El reciente anuncio del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre la prohibición del parrillero hombre en la ciudad despertó el debate sobre la efectividad de esta medida como una estrategia para contrarrestar delitos como el hurto, fleteo, homicidios, entre otros. Esta restricción ya ha sido aplicada en otras ciudades como Cali, Medellín, Ibagué y Neiva,

En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, esta medida fue adoptada desde 1995 mediante el Decreto 1051 y se mantiene vigente por el Decreto 434 del 2017, por el cual se adoptan medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores en las vías públicas y privadas abiertas al público en el área urbana. De acuerdo con un estudio realizado por Cisalva, un instituto de investigación de la Universidad del Valle, entre 2002 y 2008 cuando la restricción fue intermitente, se logró una disminución del 18% en los casos de homicidio; mientras que de 2009 a 2015 cuando la prohibición fue permanente, este delito se logró reducir en un 23%. Si se toma todo el periodo desde 2002 a 2015 la reducción de homicidios fue del 16%.

De acuerdo con María Isabel Gutiérrez, investigadora de Cisalva, se encontró que la mayoría de homicidios eran cometidos por personas que se movilizaban en moto, razón por la cual este estudio fue presentado ante el alcalde de Cali, Maurice Armitage, para quien eliminar esta medida fue en su momento lema de campaña. No obstante, al conocer las contundentes cifras, el mandatario decidió mantener vigente la prohibición.

Esta investigación fue realizada a través del modelo de regresión múltiple de poisson en el que se tuvieron en cuenta las variables de edad, rango de hora, días, contexto o móviles, tipo de arma y vehículo agresor. Allí también se estableció que hay dos veces más riesgo para la población de un homicidio cuando se permite movilizar al acompañante hombre en motocicleta.

La académica aclaró que la inseguridad en una ciudad es multicausal, por lo que no se puede abordar con una sola medida, como la restricción del parrillero, sino que debe ser un conjunto de estrategias que implementadas de manera integral logren resultados efectivos. Adicional a esto, Gutiérrez destacó la importancia del seguimiento y evaluación de la restricción para ajustarla o flexibilizarla, según sean los resultados.

“Esto es lo no pasa en las ciudades, porque olvidan que hay universidades que estudian el evento y el fenómeno. No hay memoria histórica de qué ha pasado en los territorios, qué estudios se han realizado y con qué elementos, fundamentos y argumentos se cuenta para la ayuda a la toma de decisiones de acuerdo a la evidencia o los resultados de la evaluación de las medidas”, manifestó.

En este sentido, la investigadora llamó la atención para que haya más políticas integrales en la ciudad, al considerar que, por ejemplo, algunas medidas como el uso del chaleco obligatorio fueron adoptadas como una estrategia de seguridad ciudadana por el aumento de sicarios en el país, pero también contribuyeron a la movilidad y a la disminución de accidentes de tránsito. Actualmente, esta obligación no existe en las 24 horas como lo sugería el Código de Tránsito y en cambio por una acción de un senador de la República se modificó la medida exigiendo a los conductores usar prendas reflectivas, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m, algo que ya era un hábito y que había salvado muchas vidas porque el conductor era visibilizado, ahora se utiliza en un mínimo porcentaje.

Por lo anterior, la única crítica de la académica a esta medida en Cali es que quien está haciendo el control es la Secretaría de Movilidad, cuando debería ser en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia con el apoyo permanente de la Policía. Consecuencia de esto es que en la ladera y en la zona oriente de la ciudad no funciona la prohibición como debería “porque allá no hay presencia de los guardas de tránsito”.

Respecto al rechazo generalizado que han manifestado los conductores de moto en Bogotá, la investigadora consideró que una restricción se justifica en la medida en la que se tenga evidencia que puede salvar vidas. “Me inclino por el bien común porque estamos protegiendo con una medida como esta no solo a los motociclistas sino también a sus familias”, finalizó.