Escrito por:

**Diego Peña Porras

El 6 de febrero, el presidente Petro, junto a sus ministros, radicó ante el Congreso el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, documento guía para la gestión del gobierno nacional en los siguientes cuatro años. En materia de vivienda el proyecto incorpora una novedad respecto a los planes presentados por los anteriores gobiernos. De acuerdo con las bases del plan: “Se promoverá el acceso a soluciones habitacionales y entornos dignos, que consideren enfoques diferenciales y prioricen los territorios históricamente marginados y la ciudad de origen informal, para su transformación en territorios de paz. Así mismo, se facilitará el acceso a bienes, servicios y espacios públicos de calidad, con criterios de adecuación cultural, sostenibilidad económica y ambiental, adaptación y mitigación del cambio climático, equidad, participación comunitaria y reconstrucción del tejido social”.

En anteriores planes de desarrollo la informalidad y la precariedad de la vivienda fueron nombrados como objetivos de la política, pero no con el énfasis dispuesto en este nuevo proyecto. Después de décadas de un discurso árido frente a la vivienda popular aparece una orientación en la política nacional que no dispone la construcción de vivienda nueva como máxima prioridad en el sector y que, por el contrario, con grandilocuencia aboga por un giro en la mirada hacia la realidad del asentamiento periférico.

Es un giro que parece necesario y que se traduce, entre otras cosas, en el planteamiento de una meta de 400.000 subsidios, 100.000 anuales, en un marco del programa ahora denominado “Cambia mi casa”. Se trata de una meta tímida frente a las necesidades, pero ambiciosa ante las capacidades presupuestales, institucionales y la trayectoria del sector.

Para hablar de órdenes de magnitud, en el gobierno de Iván Duque se otorgaron algo más de 3.800 subsidios de mejoramiento de vivienda en 2022, y de acuerdo con la Ministra de Vivienda actual, un total de 4.500 durante todo el gobierno (Galeano, 2023). Visto de esta manera el reto planteado por la presente administración es enorme y difícil de alcanzar sin una meticulosa planeación y ejecución.

A ello se suman promesas ambiciosas del plan, pero que aumentan la complejidad de sus cometidos. “Se incorporarán procesos asociativos y autogestionarios del hábitat, la vivienda, y el agua y saneamiento básico, a través de alianzas público-populares, que permitan su conocimiento y su participación en nuevos modelos de gestión. Se fortalecerán las organizaciones comunitarias, a través de la asistencia técnica, operativa y financiera, promoviendo procesos de participación en todas las fases de la construcción y/o mejoramiento del hábitat, y fomentando el uso de mano de obra local, articulándola con el sector educativo y de formación para el trabajo. El proceso debe ayudar a la construcción de tejido social para la sana convivencia. Asimismo, se promoverá una red académica y de conocimiento alrededor del hábitat y el urbanismo, ...”

Es indiscutible que el tratamiento del hábitat desde la perspectiva inmobiliaria, centrada en la promoción del mercado de vivienda nueva, se distancia sustancialmente de la producción y mejoramiento de la vivienda popular. Las lógicas del empresario privado formal marcan una diferencia sustancial frente al comportamiento del urbanizador ilegal o informal y al proceso de autogestión de la vivienda propio de las áreas rurales y periféricas urbanas (Torres Tovar, 2009). Ello hace necesaria una política diferente a la que se ha aplicado predominantemente hasta ahora y provocar procesos sociales de participación y articulación con sus destinatarios en el marco de políticas que permitan avanzar en el mejoramiento de sus condiciones de hábitat. El problema es que alcanzar una cobertura tan ambiciosa en otorgamiento de subsidios, acompañada de los objetivos de fortalecimiento comunitario, participación ciudadana, tratamiento diferencial, articulación pedagógica, sostenibilidad ambiental, etc., requiere esfuerzos titánicos y una infraestructura institucional hoy inexistente.

El objetivo es plausible y, digámoslo nuevamente, necesario. Sin embargo, políticas de esa naturaleza requieren largos tiempos de formulación, construcción y ejecución. La deliberación y la participación comunitaria, el fortalecimiento de asociaciones de vivienda, la articulación cultural y la construcción del tejido social son formulaciones generales fáciles de proclamar, pero difíciles y tortuosas para alcanzar.

A países como Uruguay, donde el desarrollo de la vivienda cooperativa ha alcanzado niveles de desarrollo importantes, le ha tomado décadas consolidar una política de tal naturaleza a partir de la asistencia técnica interdisciplinaria, la formación organizaciones de vivienda y federaciones de ellas, el financiamiento público y el consolidación de una cultura cooperativa (Richer, 2010). En nuestro país, dichas organizaciones sufrieron un proceso de debilitamiento sustancial desde los años 90 y se requerirán ingentes esfuerzos para recuperarlas.

Si se intenta aprovechar la oportunidad de ofrecer un giro a la política de vivienda en el país, en beneficio de la población más necesitada, ubicada históricamente en la realidad marginal de las ciudades y en las zonas rurales, será necesaria una política que sepa administrar los objetivos de intervención física a gran escala con procesos sociales para la integración de las comunidades a los proyectos de mejoramiento del hábitat. Es una tarea compleja que implicará sacrificar alguno de los objetivos en beneficio de otros.

A ello se suma el planteamiento del proyecto del PND relacionado con el impulso a investigaciones sobre la materia y la articulación de sus resultados con la ejecución de la política. El avance de una política pública será siempre mejor si se cuenta con mayor profundidad en el conocimiento. Sin embargo, este tipo de propósitos tiene el riesgo de naufragar en medio de las afugias por el cumplimiento de metas cuantitativas del plan y la alta probabilidad de no generar vasos comunicantes entre la academia y la formulación y ejecución de la política.

El tiempo y los recursos parecen pocos para un objetivo tan basto pero loable.