Un gran número de casos impunes por daños ecológicos, licencias ambientales sin cuentas de cobro, multas sin pagar y contratos faltos de requisitos hacen parte del diagnóstico que la Contraloría halló en casi todo el país. Según publica El Tiempo, luego de la revisión a las Corporaciones Autónomas de Medioambiente (CAR), la entidad reveló que solo el año pasado hubo un detrimento patrimonial de más de 3.200 millones de pesos, una cifra muy por debajo del costo ambiental derivado de la inoperancia de las corporaciones.

A inicio del 2015, las irregularidades se detectaron en 19 entidades, y en el segundo semestre, en 18 de las 33 corporaciones de todo el país. Uno de los casos más graves es el de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la cual tiene la responsabilidad de descontaminar el río Bogotá.

El Consejo de Estado en el 2014 les dio un plazo de tres años a las autoridades para recuperar la cuenca. Al auditar el trabajo que esta corporación ha hecho entre el 2012 y el 2015, el órgano de control fiscal evidenció que la gestión de los recursos para la protección, conservación, saneamiento y descontaminación del río Bogotá es, a todas luces, “deficiente”.

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Además, la Contraloría determinó que la ampliación de la planta Salitre va apenas en un cinco por ciento, la adecuación hidráulica del río Bogotá en un tramo de 68 kilómetros va en un 60 por ciento, y la formulación de 15 proyectos de saneamiento del río va tan solo en el 20 por ciento.

Las demoras han llevado a que el proyecto que inicialmente iba a costar 971.897 millones de pesos ahora esté estimado en 1,6 billones de pesos, con un plazo hasta el 2020.

La CAR Cundinamarca tampoco cobra las tasas retributivas que las empresas deben pagar por usar el agua, el suelo, arrojar desechos y desperdicios agrícolas o mineros. También ha dejado de cobrar más de 100 millones de pesos por licencias ambientales.

Si bien las corporaciones autónomas regionales tienen autonomía administrativa y financiera, la ley las obliga a gestionar adecuadamente los recursos para la conservación y defensa del medioambiente.

La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) tampoco se salva. En el 2014 incurrió en 94 irregularidades que habrían generado un presunto detrimento de $ 1.500 millones. Y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), dice la Contraloría, no cumple con su papel de sancionar a privados. En el 2014 comenzó unos procesos de investigación por infracción ambiental y, hasta la fecha, no hay responsables ni sanciones.

Un caso es el del predio Isla Totumo, en Isla Grande, en el archipiélago de Islas del Rosario. En una visita técnica del 2012, Cardique encontró que el lote no cuenta con un plan de manejo ambiental, ni para el mantenimiento de pozas sépticas ni retiro de lodos de una planta eléctrica de la zona. A pesar de que desde esa fecha se determinó que el dueño del predio debía ser sancionado, nadie se ha responsabilizado.

Fuentes de la Contraloría afirman que las deficiencias en la mayoría de CAR se deben a que “se han convertido en entes más políticos que técnicos. A los directores lo eligen los alcaldes de turno y deben favores políticos”.

Fuente: ElTiempo.com