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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
La conferencista se basó en tres ejes: dimensión, distribución y complejidad. En lo relativo a la difusión se analizó la magnitud de las tareas y de los problemas del gobierno. En la distribución se planteó la discusión sobre la disputa sobre a quién le corresponde qué y por qué en las decisiones de política pública. Finalmente, en el planteamiento de la complejidad se describió la forma como los problemas aparecen en un plano multidimensional..
Uno de los casos utilizados para ilustrar la magnitud de las tareas fue el Catastro Multipropósito. En 2016, el 63,9 % del área formada del país tenía catastros desactualizados, correspondientes a 722 municipios, mientras que el 28 % del territorio nacional no contaba con formación catastral. La situación era aún más crítica en municipios históricamente afectados por el conflicto armado: de 187 municipios identificados, el 79 % no contaba con información catastral básica.
El proceso involucró a diferentes entidades del Gobierno Nacional y atravesó varios periodos de gobierno, documentos CONPES y planes nacionales de desarrollo. Las metas también fueron modificándose: inicialmente se proyectaba alcanzar el 100 % de cobertura en 2023; posteriormente, en 2025, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se estableció una meta del 70 %. Para 2026, la presentación señala un avance equivalente al 41,34 % de la meta, mientras que el IGAC había adelantado procesos de actualización catastral en 101 municipios PDET.
El caso evidencia que la dimensión de una tarea pública puede superar los tiempos de un periodo administrativo, haciendo necesario construir capacidades y estrategias que trasciendan los ciclos de gobierno.
La distribución: cuando gobernar también significa decidir cómo se reparten los recursos
La segunda dimensión abordada fue la de los problemas distributivos, ejemplificada a través de la Asignación para la Paz del OCAD Paz. En 2022 existía una única bolsa concursable de recursos a la que se accedía de acuerdo con el orden de radicación de los proyectos. Entre 2017 y 2022, el 48,5 % de los recursos se concentró en cuatro subregiones. Para los periodos 2023-2024 y 2025-2026 estaban disponibles 6,3 billones de pesos.
La modificación de las reglas implicó reorganizar los recursos en 16 bolsas concursables, una por cada subregión PDET, y establecer un mecanismo de asignación mediante convocatorias públicas. Para hacerlo fue necesario articular al DNP, el Congreso, la ART y el OCAD, además de construir una metodología de priorización, un plan de convocatorias y términos de referencia.
Según los resultados presentados, el nuevo esquema produjo una clara desconcentración de los recursos, con 343 proyectos aprobados que representaron 5,7 billones de pesos.
Este ejemplo muestra que los problemas distributivos no son únicamente asuntos técnicos. También involucran relaciones entre el centro y las regiones, reglas institucionales, negociación y decisiones políticas.
La complejidad: los problemas públicos nunca vienen solos
La tercera dimensión, la complejidad, fue abordada mediante el caso de la restitución de tierras de la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda La Gloria, un proceso con antecedentes desde 1996 relacionado con despojo y desplazamiento forzado y con solicitudes de restitución por parte de familias campesinas.
El caso permite observar cómo una problemática pública puede involucrar simultáneamente a entidades del orden nacional, autoridades municipales, organismos de control y diferentes instancias de la Rama Judicial. Entre ellas se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, el ICA, el gobierno municipal, el Concejo Municipal, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial.
A pesar de las decisiones judiciales adoptadas, la presentación señala que la restitución de tierras no se ha materializado plenamente, la recuperación de baldíos indebidamente ocupados tampoco y el acceso a otras tierras ha sido parcial. Asimismo, persisten obstáculos para el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, incluso cuando provienen de la Corte Constitucional.
¿Qué aprendizajes deja la experiencia?
Frente a estos tres problemas de gobierno, la presentación sugirió varios aprendizajes para el ejercicio del gobierno urbano: ajustar las expectativas, no pretender resolver todos los problemas simultáneamente, trascender los periodos de gobierno, relacionarse con diferentes niveles de gobierno y múltiples actores y fortalecer el diálogo y la negociación sin sacrificar la oportuna toma de decisiones..