Sobre esto debatieron Edison Rafael Venera Lora, abogado, especialista en Alta Gerencia de la Defensa y Néstor Rosanía, analista político, columnista de opinión y Director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano que se transmite por U.N. Radio.

En Colombia el porte y tenencia de armas está prohibido pero hay un artículo que permite las excepciones. El presidente Iván Duque Márquez, en diciembre de 2018, firmó el Decreto 2362 por medio del cual autoriza la adopción de las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio de la Nación, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, en febrero, el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, presentó la directiva 06 de 2019 que regula la suspensión al porte de armas en Colombia, y que deja claros los requisitos para que se tramiten los permisos especiales de porte regional o nacional.

“El Estado es quien mantiene el control de las armas, el debate está en los salvoconductos especiales y saber quiénes sí y por qué pueden tener o portar un arma. Por ejemplo en el norte de Cauca, el Catatumbo y Urabá hay muchos salvoconductos por ser zonas de alto riesgo, sin embargo, esto se ha prestado para una cantidad de fenómenos delincuenciales que están paralelos a eso. Una persona armada no va a confrontar al grupo que lo está amenazando porque no tiene la capacidad de enfrentar estas estructuras”, señaló Rosanía.

No obstante, para Venera “toda normatividad debe garantizar los derechos fundamentales ligados a la dignidad humana y, a pesar de que ha sido objeto de debate, el porte de armas es un derecho personal a la seguridad aunque no esté dentro de la Constitución nacional”.

El abogado hizo un llamado de atención a las autoridades porque tienen la responsabilidad de dar una solución al problema de seguridad, porque aunque los índices de seguridad aumentan, el pie de fuerza está disminuyendo. “Se presentan situaciones como la multa por el consumo de empanada en la calle, que si bien es función de la policía, hace que se desgasten en cosas que son menos prioritarias”, dijo.

De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios en Seguridad y Paz hay más muertos en Colombia por intolerancia que por el conflicto armado. “Armar a los ciudadanos va a impactar directamente en los aumentos de los homicidios. También hay mercado de alquiler de armas con salvoconducto, es inconveniente tercerizar la seguridad y generar la red de cooperantes que está proponiendo este gobierno porque los civiles asumen las responsabilidades de las autoridades”, agregó Rosanía.

Los dos expertos coincidieron en que la nueva normativa es muy similar a la que ha estado implantando en el país. Para Venera lo novedoso es la creación de unos comités regionales que autoriza esas excepciones, mientras que para Rosanía quedan vacíos y los riesgos de seguridad, porque una cosa es la norma y otra la práctica.

“Se debe fortalecer la Unidad Nacional de Protección, los esquemas de seguridad, los modelos de seguridad y la Policía, porque estamos en un país donde hay descentralización de los grupos armados, aumento del conflicto urbano, y esto sería un elemento más para desestabilizar la seguridad”, concluyó Rosanía.

Por su parte, Venera señaló que “diferenciar sería un acto discriminatorio con el ciudadano”, ya que “no es posible que el más pudiente pueda acceder y el que no tiene dinero, además de no ver Policía por su zona, tampoco pueda comprar el arma. Se supone que estamos en un Estado Social de Derecho que garantiza el derecho a la igualdad”, acotó Venera.