La discusión se dio a propósito de la propuesta de resolución que pretende adoptar unas medidas de circulación para los ciclomotores en la ciudad Bogotá en desarrollo de la Resolución 160 de 2017 compilada por el capítulo noveno de la resolución 20223040045295 del 4 de agosto de 2022, ambas expedidas por el Ministerio de Transporte.

Los docentes coincidieron que el tema de fondo son las transformaciones de la ciudad y el cambio de concepto de tránsito y transporte hacia movilidad. El profesor Avellaneda explicó que “el problema radica en el aumento de los vehículos motorizados en las ciudades y que incluye a los ciclomotores. Este tema está llenando las agendas de los planificadores y de los tomadores de decisiones en los gobiernos locales”.

El profesor Ruiz consideró que desde la expedición de la Ley 769 de 2002, que es el Código de Tránsito, hasta hoy las cosas han cambiado mucho. “És un código que exige una actualización y debe entender las realidades. En el 2002, la movilidad urbana era uno de los grandes retos de gestión y planificación, Ya se presentaban altos índices de gestión en los desplazamientos cotidianos y en ese momento todavía se hablaba de tránsito, transporte e incluso de circulación. 21 años después todo cambió, infortunadamente aumentaron las congestiones y se presentó una mayor siniestralidad. Además, aparecieron nuevas maneras de expresar esos desplazamientos. El gran cambio en la forma de movernos en nuestras ciudades fue el surgimiento masivo de la motocicleta”.

De acuerdo con el artículo “Apuntes a propósito de los cambios en la motorización urbana”, publicado por el profesor Avellaneda, el fenómeno del incremento de vehículos asistidos (eléctricos y a combustión) no solo afecta a Bogotá. Por lo menos hay cuatro factores que pueden explicar que la motocicleta se haya convertido en una opción real de movilidad en las ciudades y zonas rurales colombianas: 1) El precio básico del vehículo; 2) La flexibilidad de tránsito y su maniobrabilidad; 3) Son vehículos que pueden hacer parte del trabajo de las personas; y 4) Autonomía con bajo consumo de combustible.

¿Es un asunto de normatividad?

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 160 de 2017 reglamentada en agosto de 2022 y habilitó a los municipios y ciudades a que tomen las medidas necesarias de acuerdo con sus contextos locales. En ese sentido, Bogotá presentó en marzo la propuesta para discusión. Sin embargo, el profesor Peña expresó que no encuentra diferencias significativas entre la resolución del Ministerio y la propuesta del Distrito.

“Esta es una discusión, que como en muchas áreas de la política pública urbana, se deriva en el debate sobre los niveles de descentralización y la manera como las autoridades nacionales y locales deben articularse para garantizar la prestación de ciertos servicios. En este caso particular, sin duda se representa un reto de articulación institucional, porque se debe definir qué autoridad podría tomar las mejores decisiones. Jurídicamente ya existen unas sentencias de la Corte Constitucional que se han referido a este tema y particularmente a la relación que empieza a existir entre un derecho constitucional como lo es el derecho al trabajo y la obligación del Estado de garantizar el derecho básico al transporte”, indicó Peña.

Para el docente Peña, la pregunta es, ¿hasta dónde puede ir la regulación local? Claramente no puede ir en contra de la nacional, pero aparece el cuestionamiento de cuál es el ámbito de competencia que le corresponde a los órganos locales. “Actualmente es difícil llegar a conclusiones precisas. Estamos en un Estado unitario que desde el Ministerio y la ley adopta un conjunto de determinaciones. Pero cuando pasan a la realidad local chocan con una cantidad de prácticas que eventualmente ameritarían otorgar la facultad a los municipios de ampliar un proceso de regularización en función de las formas como se desarrolla la movilidad en cada uno de ellos”.

Seguridad vial y mercado

El profesor Avellaneda planteó la disyuntiva que existe entre la normativa que describe el tipo de vehículos y la velocidad máxima permitida y el mercado que vende estos ciclomotores y otros promocionando las velocidades que logran y el ahorro de tiempo en los desplazamientos.

Cuando se estudia la movilidad un elemento fundamental es el tiempo de desplazamiento. La forma de llegar más rápido a los lugares sólo se resuelve con velocidad, por eso esta variable se convierte en un aspecto fundamental físico, económico y condiciona los viajes cotidianos y de otra índole. “Hoy tenemos muchas velocidades en nuestras ciudades, (las del transporte público, el sistema masivo, de tipo colectivo, tráfico mixto y las motocicletas, entre otras), estas últimas son las que mayor velocidad alcanzan y que son objeto de reglamentación” aseguró Ruiz.

Finalmente, este es un año electoral y el tema de la movilidad es uno de los que estará en la agenda de campaña. El profesor Peña alertó sobre la posibilidad de los candidatos de caer en la tentación de prometer no regular o flexibilizar el uso de este tipo de transportes para tener réditos políticos. “Los aspirantes deben encontrar espacios razonables y sobre todo de apertura al diálogo para entender a estos grupos que son quienes están liderando los cambios en la movilidad de la ciudad”.

Por su parte, Ruiz concluyó que los candidatos tienen la obligación de entender los fenómenos y los mercados que están promoviendo dichas tecnologías. “Hay una oportunidad de usar mejor las tecnologías, que permiten hacer mediciones en tiempo real, lo que hace que los próximos alcaldes puedan avanzar y hacerle frente a estos cambios”.

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