Plan de Rescate Social en Bogotá

En un pronunciamiento posterior a su recuperación por el Covid 19, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció excusas “a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos” y anunció un redireccionamiento en la priorización del presupuesto para enfocarlo en programas sociales. 

La alcaldesa afirmó que “un estallido social no se maneja ni con fuerza, ni con polarización, sino con inversión social, con reactivación del empleo, y con concertación de soluciones de fondo”. En ese sentido, anunció un Plan de Rescate Social para los jóvenes y las mujeres más afectados por la pobreza, y autorizó la reactivación económica de la ciudad desde el pasado 8 de junio. 

Este Plan de Rescate Social, que deberá pasar por aprobación del Concejo de Bogotá, busca invertir cerca de 2 billones de pesos a programas de: educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres; atención humanitaria; renta básica; nutrición y educación preescolar y la ampliación de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior gratuita. La alcaldesa también entregó a la Oficina de la Alta Consejería de Naciones Unidas para Derechos Humanos denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante el paro en Bogotá.

Para Diego Peña, profesor del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), es importante reconocer que antes de la pandemia Bogotá ya venía presentando un incremento de la población en condición de pobreza multidimensional: según el DANE, la ciudad pasó del 4.1 % en 2018 al 7.1 % en 2019, situación que se agravó con la pandemia.  

“Es apenas lógica, aunque relativamente tardía, la decisión de la alcaldesa de redireccionar el presupuesto y avanzar hacia programas de educación y empleo con énfasis en los jóvenes y las mujeres; es una medida necesaria y natural en el marco de la situación en la que estamos”, señala. 

El profesor del IEU considera que “el pronunciamiento que hace la alcaldesa es en el marco de las protestas y por eso hace énfasis en estas poblaciones, pero lo cierto es que la pandemia también ha impactado a una población adulta que tiene serias dificultades para acceder al empleo y que si no está cubierta en una política de choque va a transitar hacia una condición de pobreza sin posibilidad de retorno”. 

Plan juvenil y de reactivación en Medellín

Como respuesta a la situación de crisis socioeconómica y a las demandas que los jóvenes han expresado a lo largo del paro nacional, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó un plan de recuperación social y económica a través del cual se creará el Fondo de Recuperación Económica y Social de Medellín con una inversión de  $3 billones: $2 billones para la recuperación del tejido social y $1 billón que será destinado a proyectos para jóvenes, incluida la continuación de Matrícula Cero, 50.000 becas para la Cuarta Revolución Industrial y 70.000 becas para el bilingüismo. 

Entre las metas están implementar planes de choque contra el hambre, 100 comedores comunitarios en los barrios de Medellín y renta básica para 76.000 familias que estén por debajo del nivel de pobreza. También crear 20.000 empleos para jóvenes, priorizar la atención de 5.000 jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad, transformar la Política Pública de la Juventud, eliminar los requisitos de edad para cargos de elección popular, confirmar el regreso del Concejo Municipal de la Juventud (CMJ) e invertir $70.000 millones a vivienda para jóvenes.

Sin embargo, algunos empresarios de la ciudad expresaron sus críticas por no ser tenidos en cuenta en un plan tan ambicioso como la creación de 20.000 empleos y tampoco en la reactivación económica de la ciudad que inició el pasado 8 de junio. Además, entidades como Medellín Cómo Vamos manifestaron sus dudas respecto a la fuente de financiación para ejecutar estos proyectos sociales y a su efectividad en términos de que lleguen a los beneficiarios señalados.  

“Esto dejó la sensación de que aunque la Alcaldía está planteando una reactivación económica y programas para la juventud, parece no estar clara en temas económicos. Esto debe aclararse pronto, sea porque la Alcaldía designe cambios en el Plan de Desarrollo o porque va a encontrar una fuente de financiación alternativa”, considera Santiago Silva, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT.  

El profesor Silva explica que la duda sobre el origen de los puestos de trabajo se generó entendiendo que la Alcaldía no tiene la posibilidad de crear esa cantidad de empleos sin la coordinación con el sector privado. 

“Las alcaldías tienen la capacidad de establecer buenas redes para contener los efectos económicos más adversos de la pandemia sobre las personas vulnerables, por ejemplo, la renta básica y las ampliaciones de programas de subsidios, pero evidentemente su capacidad para generar empleo es reducida. La administración sí cuenta con una posibilidad de facilitar cierta normalización de la actividad económica y esto puede llegar a tener un efecto positivo sobre el empleo”, sostiene el investigador. 

¿Qué está pasando en Cali? 

En Cali el pasado 18 de mayo el alcalde Jorge Iván Ospina le pidió la renuncia a todos sus secretarios y directores para “reconstruir y consolidar equipos”, argumentando que “son momentos que demandan transformaciones reales, ampliación de capacidades y recuperación de confianzas”.  

El alcalde también reconoció que la juventud demanda “mayor esfuerzo y construcción colectiva de soluciones” y recientemente habló de una reactivación económica biosegura, de diálogo con los protestantes pero con límites, de una “batalla directa” contra la criminalidad, de orientar esfuerzos para recuperar lo destruido, del plan de vacunación e hizo una mención general al empleo en la ciudad. Sin embargo, a la fecha son pocas las acciones que ha podido adelantar el mandatario.  

Algunos concejales de la ciudad le propusieron al alcalde Ospina reunirse para revisar el Plan de Desarrollo y priorizar las acciones necesarias para subsanar el impacto de la pandemia y el paro en la población caleña. “Se le ha pedido al alcalde que algunos recursos de los $650.000 millones del empréstito que le autorizó el Concejo se destinen a programas sociales para atender la crisis pero formalmente no se ha establecido nada”, asegura Enrique Rodríguez Caporali, profesor de la Universidad ICESI. 

A la tensión política causada por el cambio de gabinete se suma la sorpresiva renuncia de Jesús Darío González quien se venía desempeñando como secretario de Bienestar Social. "Tengo la necesidad urgente de priorizar mi lugar de ciudadano para poder llamar las cosas por su nombre sin afectar las formas institucionales, para señalar y afrontar los obstáculos políticos que se presentan y asumir las acciones éticas que se necesitan en conciencia contra la lógica autoritaria y excluyente que causa esas muertes”, dijo en su carta de renuncia. 

La alcaldía “pierde la cabeza de la interlocución con los jóvenes y a su persona de mayor confianza”, considera el profesor Rodríguez. En esas circunstancias, “no creo que haya grandes anuncios en el corto plazo y su idea (la del alcalde) de que esto es un problema nacional y no de Cali tampoco ayuda, es un mal enfoque”. 

El Alcalde anunció la creación del Fondo Solidario y de Oportunidades con 50 mil millones para microcréditos que posibiliten la reapertura de negocios cerrados en tiempos de crisis con un interés especial en jóvenes de 18 a 28 años, las mujeres y el sector cultural. También mencionó la implementación de un Plan de Inclusión Social de Emergencia que incluye asistencia alimentaria, salud, empleabilidad, fortalecimiento de procesos sociales y cultura. (Lea aquí: Cuatro apuestas para que Cali se levante y supere la crisis) 

En una análisis para el IEU, el profesor Enrique Rodríguez aseguró que “la administración local no cuenta con suficiente capacidad para dar respuesta a las demandas de la ciudad”, una capacidad que “estaba muy disminuida antes del Paro” y que en la coyuntura no ha estado dentro del debate. El académico precisó que “esta, como casi todas las administraciones de este siglo, han hecho poco por dotar al municipio de una adecuada capacidad de respuesta a las necesidades urbanas, incluso menos para darle condiciones para adaptarse a situaciones complejas y difíciles de prever, como la pandemia y el desarrollo del paro”. 

¿Qué tanta capacidad de respuesta tienen los gobiernos locales?

Para el profesor Santiago Silva, los problemas que enfrenta el país superan la capacidad de los gobiernos locales de tomar decisiones. “La buena noticia de los anuncios de Bogotá y Medellín, y lo que probablemente va a ocurrir en otras ciudades, es que los gobiernos locales que habían estado un poco pasivos y en modo contención, se están movilizando e intentan abordar algunas de estas demandas”, indica. 

Sin embargo, el investigador menciona dos problemas que enfrentan los gobiernos locales, por un lado, que varias de sus propuestas tienen que ver con la ampliación de políticas sociales universales que dejan de lado el perfil particular de los jóvenes que están manifestando sus demandas: hombres y mujeres que en muchos casos no han terminado el bachillerato y por tanto la oferta de empleos o la ampliación de cupos para educación superior no son suficientes. 

“El reto de las decisiones públicas de los próximos meses es diseñar políticas para estas personas que en los últimos años reunieron una cantidad de vulnerabilidades y que solamente se pueden atender de una manera casi personalizada”, advierte el profesor Silva. 

Por el otro, la efectividad de estas propuestas dependerá de los avances en los diálogos entre el gobierno nacional y el comité del paro y la reducción de la tensión política que se mantiene. “Estamos quitando restricciones de bioseguridad mientras la pandemia todavía continúa y a la vez anunciando políticas sociales mientras el paro se mantiene”, dice. 

En el mismo sentido, el profesor Diego Peña afirma que uno de los problemas centrales de la discusión es que las políticas de empleo, educación y seguridad social, que impactan directamente las condiciones de pobreza en el país, son sectores cuya orientación y financiación normalmente dependen de entidades del nivel nacional y por tanto son programas “muy débiles” desde los gobiernos locales.  

“Lo que está pasando es que a las ciudades, que están recibiendo el mayor porcentaje de la crisis, les está correspondiendo ser creativos y participar de una manera en esas líneas de gestión en las que tradicionalmente se ha entendido que un gobierno local no tiene mucho qué hacer”, puntualiza el profesor del IEU.