Capital azteca pasará de ser distrito federal para ser más autónomo y tener su propia constitución.

Ciudad de México atraviesa unos de los cambios políticos más drásticos de América Latina: de ser un estado federal con poca autonomía administrativa y presupuestal pasará a convertirse en un ente con su propia Constitución, subordinada a la nacional.

Jesús Rodríguez Cepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, asegura que este es un gran paso para la democracia, pero lamenta que no se resuelve la relación con otros municipios que se han conurbado tanto, que las fronteras se pierden a los ojos de los ciudadanos. Durante un evento del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y de la Cámara de Comercio de Bogotá, el experto habló de las ventajas y riesgo de esta nueva realidad política de la capital azteca.

En entrevista con EL TIEMPO, Rodríguez explicó en qué consiste la transformación y cómo cambiará la forma de concebir la ciudad, que en junio creará una asamblea constituyente para que en enero del 2017 estrenen una nueva Carta Política.

¿En qué consiste el cambio?

Tras una larga negociación política con los partidos logramos que este año nos aprobaran crear una Constitución de la ciudad que le permitirá definir su propia institucionalidad, normas y atribuciones.

Para esto se reformó la Constitución nacional (la de Estados Unidos de México). No convierte a la ciudad en un estado federado pero sí le da atributos de ese tipo: tendrá su propio congreso, sus propias políticas tributarias, de seguridad y de justicia.

¿Para qué le sirve tanta autonomía a la ciudad?

Es la culminación del proceso de transición democrática: hasta 1997, la ciudad no elegía sus propios gobernantes y en ese año se creó una asamblea, pero no son del todo autónomos. La reforma reduce el peso del gobierno federal respecto a la capital. Además, tendrá su propio congreso con autonomía legislativa. Otra ventaja es que la ciudad podrá contratar deuda, cosa que antes era imposible.

¿No puede esto producir un divorcio entre el gobierno de la ciudad y el nacional?

Es el desafío de todo modelo federal. En gobiernos centrales, las normas se cumplen del mismo modo en todo el territorio, pero en nuestro país hay un juego de las soberanías federal y de los estados que tienen libertad para hacer sus normas, siempre y cuando sean armónicas con la Constitución nacional.

¿Qué impacto tendrá la nueva Constitución?

Se podrán convertir en normas constitucionales las normas y leyes que no tenían ese carácter. Por ejemplo, derechos como la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo en temas de aborto, adopción y matrimonio de parejas del mismo género, la renta básica universal para la tercera edad y para las madres solteras que son logros legislativo de la capital.

Esto solo regiría para el estado de México...

Cierto, pero que se apruebe en el orden constitucional hace que se convierta en un modelo a seguir por otras entidades federadas o incluso en una exigencia de cambio para los demás.

¿Qué defectos tiene este revolcón?

No nos orienta a una política metropolitana. Ciudad de México está rodeada de municipios que nos convierten en una megaciudad, sin fronteras visibles, pero sí una separación administrativa. La Constitución sí obligará a crear una coordinación entre los municipios, pero hay una autoridad metropolitana que establezca metas de largo plazo, estrategias regionales, etc.

Suele haber disputas entre municipios conurbados y capitales. ¿Una Constitución para Ciudad de México no impone un muro de poder?

Hay que replantear el modelo de municipios, que viene del siglo XIX, para responder a la globalización, las megaurbes y los desafíos regionales. Las decisiones sobre el diseño urbano, el gasto y la infraestructura no pueden seguir atadas a los municipios.

Se deben construir autoridades políticas metropolitanas, más allá de coordinaciones vulnerables a celos políticos y proteccionismos de gobernantes locales. Nadie quiere renunciar al poder, así que una autoridad debe poner orden.

¿Habrá cambios tributarios con la nueva Constitución?

Sí. Se redistribuirán las competencias fiscales, que antes se definían en el orden federal. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad estará a cargo del Congreso local, excepto la salud y la educación, que son controlados por la República, con algún margen de acción por parte de los estados federados.

¿Aparecerán nuevos cargos y entidades?

Se mantiene la figura del jefe de gobierno (alcalde), pero con nuevas funciones. Las 16 delegaciones (localidades o comunas) de la ciudad se llamarán demarcaciones o alcaldías, cada una con un alcalde y un concejo de máximo 15 miembros que serán elegidos. Esto reemplazará el jefe delegacional, que no tenía contrapeso político.

¿Cómo ve el clima entre los ciudadanos para este cambio?

Hay un mal clima político, una crisis de credibilidad institucional y poco optimismo ciudadano sobre la democracia. La gente cree que esta Constitución será una burocratización, un incremento en el gasto, un simple papel.

Pero creo que es todo lo contrario, habrá mucho campo para la participación y los acuerdos.

Se generan nuevos cargos y entidades. ¿Cómo blindar el nuevo estado de la corrupción?

Esta es una Constitución local encarrilada por la federal. En los últimos tres lustros hemos atravesado un fortalecimiento en leyes para derechos humanos, pero también en control a la corrupción, que exige transparencia en la información.

Estos días del Parlamento saldrá un sistema nacional anticorrupción. Esto ayuda porque deberá ser contemplado por la Constitución local.

NATALIA GÓMEZ CARVAJAL
Subeditora EL TIEMPO
En Twitter: @nataliagoca