Por. Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia.

En octubre de 2015, se llevarán a cabo las elecciones de los nuevos alcaldes en 1.102 municipios, que redefinirán los balances del poder local. Desde la política nacional, los comicios se han ido convirtiendo en un pulso directo entre los partidos, en por lo menos tres direcciones: una competencia con respecto a cómo se acomodarán las fuerzas políticas en torno al proceso de paz, la estrategia del Gobierno nacional para impedir que el Centro Democrático tome el control regional y la alineación de los partidos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El proceso de paz, sobre todo si es exitoso, dará lugar a que las farc compitan por posicionarse en poderes locales, principalmente en municipios de Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño, donde, se supone, tienen influencia directa.

La segunda competencia que estas elecciones abren, finalizando el 2014 y como lo expresó un titular de prensa, es que los partidos afines al Gobierno nacional impidan que el Centro Democrático -dirigido por el expresidente Álvaro Uribe- tome el control político de la mayoría de las alcaldías del país, especialmente las de las ciudades más importantes tanto demográfica y económicamente, como en términos electorales.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dentro de las 10 ciudades con mayor peso demográfico figuran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Bucaramanga. Adicionalmente, se encuentran Soledad (Atlántico) y Soacha (Cundinamarca).

Un tercer aspecto sobre el que se produce una disputa anticipada alrededor de las elecciones locales es el reacomodo de los partidos, con los objetivos de tener una victoria política frente a las alcaldías y reposicionar capacidades de gobierno que incidan en la orientación de la opinión pública, de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Estas, según especulaciones políticas, se están convirtiendo en el principal motivo de confrontación y en la base para calcular las alianzas políticas venideras.

Dinámicas urbanas

Bajo esta perspectiva, el debate electoral se enmarca en las dinámicas urbanas actuales. Sin embargo, la realidad de lo que está sucediendo en ese ámbito es solo comparable con una especie de revolución social y ante el cúmulo de las mismas, las acciones del Estado resultan limitadas.

Dichos cambios se pueden identificar en varias tendencias. La primera es que la urbanización es un proceso que tiene que ver con la conformación de una economía urbana, asociada de diferentes formas con procesos de producción industrial, una amplia gama de servicios y unos mecanismos mucho más dinámicos de generación y distribución de riqueza, que han hecho que la población emergente tienda a ocupar espacios urbanos más que rurales.

De hecho, la Colombia contemporánea es por lo menos 75 % urbana en su composición demográfica, y según diversas proyecciones, en las próximas dos décadas este porcentaje se incrementará al 85 %. Ello se corrobora con el fuerte impulso de la actividad económica que se genera en las áreas urbanas, equivalente a más del 85 % del producto interno bruto nacional.

Lo anterior deja al descubierto una realidad de la que poco se habla, tal como lo demuestra una investigación del profesor Fabio Zambrano, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional. En esta se afirma que la agricultura tiene sentido y valor en la medida en que se relaciona con economías urbanas, ciclos de consumo y variación dietaria de la población. El hecho deja al descubierto dos debates claves: la agricultura y la tenencia de la tierra, que deben ser evaluadas en función de una economía urbana eficiente, cambiante y que, además, puedan incorporarse a dinámicas internacionales.

De otro lado, existe un fenómeno que en Colombia comienza a convertirse en algo más que una tendencia: la concentración en áreas urbanas que desbordan los límites tradicionales de los municipios, dando lugar a la aparición de fenómenos de metropolización o aglomeraciones urbanas, como lo denomina el documento de la Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades, emprendida en años anteriores por la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

Dos extremos

Las aglomeraciones son una realidad compleja y demandante, que supera la tímida reglamentación existente de las áreas metropolitanas y deja al descubierto que el Estado se encuentra de espaldas a este fenómeno, en la medida en que sus poderes locales están atrapados en las redes políticas del municipalismo y difícilmente se pueden escapar de allí.

Una de las consecuencias más importantes de este hecho es que el Estado se suma en un caos a la hora de resolver problemas reales de seguridad, violencia y crimen, pues mientras el delito es metropolitano de facto, el Estado solo puede dar una respuesta que se mueve entre dos extremos: los limitados poderes municipales o las muy grandes directivas nacionales. Un ejemplo es el Valle de Aburrá, donde los municipios de Medellín, Caldas, Envigado, Itagüí, Bello, Sabaneta, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa conforman una conurbación enmarcada por límites geográficos específicos. Su compleja interacción gubernamental ha limitado las respuestas efectivas del Estado frente a los desafíos y demandas políticas de los ciudadanos, así como a las nuevas formas de criminalidad y violencia.

El problema de la seguridad resulta difícil de resolver, a la vez que se convierte en un acertijo muy esquivo, pues las sociedades con crecientes grados de desarrollo económico demandan niveles más altos y sofisticados de seguridad, para lo cual se requieren más impuestos, más eficiencia, menos demagogia y una capacidad real para enfrentarlos de forma posideológica.

Un punto adicional a resaltar es que las aglomeraciones urbanas comienzan a crear sistemas amplios de ciudades, que no solo intervienen sobre los municipios en los que se producen fenómenos de conurbación, sino que comprometen a otros más alejados.

La situación se refleja en el caso de Bogotá, cuyo margen de influencia se amplía hasta Girardot y Ubaté, municipios que reciben influencia directa de la capital y logran establecer transacciones económicas, comerciales y sociales recíprocas. Dicha influencia tiene que ver con los recursos naturales que se toman, la construcción de grandes infraestructuras, la absorción constante de población y la incorporación de nuevas tierras para satisfacer la creciente demanda urbana de alimentos.

Desde la distancia, se evidencia que mientras los partidos políticos ven en los municipios los mapas electorales que les dan el caudal necesario para mantener el poder, en las aglomeraciones urbanas se demandan modificaciones de todo tipo, tales como las territoriales, con base en las nuevas realidades, el redimensionamiento del gobierno urbano, la creación de incentivos adecuados a su desarrollo económico y, sobre todo, de competencias de descentralización que permitan ampliar el abanico de los modelos de desarrollo económico y social, así como de diversidad política y cultural, manteniendo vigente el difícil marco del Estado unitario.

No es equivocado afirmar que ni los partidos ni el gobierno, al parecer, están viendo el país real, solo el que sueñan o el que les roba el sueño.

Edición UN Periódico Impreso Nº 188.