Escrita por
**Thiago Rodrigues
***Júlia Quirino

La decadente “Ciudad Maravilla”

Principal postal turística brasileña, la “Ciudad Maravilla” fue la capital de Brasil desde la independencia, en 1822, hasta la inauguración de Brasilia, en 1960, ciudad planificada para ser la nueva sede político-administrativa nacional.El traslado de los poderes constitucionales hacia Brasilia fue un marco que aceleró el proceso de decadencia económica y política que la ciudad enfrentaba desde al menos tres décadas tras la ascensión de São Paulo como centro industrial y financiero nacional. No obstante, Río de Janeiro siguió siendo un polo de atracción para poblaciones campesinas en éxodo hacia las metrópolis de la franja costera brasileña.

La ocupación urbana de Río se dio como en casi todo el país de forma desordenada y bajo una lógica de masiva exclusión social. Obras de remodelación urbana, en las dos primeras décadas del siglo XX, buscaron “modernizar” la entonces capital federal bajo criterios urbanísticos europeos. Aquel proceso fue particularmente violento, con el Estado expulsando a miles de familias pobres que habitaban conventillos y antiguos casarones coloniales convertidos en viviendas colectivas.

La versión brasileña de la reforma parisina de Hausmann fue marcada por los signos de la biopolítica, conforme el concepto de Michel Foucault: el ordenamiento del espacio público bajo justificado como necesario para el desarrollo económico, social, moral y sanitario de la ciudad (Foucault 2004). Lógicamente, en Río, el elemento racista contenido en la lógica biopolítica tuvo un rol central. Una “nueva ciudad”, con amplios bulevares, teatros, mansiones y palacios de arquitectura europea surgió produciendo grandes áreas de ocupación urbana irregular. Las primeras ocurrieron en los cerros alrededor de las zonas desapropiadas dando inicio a las famosas “favelas”.

Desde entonces, el crecimiento de la población de Río de Janeiro no ha alterado esta racionalidad biopolítica elemental. La ampliación de barrios para clases altas y medias fue acompañada del crecimiento de las favelas, donde se concentró la población mayoritariamente compuesta por personas afrodescendientes, hijos y nietos de esclavos a los cuales se sumaron, a partir de los años 1940, de olas de migrantes campesinos del norte y nordeste del país.

La “Ciudad Partida”

La imagen que quizás resuma de modo más elocuente la situación socio-urbana de Río de Janeiro fue la elaborada por el periodista Zuenir Ventura en su libro homónimo: la “ciudad partida”. Según Ventura (1994), Río es una ciudad fracturada entre la ‘ciudad de concreto’ y los ‘cerros’, entre los barrios ordenados y las favelas, cada cual con su población distinta y en relación tensionada.

Ventura compara la situación de Río al apartheid sudafricano con zonas claramente distinguidas y con las poblaciones marcadamente segregadas. La segregación fue construida y mantenida por una lógica de guerra, con la población de clases media y alta (en general blancos o criollos de origen europea) en abierta confrontación con las poblaciones negras y pobres de las favelas y periferias.

El libro de Ventura fue publicado en 1994, época donde los índices de violencia urbana en Río eran alarmantes. Secuestros, asaltos y homicidios estaban en tendencia de crecimiento provocando una sensación general de inseguridad y miedo que era explorada por el sensacionalismo de la prensa y de fuerzas políticas defensoras de políticas de mano dura. Sin embargo, el ‘miedo’ disperso hacia la ‘inseguridad’ fue personificado en la figura del narcotraficante.

Desde mediados de los años 1980, pandillas formadas en las cárceles pasaron a disputar territorios en las favelas. La primera y más fuerte de ellas entre las décadas de 1980 y 2000 fue el Comando Vermelho (“Comando Rojo”), grupo formado en una cárcel de máxima seguridad durante la dictadura civil-militar brasileña. El modo de operar del CV luego fue emulado por otros grupos concurrentes, como el Tercer Comando. Ello significó el establecimiento de zonas de influencia en favelas en toda la zona metropolitana controladas por ‘células’ de la organización articuladas de forma federada.

Los territorios controlados eran fundamentales para el funcionamiento de la economía política de los grupos, pues allí la cocaína, la marihuana y otros productos ilegales comercializados eran recibidos, preparados para venta y efectivamente vendidos en puntos especiales. Las favelas eran también imprescindibles para el abrigo y protección de los pandilleros. Los líderes y sus ‘soldados’ – como eran llamados los miembros de los grupos – estaban o en la cárcel (de donde comandaban sus operaciones) o entre los límites de una favela.

Río de Janeiro ante la expansión de la economía global del narcotráfico latinoamericano en los 1980 se convirtió en importante entre puesto para la exportación de cocaína hacia Europa, además de un centro secundario de consumo. En una ciudad superpoblada, partida entre zonas ricas y pobres, marcada por la violencia del Estado y por la decadencia económica, el narcotráfico encontró espacio para crecer y para enraizarse en el tejido urbano.

Como en otros contextos con la presencia de organizaciones criminales en Latinoamérica, las pandillas cariocas establecieron un modelo de gobernanza centrado en el trinomio asistencia/represión/corrupción. Para la población bajo su control, la combinación entre asistencia mínima – ofreciendo medicinas, sueldos para viudas de ‘soldados’, protección contra crímenes dentro de las ‘comunidades’, fiestas y entretenimiento – y represión contra desobedientes e informantes. Hacia las fuerzas de seguridad, en especial las policías militar y judiciaria, se estableció un modelo de corrupción, extorsión y negocios ilegales, como la venta de armas y munición.

Entre las pandillas, la disputa por territorios estratégicos se intensificó en los 1990. Favelas más cercanas a las zonas turísticas y de población rica eran disputadas con intensidad, así como favelas en áreas estratégicas para el tráfico, como las principales carreteras y la región portuaria. La peculiar topografía de Río de Janeiro, con cerros y montañas delimitando pequeñas franjas costeñas e interiores, generó una trama entre favelas y áreas urbanas formales. Así, los conflictos entre pandillas solían suceder cerca de las poblaciones con altos ingresos, provocando pánico y víctimas civiles.

La sensación de ‘guerra’ creció con el avance de las políticas de represión policiaca y de disputa entre las pandillas. Nuevas pandillas surgieron a partir de la secesión de otras y las fuerzas policiales implementaron batallones especiales, con entrenamiento de guerra no convencional y equipos como fusiles, carros y helicópteros blindados. Según Helio Luz, exdirector de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, la política de seguridad se resumía a la contención y el manejo del conflicto para que no impactara demasiado las zonas ricas y turísticas de la ciudad (Luz 1998).

Entre el final de los 1990 y comienzos del siglo XXI otros actores violentos surgieron en aquel escenario: las milicias. Estos grupos, formados por (ex)policías y (ex)militares son provenientes de grupos de exterminio presentes en la zona metropolitana de Río desde los años 1960 y que fueron muy activos como matones a sueldo y como fuerzas auxiliares de la represión política durante la dictadura. En su ‘nueva versión’, asumieron el nombre de milicias y un discurso de ‘autodefensa’ contra el narcotráfico.

Pronto las milicias conquistaron territorios en favelas y periferias, rivalizando con las pandillas del narcotráfico. También, empezaron a manejar diversos tipos de actividades económicas ilegales como la extorsión, la construcción civil ilegal, el transporte colectivo paralelo, la venta de bombonas de butano y los servicios de cable e internet.

Creciendo con velocidad, las milicias se convirtieron en importante fuerza política, pues la influencia y la coacción sobre las poblaciones bajo su control produjeron “corrales electorales” (zonas de votación bajo coerción) muy codiciados por políticos a nivel municipal y estatal. Así como otras ramas del crimen organizado más antiguas – como los juegos de azar – los milicianos pasaron a ocupar sillas entre concejales y diputados estatales. Muchos grupos políticos se fortalecieron a partir de lazos milicianos, como la familia Bolsonaro.

La violencia criminal en Río creció en un escenario donde milicias compiten entre ellas y con otras pandillas narcotraficantes, y la policía sigue con formas violentas de control social centradas en una lógica racista, clasista y de violencia de género (Bastos 2022; Casara 2017; Franco 2018).

Algo de nuevo en el frente
El panorama complejo de las disputas territoriales en Río de Janeiro se tornó aún más complicado en la última década. Entre 2008 y 2016, el programa de seguridad pública llamado Unidades de Policía Pacificadora (UPP) buscó solucionar el problema de la violencia urbana en Río a partir de una lógica que se puede calificar, siguiendo las sugerencias analíticas de Michael Dwyer (2013), como micro-geopolítica.

Influenciado por el trabajo de Michel Foucault, Dwyer desarrolló el concepto de micro-geopolítica para analizar las disputas territoriales, por control geoeconómico y por el gobierno de poblaciones locales basado en una lógica similar a la biopolítica de los Estados Nación, es decir, volcada a ocupar espacios de poder y, efectivamente, gobernar a personas, actividades económicas y flujos comerciales.

Por esta perspectiva, gobernar es una práctica que conlleva tanto asistir como reprimir. Así, las UPP fueron pensadas como programas para la ocupación militar (por la Policía Militar estatal con eventual apoyo de fuerzas federales, como el Ejército y la Policía Federal) de zonas urbanas controladas por grupos ilegales para posterior integración de estas regiones a la vida económica y legal de la ‘ciudad formal’.

La instalación de UPPs dio preferencia a las favelas estratégicamente ubicadas en zonas de interés para la especulación inmobiliaria y la realización del Mundial de FIFA, en 2014, y de los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. La ocupación de favelas, principalmente las controladas por el CV, provocó el desplazamiento de grupos pandilleros para otras regiones de la ciudad, intensificando el conflicto en áreas controladas por milicias y por pandillas concurrentes. Además, la megabanda criminal de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), pasó a actuar en Río de Janeiro, articulando alianzas con pandillas locales, mientras nuevas pandillas surgieron dejando un escenario de competencia violenta aún más inestable y, por tanto, violento.

La presente situación de la micro-geopolítica de Río de Janeiro es resultado de estos años de inestabilidad y de competencia abierta entre grupos armados de variadas naturalezas, incluyendo las fuerzas policiacas y, por períodos específicos, de las Fuerzas Armadas (2010-2012, 2014-2016 y 2018). El panorama actual indica el crecimiento de las milicias y una recuperación parcial del CV. El resultado de tanta competencia es que la mayoría de los ciudadanos de la zona metropolitana de Río de Janeiro está viviendo bajo el control de algún GAI.

Un informe producido por el Instituto Fogo Cruzado y el Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos (GENI/UFF) revela que, entre 2006 y 2021, las milicias multiplicaron por cinco el área bajo su control, en un crecimiento de 387% (GENI/Instituto Fogo Cruzado 2022). Hoy, según los datos procesados, las milicias ocupan el 50% del estado de Río de Janeiro, área equivalente al Distrito de Columbia en Estados Unidos. Un elemento importante es que el 90% de este territorio ocupado por las milicias no estaba antes bajo el control de ninguna pandilla.

Desde el bienio 2017/2019, las milicias han ampliado su control territorial en la ZMRJ en 117,2%, mientras el crecimiento a nivel poblacional fue de 78,7%. Los datos producidos por la investigación de GENI/Fogo Cruzado (2022: 28-29) enseñan que, en la ZMRJ, 4.116.101 personas viven bajo la gobernanza criminal de un GAI en un universo total de 11.835.708 habitantes.

En términos porcentuales, esto significa que, en 2022, aproximadamente 35% de la población de la ZMRJ vive en territorios controlados por grupos del crimen organizado. Considerando las tres principales pandillas narcotraficantes – Comando Vermelho, Tercer Comando Puro y ADA – el número de personas bajo su autoridad es de 2.700.633, mientras 1.715.396 personas viven en zonas controladas por diversos grupos milicianos. La gráfica abajo presenta los números discriminados.

Figura 1: Población bajo gobernanza criminal en Río de Janeiro

Aún conforme apunta el informe, el Comando Vermelho controlaba, en 2021, el 40% de las favelas de la zona metropolitana de Río de Janeiro, mientras las otras dos pandillas más importantes – el Tercer Comando Puro y la Amigos de los Amigos (ADA) – ocupan el 10% de las áreas urbanas informales. Juntas, las tres pandillas gobiernan 4,4 millones de personas en la zona metropolitana de Río de Janeiro. Los investigadores produjeron un mapa para ofrecer una dimensión de la distribución espacial de los GAI en la zona metropolitana de Río de Janeiro.

Figura 2: Distribución espacial de los GAI en la ZMRJ

 Fuente: Instituto GENI/Fogo Cruzado (2022).

El Comando Vermelho tiene un dominio poblacional más expresivo si comparado a las milicias, pues las áreas bajo su control son las más pobladas de las zonas sur y central de los municipios de Río de Janeiro, de San Gonzalo y de Niterói (Rodrigues, Pimenta, Quirino, Miranda 2021). En los espacios de poder demarcados por las pandillas y por las milicias, la población reporta la existencia de frecuentes toques de queda impuestos por los grupos armados ilegales (GAI), además de escenas de violencia contra civiles. El Instituto Fogo Cruzado Y GENI (2022) aún registra que entre 2016 y 2023, alrededor de 1.000 personas fueron víctimas fatales colaterales de balaceras, mientras igual número fue muerto en masacres realizadas por fuerzas policiales.

Del lado del gobierno estatal, abundan las denuncias de involucramiento de altos mandos policiales y de miembros del poder ejecutivo y legislativo con el crimen organizado, especialmente las milicias. Aun así, el discurso oficial es de combate total y de mano dura contra el crimen organizado. El recién reelegido gobernador del estado de Río de Janeiro es Claudio Castro, bolsonarista que fue apoyado por el expresidente Jair Bolsonaro y que fue victorioso en primera vuelta, con importante votación en áreas controladas por milicias[1]. Castro prometió endurecer la lucha contra el crimen organizado, aun análisis recientes demuestran que las acciones policiales han privilegiado regiones controladas por pandillas y no por milicias.

El gobierno también ha implantado un nuevo programa de seguridad pública llamado “Ciudad Integrada”. Con presupuesto previsto para 100 millones de dólares, este programa viene con la propuesta de sustituir el de las UPP, considerado fracasado desde la disminución de sus recursos a partir de la conclusión de los Juegos Olímpicos de 2016 (Rodrigues, Kalil, Brancoli 2018). Sin embargo, las metas del “Ciudad Integrada” son equivalentes a los de las UPPs pues se prevé el refuerzo policial acompañado de inversiones sociales, para la generación de empleos y la implantación de equipos sociales (escuelas, centros culturales y deportivos) en zonas controladas por el crimen organizado.

La violencia policial en Río de Janeiro es una de las más intensas en Brasil. Los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y violaciones de derechos fundamentales son ampliamente documentados (Bueno, Pacheco, Nascimento, Marques, 2022). El aporte de la violencia estatal es un incremento importante para el escenario general de confrontación en la ZMRJ. Esta coexistencia de pandillas, milicias y fuerzas estatales, con destaque para la Policía Militar es parte de la actual configuración de la violencia urbana en Río de Janeiro.

Desde modo, la novedad de la última década en términos de conflicto urbano y disputa territorial en Río de Janeiro la presencia de múltiples agentes de violencia con es el crecimiento del poder económico, la influencia política y el control territorial de las milicias, acompañado por alianzas puntuales entre algunas milicias y células de las pandillas en regiones específicas de la ZMRJ. Este panorama señala una situación aún más compleja que desde hace cuatro décadas, cuando las pandillas elaboraron formas más desarrolladas de gobernanza criminal en la ZMRJ.

En los primeros diez días de febrero de 2023, un conflicto con intensas balaceras estalló en una de las favelas con presencia de funcionarios de la alcaldía y por policiales del Programa Ciudad Integrada resultando en siete muertes de civiles. El gobierno estatal despegó el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), una tropa élite de tipo militarizado perteneciente al cuerpo de la Policía Militar, y el Batallón de Acciones con Perros (BAC en la sigla en portugués). La justificación fue contener la confrontación entre pandillas narcotraficantes y grupos milicianos frente el avance de las primeras sobre áreas tradicionalmente bajo el control de milicias.

Nuevas alianzas entre el Comando Vermelho y grupos milicianos han inaugurado formas inéditas de articulación para el control territorial y poblacional entre fuerzas tradicionalmente enemigas. Este fenómeno aún es poco documentado y no hay datos suficientes para comprender la dimensión y el alcance territorial de dichas alianzas[2]. De todo modo, el escenario que se encuentra en la ZMRJ es de confrontación y fragmentación del tejido urbano con amplio y grave impacto sobre la vida de la población civil, sobre todo la más pobre y vulnerable.

Conclusiones

Los datos relativos a la seguridad pública de Río de Janeiro son preocupantes hoy en día como eran en comienzos de los años 1990, cuando el pánico social relacionado a la violencia urbana impulsó las primeras políticas de mano dura en el Estado. Esto indica que la secuencia de planes de seguridad pública, todos multimillonarios, no han sido eficientes para alcanzar una mejora sensible de la sensación de inseguridad y de los números de víctimas fatales y heridos entre la población, sobre todo la afrodescendiente, pobre y habitante de favelas y periferias.

La ZMRJ es violenta para todos los lados de este conflicto, incluido la policía. Datos del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro indican que, entre 2016 y 2020, 148 policiales fueron asesinados mientras trabajaban, siendo 133 policías militares (los más expuestos a las confrontaciones) y 15 policías civiles (agentes de la policía judiciaria)[3]. Aun así, la discrepancia entre policías y civiles muertos violentamente (homicidios y feminicidios) en Río de Janeiro es muy significativa. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, solamente en 2021, 1.356 personas fueron asesinadas por policías en Río de Janeiro (Bueno, Pacheco, Nascimento, Marques, 2022: 5).

De este modo, lo que se ve en Río de Janeiro es un estado de confrontación permanente en un espacio urbano fragmentado y dividido en ‘zonas de gobernanza criminal’ distintas, donde cooperan o se enfrentan grupos armados ilegales (GAI) que tienen dos procedencias: las pandillas narcotraficantes y las milicias paramilitares. Un tercer tipo de agente armado presente y actuantes son las fuerzas de seguridad del Estado representadas por las policías estatales fuertemente militarizadas y, puntualmente, por las Fuerzas Armadas presentes en misiones especiales.

En el fuego cruzado de las disputas territoriales está la población civil de Río de Janeiro, sobre todo los más vulnerables. Ellos y ellas son, predominantemente, pobres, jóvenes, afrodescendientes, con bajos niveles de educación formal y empleados de forma informal o precarizada (sin derechos laborales). Estas personas son las víctimas cotidianas de la trágica realidad de una ciudad que, bajo la imagen idílica y placentera difundida por la industria cultural y del turismo, reveló por fin su estructura violenta y excluyente.

Referencias

Bueno, S; Pacheco, D; Nascimento, T.; Marques, D. (2022). Letalidade policial cai, mas mortalidade de negros se acentua em 2021, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, Brasília: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Casara, R. (2017). Estado pós-democrático: Neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis: Neo-Obscurantismo e gestão dos indesejáveis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Dwyer, M. (2013). Micro-Geopolitics: Capitalising Security in Laos’s Golden Quadrangle, Geopolitics, vol. 19, n. 2, p. 377-405.

Foucault, M. (2004). Defender la sociedad: curso en Collège de France 1976-1977. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2018). UPP: a favela reduzida a três letras. São Paulo: N-1 Editora. 

GENI/Fogo Cruzado (2022). Mapa Histórico dos Grupos Armados no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: GENI/Fogo Cruzado.

Luz, H. (1998). Um Xerife de Esquerda. Rio de Janeiro: Contraponto.

Rodrigues, T.; Kalil, M.; Brancoli, F. (2018). Brazil, Pacification and Major Events: Forging an ‘ambience of security in Rio, Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RSEI), vol. 4, no 1, p. 87-105.

Rodrigues, T.; Pimenta, M.; Quirino, J.; Miranda, W. (2021). Gobernanza híbrida, violencia urbana y legitimidad en tiempos de pandemia: el caso del Comando Vermelho en el Complexo do Salgueiro, de Río de Janeiro, Brasil, Análisis Político, n. 102, p. 123-149.

Ventura, Z. (1994). Cidade Partida. São Paulo: Companhia das Letras.