El pasado 15 de noviembre, José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, decidió la intervención de la Empresa de Electricidad del Caribe (Electricaribe), por medio de la cual se buscan tomar medidas que permitan asegurar la prestación del servicio a los departamentos cuya cobertura depende de esta compañía: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Esta empresa presta el servicio a más de 2,5 millones de clientes.

Esta intervención según la Resolución n.º 20161000062785 del 14 de noviembre de este año está fundamentada primero en que Electricaribe por su actual situación financiera puede incurrir en cesación de pagos y por otra parte no se encuentra en condiciones de prestar el servicio de energía de manera continua y con la calidad debida. Según la Superfinanciera los usuarios de esta compañía no tienen luz 92 horas al año en promedio.

Toda la Costa se encuentra ad portas de un apagón general a causa de las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Electricaribe. Estos inconvenientes no son nuevos, y han causado que muchos hogares pierdan sus electrométricos debido a los altibajos en la energía, pero además, que se vea perjudicada la calidad de vida, ya que hablamos de una zona del país con temperaturas que oscilan entre los 24°C y 28°C, y por tanto requiere fuentes de energía continuas para sus equipos de refrigeración.

El diagnostico que se hace sobre los múltiples inconvenientes que presenta esta compañía involucra, por un lado, la deuda de los consumidores que alcanza los 550 mil millones de pesos, cifra que además incluye morosidad por parte de algunas instituciones del Estado. En este sentido, se evidencia la existencia de un círculo vicioso, donde los consumidores no cumplen sus obligaciones justificándose en la mala calidad del servicio que presta la compañía, pero además, la empresa no realiza las inversiones necesarias para el mejoramiento en la prestación del servicio dado que no cuenta con los recursos necesarios debido a la morosidad de sus clientes.

Para el profesor del Instituto de Estudios Urbanos, Moisés Cetré, si bien es cierto que en promedio los usuarios de la costa tienen un alto índice de morosidad, Electricaribe debió tomar medidas a tiempo al interior de la organización, con estrategias de tipo comercial que les permitiera recuperar esos recursos, por lo que no pueden solo trasladar esas obligaciones al fisco colombiano.

Por otra parte, a esto se suma las pocas inversiones que ha realizado su propietaria mayoritaria Gas Natural Fenosa, en infraestructura que permita adecuar la red conforme las dinámicas de la demanda creciente. A esto además debemos sumar, que el Estado tampoco llevo a cabo iniciativas importantes y de manera oportuna en la ampliación y modernización de la infraestructura de redes, ni aplicó la regulación apropiada para los prestadores de servicios públicos, lo cual lo convierte en responsable directo de esta situación, junto a la compañía intervenida.

Al respecto el profesor Cetré explica que tanto Electricaribe como el gobierno, habían presentado con anterioridad algunos proyectos de inversión que se incumplieron, por lo que en este momento lo más importante es la búsqueda de soluciones novedosas, de común acuerdo entre las partes, pero realistas e inmediatas, para poder llevar a cabo los proyectos que se requieren y lograr la prestación de un servicio de calidad.

La intervención de Electricaribe permitirá, según el profesor Cetré, que se mejore la calidad del servicio para todos los consumidores finales, dado que este es uno de los compromisos que más pone en juego la imagen del gobierno nacional, máxime cuando se habla de la competitividad de la región Caribe y se hace inadmisible que enfrenten recortes sistemáticos del servicio.

Aunque desde algunos sectores se venía reclamando desde hace tiempo la intervención de Electricaribe, para el profesor Cetré el gobierno se tomó el tiempo necesario para hacer una intervención que pudiera estar blindada ante la posibilidad de una futura demanda que podría implicar altos costos para la nación.

Se han presentado además los pronunciamientos del gobierno español, quien manifestó su preocupación tras la intervención a través de su ministro de asuntos exteriores, esperando que esta sea una intervención temporal, ya que Fenosa lleva años invirtiendo en Colombia y sería una mala señal para los mercados y otras organizaciones que se prolongue indefinidamente la medida.

Finalmente, para el profesor Cetré es importante que el equipo de trabajo que se formó para revisar la situación actual de la compañía y tomar medidas al respecto, debe contar con autoridades de Fenosa, ya que esto permitiría transparencia y simetría en la información, para evitar futuras versiones encontradas que lleven a eventuales demandas.