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En Bogotá, el sistema TransMilenio permite observar con claridad cómo la infraestructura no solo reorganizó el espacio físico de la ciudad, sino que también reconfiguró las relaciones entre gobierno local y ciudadanía, especialmente en un escenario atravesado por la expansión de los entornos digitales y la creciente centralidad de la comunicación en la gestión urbana.
Desde sus primeras fases, TransMilenio estuvo acompañado por estrategias de comunicación institucional orientadas a posicionar el sistema como un proyecto moderno, eficiente y necesario para la ciudad. En troncales como la Caracas, la comunicación se estructuró bajo esquemas centralizados y mayoritariamente unidireccionales: el gobierno definía los mensajes, los medios tradicionales los amplificaban y la ciudadanía ocupaba un lugar pasivo como receptora de información. La legitimidad del proyecto se construía desde arriba, apoyada en discursos de modernización, cultura ciudadana y progreso, con escasos espacios para la retroalimentación o la disputa pública del relato oficial.
El seguimiento a las estrategias comunicativas institucionales, junto con ejercicios de análisis relacional y de construcción de redes, permitió observar que este esquema comenzó a tensionarse a medida que el sistema se expandía y el entorno comunicativo urbano se transformaba. En la ejecución de la troncal de la Calle 26 se evidenció que los problemas de infraestructura no permanecían en el plano técnico, sino que rápidamente se trasladaban al terreno simbólico y comunicativo. Los retrasos, los escándalos y las fallas dejaron de circular exclusivamente por los canales institucionales y comenzaron a discutirse en redes sociales que ampliaron el alcance, la velocidad y la visibilidad de la conversación pública. Aunque las instituciones conservaron posiciones centrales en la emisión de información, su capacidad de control narrativo se debilitó: la infraestructura comenzó a ser interpretada desde múltiples voces y la comunicación dejó de operar únicamente como mecanismo de validación para convertirse en un espacio de disputa pública, en el que se reordenaron las relaciones entre actores, se redistribuyó la visibilidad y se modificaron las posiciones de incidencia dentro de la conversación urbana.
Con la Troncal de la Avenida 68, esta transformación se consolidó. La masificación de las redes sociales configuró un entorno comunicativo abiertamente bidireccional en el que la ciudadanía dejó de ser únicamente receptora para convertirse en emisora activa de mensajes, opiniones y reclamos. Las experiencias cotidianas de los usuarios, las denuncias sobre la ejecución de la obra y las críticas a la gestión pública adquirieron una capacidad inédita de amplificación y circulación, superando los marcos temporales y discursivos de la comunicación institucional. En este contexto, la narrativa del proyecto ya no dependía de manera exclusiva de los canales oficiales, sino que se construía en una conversación pública fragmentada, acelerada y permanentemente expuesta, donde convivían, se superponían y colisionaban narrativas institucionales y ciudadanas.
La expansión de lo digital no solo transformó los canales de comunicación, sino que alteró de manera estructural la relación entre el gobierno local y la ciudadanía, al desplazar la gestión pública hacia un entorno de interacción constante y visibilidad ampliada. Este aumento de la exposición no se tradujo necesariamente en mayores niveles de favorabilidad; por el contrario, intensificó el escrutinio público y amplificó tanto los aciertos como las fallas de la gestión. En este escenario, las redes sociales operaron como un espacio profundamente ambivalente: fortalecieron la transparencia y la circulación de información, pero también fragmentaron los discursos, aceleraron los conflictos y facilitaron la consolidación de narrativas críticas que erosionaron la legitimidad institucional.
Este giro comunicativo reconfiguró las relaciones de poder que sostienen el gobierno urbano, en la medida en que la ciudadanía adquirió mayor capacidad de incidencia simbólica y desplazó el control comunicativo que antes concentraban las instituciones hacia un escenario más abierto, inestable y disputado. Aunque esta mayor presencia ciudadana no equivalió a un ejercicio formal de gobernanza participativa, sí condicionó la agenda pública, obligó a responder frente a demandas amplificadas y situó la toma de decisiones bajo una observación constante, como se evidenció en el caso de TransMilenio, donde la gestión de la obra quedó permanentemente expuesta al juicio público.
La experiencia de TransMilenio muestra, en consecuencia, que gobernar la infraestructura urbana implica gestionar no solo obras y cronogramas, sino también expectativas, percepciones y narrativas que circulan en tiempo real. En una ciudad atravesada por la digitalización, la legitimidad deja de ser un supuesto previo y se convierte en un proceso de negociación permanente en el espacio público, donde comunicar ya no significa únicamente informar, sino interactuar, responder y disputar sentido en torno a los proyectos urbanos y a la forma misma en que se gobierna la ciudad.