Una catástrofe ambiental de proporciones incalculables en la Sabana de Bogotá puede producirse a mediano plazo por cuenta del desmedido incremento en las actividades de construcción e industrialización en la región, apoyado en planes de desarrollo de los municipios. Aunque las prácticas de ocupación del territorio en suelos rurales alrededor de las ciudades se viene dando desde hace varias décadas, el fenómeno se ha desbordado en los últimos años, paradójicamente a partir de la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

En lugar de encontrar el camino correcto en la ocupación del territorio con el buen uso de los suelos en las actividades apropiadas con base en su capacidad y en armonía con el medio ambiente, la política nacional, regional y local, en asocio con los particulares interesados, ha propiciado una crisis ambiental y social cuyas consecuencias ya se están dejado sentir. El proceso de ordenamiento tenía como fin asegurar la gobernabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en Bogotá y la región, pero pareciera que se logró todo lo contrario.

La loable política de vivienda del gobierno nacional que busca ofrecer casa a cientos de miles de compatriotas pobres, ha sido utilizada para fines menos filantrópicos. Las grandes empresas constructoras en la Sabana de Bogotá, en acuerdo con los entes gubernamentales a nivel de Ministerio, Gobernación, Distrito Capital y Municipios, se han empeñado en abrir los espacios para el cambio de uso del suelo rural con perspectivas de expansión urbana, con el aval de la CAR. Lo anterior en contra de la Ley 99 que declara la Sabana de Bogotá como una zona de interés ecológico, cuyo uso prioritario debido a la calidad extraordinaria de sus suelos, es el agropecuario y forestal.

ANTECEDENTES

El profesor Thomas van der Hammen, con base en profundos estudios geo-ambientales descifró la Estructura Ecológica Principal de la región, que reconocía los elementos ecológicos que deberían ser protegidos o restaurados para conservar la funcionalidad ambiental del territorio. La CAR para 1999-2000, con base en este conocimiento, impartió en su jurisdicción, incluida Bogotá y los municipios de la Sabana, los determinantes ambientales en la elaboración de los POT.

Simultáneamente, la fuerte discusión que enfrentó a la CAR con la Administración Distrital durante la primera alcaldía de Peñalosa, tuvo que ver con este proceso. La política era (y sigue siendo) la de ocupar el territorio rural en procesos de expansión urbana hasta los límites con los municipios vecinos, desconociendo la vocación agrícola y ambiental de estos territorios. La hoy conocida Reserva Van der Hammen es uno de los elementos claves que aseguran la conservación y restauración de los ecosistemas degradados en el territorio hacia el norte de la ciudad, limitando al mismo tiempo la expansión y la conurbación con Cota y Chía.

Presiones políticas y económicas demoraron la declaratoria de la Reserva que quedó delimitada con el acuerdo de todas las partes en el POT de Bogotá del año 2000, después de extensas discusiones interdisciplinarias en las que intervinieron todas las partes. Pasó una década antes que la CAR cumpliera con la orden impartida desde el Ministerio de Medio Ambiente y fueron necesarios más estudios técnicos específicos sobre el estado actual de los ecosistemas en relación con el suelo, el agua, la biota y la fauna, para apoyar la decisión en 2010. Solo en 2014 la CAR publicó el Plan de Manejo que está en mora de ser implementado y a pesar de todo ese exitoso proceso, se cierne hoy sobre la Reserva la amenaza de su destrucción por cuenta de intereses particulares.

PLANES DE EXPANSIÓN URBANA EN LA SABANA DE BOGOTÁ

Mientras tanto, las mismas y otras empresas constructoras que aspiran urbanizar el borde norte de Bogotá, aprovechan el desorden para preparar el futuro terreno de expansión urbana sobre las ricas tierras agrícolas de la región, junto con los entes territoriales y las administraciones municipales. Para ello, desde el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR se financió el Levantamiento Detallado de Suelos (Escala 1:10.000) de la parte plana de 14 municipios de la Sabana en 2010-2011, para el momento de la revisión de los POT.

El estudio fue realizado por el equipo agrológico del IGAC y pretendía reclasificar a una escala predial los suelos de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas en cuanto a su capacidad de uso. El Decreto 3600 de 2007 sobre Ordenamiento de Suelo Rural, establece que los mejores suelos, Clase 1, 2 y 3, deben ser protegidos para el uso exclusivo en actividades agropecuarias y forestales, y prohíbe expresamente otras actividades incluidas la industria y la urbanización. Los suelos de menor calidad, Clase 4, 5 6 y 7, no tienen esta restricción, pero su uso debe asegurar la protección de las aguas, el control de procesos erosivos y la protección forestal. Asimismo, el uso es restringido en áreas de amenaza y riesgo por inundación o deslizamientos.

El Estudio General de Suelos de la región (Escala 1:100.000) realizado por IGAC en el año 2000, identificó 54.470 hectáreas como Clase 2 y 3. En el Estudio Detallado (Escala 1:10.000), solamente 37.605 hectáreas, quedando 16.875 hectáreas distribuidas entre las Clases 4, 5, 6 y 7 (IGAC, 2012). En la región no existen suelos Clase 1, solamente porque hay una limitación general de tipo climático, debido a la ocurrencia de heladas.

¿Porqué ocurrió este cambio en la clasificación técnica de los suelos?

Al pasar de una escala general a una detallada, se discriminan mejor algunas de sus características, entre ellas la profundidad del suelo y la posición del nivel freático (el agua en el suelo) en estas zonas planas, lo cual afecta su calidad. Asimismo, Al hacer un inventario más detallado, se examinan mayor número de perfiles y se reconocen unidades de suelo con características específicas de humedad, pendiente, presencia de piedras, etc.

Sin embargo, por coincidencia de la naturaleza, los años 2010 y 2011 en los que realizó el estudio se recuerdan en el país por las graves inundaciones durante el período Niña más intenso registrado en la historia reciente. Grandes extensiones de la parte plana de la Sabana de Bogotá sufrieron saturación hídrica y encharcamiento por elevación de los niveles freáticos en los suelos, situación no registrada en estudios anteriores.

Los antiguos chibchas conocían estos fenómenos y trabajaban los suelos en agro-ecosistemas de canales y camellones hoy en día olvidados. En buena parte, el cambio en la clasificación de los suelos actuales obedeció a este factor, sin tener en cuenta que la limitación por excesos de agua es de carácter temporal y se da en condiciones extremas. Por el contrario, como lo demostraron las culturas pasadas en diversas regiones planas del país, este fenómeno natural se puede manejar adecuadamente para la seguridad alimentaria de millones de personas en suelos fértiles como los de la Sabana de Bogotá.

En conclusión, el estudio aplicado al ordenamiento territorial liberó un total de 16.875 hectáreas del uso agrícola exclusivo y las incorporó a otros usos debido a limitaciones en su capacidad, siguiendo la reglamentación contenida en el Decreto 3600.

La pregunta que resulta es la siguiente: ¿Los suelos de Clase agrológica 4, 5 6 y 7 son adecuados para cambiar el uso rural y pasar a convertirse en áreas de expansión urbana?

En la parte plana de la Sabana de Bogotá confluyen excelentes suelos agrícolas Clase 2 y 3, excelentes suelos con limitaciones temporales por agua de Clase 4 y suelos en los valles de los ríos Clase 6. Estos últimos tienen restricción de uso por normas ambientales (ronda de ríos) y riesgo por inundación.

En consecuencia, legalmente se ha abierto el camino para la declaratoria de extensas áreas de la Sabana de Bogotá en actividades de expansión urbana por el cambio de suelos Clase 2 y 3, principalmente a Clase 4. Esto se ha dado casi exclusivamente en los municipios del norte de la Sabana de Bogotá: Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá, que han visto el incremento de sus áreas potenciales de urbanización en más de 12.000 hectáreas. La construcción ya ha ido por delante y ha avanzado de manera irregular en grandes proyectos que se están legalizando después de la revisión de los POT en 2015-2016.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA EXPANSIÓN URBANA EN LA REGIÓN

Cuales son las consecuencias prácticas y ambientales de esta política de vivienda y otras actividades industriales en la Sabana de Bogotá?

El abastecimiento en agua potable para Bogotá y varios de los municipios del norte lo asegura la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) por medio de las planta de Tibitoc en Zipaquirá que trata aguas de los embalses del norte (Sisga, Tominé y Neusa) y del río Bogotá, con un promedio de 4,5 m3/segundo. Otros acueductos regionales proveen a los otros municipios con agua de las mismas fuentes. La planta Wiesner de EAB en La Calera potabiliza el agua de Chingaza que se transvasa a través de túneles llevando en promedio 12 m3/segundo a la ciudad de Bogotá.

El Distrito Capital no trata sus aguas servidas en un 80% de la ciudad, estas son vertidas directamente al río Bogotá, lo que hace que este afluente ostente el título de ser uno de los más contaminados del mundo, para vergüenza de los colombianos de todas las regiones del país que viven en Bogotá. Los municipios de la Sabana no se han quedado atrás; a pesar de la existencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en todos los municipios, construidas por la CAR al final del siglo pasado con un costoso empréstito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), los resultados son desastrosos. A lo sumo el tratamiento consiste en el retiro de los lodos orgánicos en piscinas construidas en el valle de inundación del río Bogotá o sus afluentes, que se lavan periódicamente a los ríos en época de lluvias dejando las aguas tan oscuras como al paso del río frente a Bogotá.

Muchas de las urbanizaciones en zonas de expansión o en centros poblados vierten directamente a los ríos Bogotá, Teusacá, Frío o Subachoque sin ningún tratamiento, lo que ha ocasionado el deterioro por contaminación de las aguas en las fuentes. Actualmente, aguas arriba de las plantas de potabilización Tibitoc y Wiesner, la contaminación ha llegado a tal punto que impide el tratamiento normal de potabilización.

En Tibitoc no se puede tratar el agua cruda que se capta directamente del río Bogotá durante un período promedio de 180 días cada año. De hecho, en la actualidad, la calidad es tan mala que la planta de potabilización funciona como una PTAR y el agua potable es realmente un producto químico. En La Calera, el embalse de San Rafael que está previsto para reserva de tres meses de agua de Chingaza para la ciudad en caso de emergencias, recibe tanta contaminación por el río Teusacá que su capacidad de reserva ha disminuido a menos de dos meses. En el valle de Sopó, el río Teusacá ya está deteriorado por los vertimientos industriales y de las urbanizaciones, lo mismo que el río Frío en Chía.

Los parámetros químicos de las aguas crudas en la cuenca, se miden por alta presencia de materia orgánica y amoniaco, producto de la descomposición de excrementos humanos, anulan el oxígeno disuelto en el agua y libera elementos tóxicos de los sedimentos como el manganeso y otros metales pesados. Estos contaminantes envenenan el agua y el tratamiento para su potabilización puede afectar la salud de la gente.

CRISIS AMBIENTAL EN LA SABANA DE BOGOTÁ

La sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado contra entidades gubernamentales, CAR, EAB, empresas de servicios y municipios por el deterioro del río Bogotá es la prueba reina del deplorable abandono de la cuenca por parte de todas las autoridades. Si ni siquiera se abordan seriamente los graves problemas ya existentes que llevan décadas diagnosticados, ¿qué se puede esperar hacia el futuro con el desbordado crecimiento de la urbanización en toda la Sabana de Bogotá, propiciada por los negocios más que por las necesidades?

Actualmente estamos abocados a una gran crisis de abastecimiento en la región por la mala calidad del agua a tratar dentro de la cuenca, que no se resuelven con el costoso proyecto de adecuación hidráulico que realiza la CAR en la cuenca media del río Bogotá. Con el poblamiento y la industrialización del norte de la Sabana de Bogotá, la contaminación seguirá en aumento.