. 

Frente a la coyuntura actual, con demandas puntuales de la juventud colombiana por más oportunidades de acceso a la educación y al mercado laboral, se esperaría esfuerzos más contundentes de los actores involucrados para estrechar vínculos entre la oferta de educación y formación con las necesidades del sector productivo. 

Por parte de los gobiernos locales queda pendiente conocer cómo van a articular sus anuncios de educación y empleo para sacar a esta población de la encrucijada en la que se encuentran o lo que el profesor Victor Manuel Gómez llama “la tragedia de la juventud colombiana”.