Así lo hizo saber Juan Carlos Vallecilla, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, al explicar la experiencia y los desafíos de la Ley 388 de 1997. En este sentido, señaló que hay una profunda necesidad en el país de que exista una “verdadera participación democrática de las comunidades” en el proceso de desarrollo territorial.

“Una debilidad muy grande cuando se ejecutan los procesos de ordenamiento es la incorporación transversal de la dimensión social, de la dimensión poblacional”, manifestó.

De acuerdo con el académico, lo que se ha evidenciado es que si bien esta dimensión se incluye de manera estadística en los documentos de los planes de ordenamiento territorial (POT), “son datos que no se traducen en unas propuestas para el territorio de una manera fundamentada o técnica”.

Por otra parte, el profesor Vallecilla indicó que las etapas de implementación y de seguimiento y evaluación no se están desarrollando y se están convirtiendo en un “rezago” de la Ley.

En cuanto a la primera de estas etapas, el académico dijo que se denota un retraso en los instrumentos que reglamentan el POT, como el caso de los planes parciales porque “hay muy poca elaboración, promoción y fomento por parte de las municipalidades para desarrollar estos planes de ordenamiento”.

Para el arquitecto, esto mismo sucede con los planes especiales y los planes maestros “que solamente hasta ahora, aproximadamente unos 17 años después de haberse formulado los POT, se están empezando a desarrollar”, resaltó.

En relación a la etapa de evaluación y seguimiento advirtió que los Consejos Consultivos de Ordenamiento Territorial, una vez aprobados los POT, pierden actividad y se convierten en una herramienta pasiva, lo que “un grave problema para poder cumplir con el seguimiento de manera permanente tal como lo establece la ley”.

Otro de los desafíos que mencionó el académico tiene que ver con la articulación del ordenamiento territorial a escalas mayores, es decir, que trascienda el municipio y se amplíe a una región metropolitana o departamental.

No obstante a lo anterior, el profesor Vallecilla reconoció que la Ley 388 de 1997 ha avanzado en temas fundamentales como la incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en términos de zonificación de amenaza, aunque consideró que es necesario avanzar en la concertación con las corporaciones ambientales.