El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia conversó con el profesor Ricardo Bonilla, economista, exsecretario de Hacienda de Bogotá, sobre la propuesta de renta básica,  su viabilidad en un país como Colombia y las posibles alternativas de financiación. 

¿En qué consiste la propuesta de renta básica? ¿Conocemos alguna experiencia internacional?  

La idea de renta básica surgió hace cerca de dos siglos por la necesidad de que las poblaciones vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema tuvieran ingresos básicos no condicionados. Esto significa ingresos que representen la situación de ciudadanía de las personas, es decir, el sentido de pertenencia a un país. La idea era que fuera universal, pero esto se fue decantando en esos dos siglos. La propuesta más amplia se viene construyendo hace tres décadas en Europa por un grupo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con la idea de que sea un derecho de ciudadanía y por tanto lo reciban todos los ciudadanos independientemente de su condición social y económica, pero no se ha aplicado en ninguna parte. Existen experiencias menores, el gran interrogante siempre es a quién se le da y cómo se financia. Por ejemplo, en Alaska hay una forma de renta básica universal a pequeña escala, se trata de una transferencia para todos los residentes sin importar su renta, edad o estatus laboral.  

¿Cuál es la propuesta para el caso colombiano? 

Con la situación de pandemia surgió la necesidad de que se modificaran los subsidios condicionados como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y se reemplazaran por una renta básica más general que fuera focalizada en las poblaciones en condición de pobreza extrema, moderada y vulnerable. Es decir, una renta básica dirigida a cerca de 30 millones de personas que están en alguna de estas condiciones. Justamente la discusión inició con establecer a quién va dirigida y cuál debe ser el monto: inicialmente se pensó en un salario mínimo por familia y no por persona. Un grupo de más de 50 congresistas construyó una propuesta de renta básica que ya ha radicado varias veces en el Congreso y que no ha prosperado porque se concentraron en la discusión del Programa Ingreso Solidario que el gobierno asumió como renta básica. 

¿El Programa Ingreso Solidario es una renta básica? 

No lo es en el sentido de la idea que trae consigo mismo: un subsidio focalizado con algunos criterios de condicionalidad. En el Congreso terminaron dos propuestas, la del gobierno que es el Ingreso Solidario equivalente a 160.000 pesos por familia y la del grupo de oposición que planteó una renta básica por un salario mínimo que poco a poco la fue decantando hasta decir que el aporte podría depender del tamaño de la familia y del nivel de dificultades que tenga, teniendo como límite máximo salario mínimo por familia y considerando que el menor valor dependa del número de personas que conformen el hogar pero que sea suficiente para superar el umbral de pobreza extrema. El gobierno copió esta idea en el proyecto de reforma tributaria y propuso una tabla con las mismas condiciones, que determinaba que si el hogar es de una sola persona debería recibir 80.000 mil pesos.

¿Quiénes recibirían esa renta básica en Colombia y qué factores se podrían tener en cuenta a la hora de establecer el monto? 

Los siguientes tres grupos de población: personas en condición de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Quienes proponen el proyecto en Europa plantean que esta renta básica debe ser una renta permanente como derecho de ciudadanía. En Colombia nos encontramos con la barrera de cómo financiarlo, dada la condición de pandemia la propuesta fue implementar la renta básica por un tiempo limitado mientras se soluciona la crisis de la pandemia. 

¿Qué tan viable es esa propuesta?

La respuesta de a cuántas personas beneficiar con una renta básica y de dónde obtener los recursos está en la misma propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno: reunir los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, otros subsidios y la devolución del IVA y convertirlo en el fondo del Ingreso Solidario, es decir, no son recursos nuevos sino que ya han venido organizándose en subsidios condicionados más los que surgieron en la pandemia. 

Se trataría en últimas de reunir todos los programas para ampliar la cobertura, pero para esto se necesita encontrar los recursos adicionales. ¿A cuánto ascienden esos recursos adicionales?, esa es la pregunta fundamental, porque si se suman estos programas sociales y subsidios ya está más de la mitad financiado. Para el resto de los recursos, y volviendo a la propuesta de los congresistas, es necesario hacer tres cosas: 

Primero, reunir todos los subsidios y volverlo una sola canasta para dejar de hablar de subsidios dispersos, esta idea la llevó el Gobierno a la reforma tributaria. 

Segundo, hay que focalizar en el gasto público lo que en condiciones de pandemia no es indispensable y destinar esos recursos para apalancar la renta básica.

Tercero, si sumadas las dos bolsas anteriores no es suficiente, será necesario buscar recursos nuevos en una reforma tributaria, pero como no es posible en el corto plazo, que se apalanque como lo hace el FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias), con recursos de crédito para después cubrir con reforma tributaria. 

Si bien es necesario hacer una reforma tributaria para financiar el descalce, es claro que el déficit fiscal no se da como consecuencia de las ayudas que le dio el gobierno a la población en el marco de la pandemia. El Observatorio Fiscal de la Universiad Javeriana evaluó cuánto había girado el gobierno en términos de ayudas y esto no sumó más de 11 billones de pesos, es decir, 1,2 % del PIB. El problema fiscal del Gobierno es otro. 

Por otro lado, con la pandemia surgió un nuevo elemento: el gobierno no ejecutó lo que tenía presupuestado. Por eso la propuesta es que recoja esos recursos y los destine a la renta básica. 

¿Teniendo estas tres alternativas por qué considera que el gobierno decidió proponer una reforma tributaria en medio de una crisis social y económica? 

El argumento es que el gobierno creó este déficit por la reforma tributaria del 2018-2019, cuando se comprometió a reducir los impuestos del sector empresarial: devolver el ICA y el IVA de bienes de capital, y se comprometió a otras exenciones y beneficios. En este momento necesita sostener esa reforma y al mismo tiempo aumentar el gasto público. La discusión de la reforma fue a quién gravar, que es la tercera alternativa para financiar la renta básica y que implica revisar el estatuto tributario en Colombia. 

¿La renta básica que se propone es suficiente? 

Ese cálculo lo hicieron los congresistas que presentaron la propuesta de renta básica, coordinados por el economista e investigador Luis Jorge Garay para saber cuánto se necesitaría. Ellos mismos determinaron que no era posible un salario mínimo y establecieron una cifra intermedia que ayude a paliar la situación y que sea lo suficiente para que en un periodo de seis meses a un año la población tenga con qué pagar necesidades básicas de alimentación, sin que eso implique que las personas dejen de trabajar, simplemente que puedan comprar lo básico y ayuden a reponer el choque de demanda que tenemos. 

La propuesta de una renta básica tendría que estar acompañada de estrategias complementarias como la recuperación del empleo… 

Bajo esta condición la propuesta es que el gobierno debe apoyar a la población con recursos para que pueda comprar lo básico, al hacerlo, se le envía un mensaje a las empresas para que produzcan porque van a tener compradores. El Gobierno se dedicó a ayudar a las empresas grandes con subsidio a la nómina pero ¿quién les está comprando?  Si los precios no han subido es porque no hay quién compre, por eso es fundamental resolver el tema de la demanda. El gobierno debe crear otras propuestas complementarias, por ejemplo, apoyar las nóminas pero no de las grandes empresas sino de las microempresas que han tenido que cerrar, provocando la pérdida de miles de empleados. Otra propuesta que ha surgido es entregar una ayuda a la población pero como pago a un trabajo realizado, es decir, generar trabajos de emergencia. 

¿Qué papel jugarían los gobiernos locales en este proceso?

Juegan un papel complementario y no sustituyen al gobierno nacional. Se pueden poner de acuerdo para entregar las ayudas, como lo han venido haciendo antes de la pandemia. Sin embargo, hay un problema de focalización: se debe resolver cómo hacer para que una familia no reciba doble subsidio mientras que otros hogares no reciben ninguno. Los subsidios condicionados tienen un trasfondo político de clientela, algunos políticos garantizan que esos subsidios les lleguen a ciertas familias para que les consigan votos, por eso la esencia de la renta básica es que no sea condicionada, sino un derecho ciudadano.