Escrito por:

**Óscar Useche Aldana

Las ciudades son relaciones sociales y productivas cuyo devenir se ató a los procesos de reproducción ampliada del capital, a los diseños de espacios asfixiantes y a la puesta en marcha de temporalidades basadas en la aceleración propiciada por las tecnologías y por los símbolos y subjetividades marcados por la instantaneidad y la fugacidad.

La noción de progreso que se hizo hegemónica adoptó la privatización de todos los bienes y servicios como el núcleo de las dinámicas urbanas, asediando y capturando los bienes comunes mientras simultáneamente se gestaba la subordinación de lo público y se restringía el papel de los estados nacionales y locales a responder a las demandas del mercado global, debilitando su rol regulador y distributivo.

Como consecuencia, las ciudades contemporáneas se han segmentado en torno al crecimiento macrocefálico de los circuitos del mercado y a la producción de subjetividades funcionales focalizadas en el individualismo posesivo. Acontecimientos como la pandemia demostraron que este es un sistema reproductor de la pobreza, incapaz de preservar la vida, generador de desigualdades inmensas que dispararon la hambruna y concentraron la riqueza a niveles oprobiosos.

Además, en las calles y vecindarios de las abigarradas ciudades colombianas se incuban múltiples manifestaciones de la violencia y resuenan la metralla y los lenguajes de la guerra. Pero, las batallas y confrontaciones bélicas no son un rumor lejano añadido a los montones de ruinas y cadáveres que transmiten los medios de comunicación. Sobre la lucha por la tierra y la disputa de los territorios se ha creado la percepción de que la guerra es exclusivamente rural y que es de ese caldo de iniquidades y despojos en donde se incuba un conflicto de 60 años.

Por supuesto, no le falta razón a esta genealogía de la confrontación armada colombiana. En eso hay muchas coincidencias con otros conflictos latinoamericanos como la revolución mexicana movilizada por el deseo de tierra y libertad. ¿Y entonces las ciudades poco o nada tienen que ver con la gestación y desarrollo de nuestras guerras civiles recientes? Poner en un segundo plano lo que se teje en los conflictos citadinos no parece ser un buen lugar de enunciación. Hay una interconexión permanente de las violencias urbanas y rurales y es pertinente establecer los trayectos que discurren para ejercer el gobierno de la guerra y desplegar los movimientos estratégicos que amplían la escala del conflicto, delimitan el enemigo o propician negociaciones. El bogotazo de 1948 es un buen ejemplo de acontecimientos desencadenantes desde las ciudades, como también lo fue la toma y contratoma del Palacio de Justicia en 1985.

En ese sentido es sugestiva la idea de Paul Virilio (1994) de que “(…) el origen de la ciudad no es el comercio, sino, en primer lugar, la guerra” y que las ciudades clásicas y medievales amuralladas y armadas para repeler al enemigo estarían en el origen de la geopolítica moderna de tal manera que: “(…) el Estado Nación no existiría sino gracias a Colbert y Vauban, con la defensa de los puertos y de las fronteras”. Entonces, las ciudades no solo son espejos y resonancias de lo que pasa en el campo de batalla, sino que viven su propia guerra.

Es cierto que en las ciudades colombianas se dictan las políticas para el desarrollo del conflicto armado irregular, se atizan los conflictos rurales, circulan los capitales que financian a los ejércitos, se reciclan políticamente a los señores de la guerra, se alojan las retaguardias de los combatientes, se vive el padecimiento de los millones de refugiados. Pero las ciudades viven sus propias modalidades de confrontación. La violencia urbana aparece de manera inmediata ligada a fenómenos criminales que intervienen en el conflicto armado en los territorios como el narcotráfico, las bandas y las milicias que medran en medio de la descomposición social.

Es necesario ahondar en la densidad de estos fenómenos para apreciar su vínculo con la degradación general de las formas de vida y de las relaciones sociales producida por el conflicto armado. La sociedad urbana es un organismo vivo que al producirse a sí mismo, desata una convulsión de fuerzas fragmentadas en movimiento, cuya dinámica genera numerosos roces y antagonismos, muchos de ellos violentos, entre grupos e individuos que se encuentran y desencuentran dando a la ciudad un ambiente de permanente turbulencia.

El problema para los gobiernos urbanos es cómo ejercer el control en medio de este caos perene que parece definido por la entropía social. Después de décadas de resistencias a la guerra en los territorios, incluyendo los territorios urbanos, por fin se accedió en el 2016 a concretar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Esto fue un quiebre en las políticas que gobiernan el conflicto armado. Sin embargo, allí poco se define de la especificidad de políticas para la paz urbana. El post acuerdo ha hecho visibles otros conflictos, en particular los que permanecían solapados en las ciudades ahora desbordadas por la violencia molecular: la delincuencia común, el feminicidio, el microtráfico, los delitos transnacionales de alto impacto, las riñas, el homicidio al detal, el sicariato tal como se presenta en ciudades intermedias como Buenaventura o en grandes capitales como Bogotá.

Las medidas del poder central para controlar tales intensidades sociales y procurar dar orden a la convivencia, de tal manera que fluyan los procesos económicos, pero también los comunicacionales e informacionales que operan como aparatos de subjetivación de esa multitud desbordada, naufragan en medio del desconcierto y la incapacidad para aprehender la intrincada red de relaciones que se van gestando en las sociedades urbanas. La agitación permanente de los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, las minorías, es asumida como una “guerra civil molecular” (Enzensberger, 1993) y se apresuran a crear un enemigo a quien achacar la responsabilidad del desmadre. Es lo que sucedió en el llamado estallido social del 2021.

Sin embargo, en el substrato de ese monumental desorden, habitan las fuerzas de la vida conformadas por singularidades y diferencias capaces de resistir y crear otros posibles modos de existencia. En las sociedades urbanas, las calles, los muros poblados de mensajes, las pequeñas economías de subsistencia, las redes de solidaridad , se despliegan entre las instituciones y los territorios desafiando el orden social y político (polis) encargado de la administración centralizada. Es la urdimbre urbana (urbs) que se construye a sí misma, la ciudad líquida que fluye sin que su constitución vea nunca alcanzado su objetivo, “(…) puesto que la urbana es (...) una sociedad inconclusa, interminada e interminable” (Delgado, 1999).

De ese tejido urbano hace parte lo común que no es otra cosa que la potencia de creación de lo nuevo a partir de las conexiones, encuentros y solidaridades de quienes redescubren los bienes comunes y se constituyen en sujetos de la comunalidad. No obstante, el conflicto armado y la violencia molecular urbana participan de la destrucción de muchos bienes colectivos, además de anular o postergar procesos solidarios y autogestionarios en cuyo centro estaban la idea y las prácticas de lo común.

Esto se traslapa con los procesos depredadores del capitalismo neoliberal, opuesto por principio a lo común, por cuanto sus formas privilegiadas desarrollaron su acumulación originaria a expensas de los comunes. Además, fijan su reproducción en el despliegue del individualismo y en el desmoronamiento de los vínculos y las subjetividades de la solidaridad y de las prácticas de cooperación, que son las que pueden constituir, proteger y hacer proliferar los bienes comunes.

El gran desafío para las transiciones sociales pacíficas en las ciudades es crear y ampliar el campo de lo común, y de sus prácticas de producción de bienes comunes y públicos, desde experiencias comunitarias que han resistido a la guerra y a la violencia molecular y que se plantean la construcción de territorios de paz.