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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Entre 1950 y 2018, la proporción de la población urbana pasó del 38,3% al 79,1%, con un crecimiento anual de la huella urbana del 2,5% entre 1990 y 2015, ligeramente superior al incremento poblacional en el mismo período.
Este fenómeno se concentra en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que generan más del 70% del PIB nacional, con Bogotá contribuyendo el 31,3% en 2023. Sin embargo, este crecimiento ha exacerbado desafíos en la gestión del agua, particularmente en contextos de informalidad urbana, donde asentamientos irregulares representan alrededor del 25% del área construida y albergan a casi 5 millones de personas, equivalentes al 11,2% de los hogares en 2016. Estos procesos interactúan con la gestión hídrica, subrayando la necesidad de enfoques integrales para mitigar desigualdades y promover la resiliencia ambiental.
El problema del agua en Colombia no radica principalmente en la escasez cuantitativa, sino en la calidad, afectada por vertimientos domésticos, agrícolas y mineros. Aproximadamente el 60% del abastecimiento urbano proviene de fuentes superficiales, pero la urbanización descontrolada, combinada con la falta de planificación ambiental, ha deteriorado estas fuentes mediante deforestación, ocupación irregular de cuencas y descargas no controladas. En ciudades como Bogotá, el desplazamiento forzado y la migración han incrementado la presión sobre los servicios, donde asentamientos periurbanos como Usme presentan deficiencias en el suministro, asociadas a altos índices de enfermedades respiratorias, diarreas e infecciones parasitarias.
En Medellín, los asentamientos ilegales concentran a la población más pobre, excluyéndola de redes formales de agua potable y saneamiento. Cartagena, a pesar de tasas de cobertura aparentes elevadas, enfrenta inseguridad hídrica en barrios marginales debido a barreras sociopolíticas, como la inestabilidad administrativa y la exclusión en la planificación urbana. En general, solo el 56% de los municipios colombianos cumplen con agua potable en su centro urbano, realidad que afecta a más de 22 millones de habitantes.
Desde una perspectiva global, el Club de Roma, a través del informe «The Economics of Water: Valuing the Hydrological Cycle as a Global Common Good», advierte sobre el desequilibrio del ciclo hidrológico por primera vez en la historia humana, debido a décadas de subvaloración y mala gestión colectiva. Este desbalance afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, con más de 1.000 niños menores de cinco años muriendo diariamente por enfermedades relacionadas con agua insegura y falta de saneamiento, y 200 millones de horas diarias invertidas por mujeres y niñas en la recolección de agua.
A nivel mundial, cerca de 3 mil millones de personas y más de la mitad de la producción alimentaria global se encuentran en áreas donde el almacenamiento total de agua se proyecta en declive, exacerbado por sequías, inundaciones y pérdida de agua verde (humedad del suelo y vegetación), que genera alrededor del 50% de la precipitación terrestre. En contextos como Colombia, estos impactos se magnifican en ciudades en expansión, donde la deforestación y la agricultura intensiva impulsan cambios en patrones de lluvia, potencialmente reduciendo tasas de crecimiento económico en América del Sur en 0,7 puntos porcentuales si se pierde la precipitación de hotspots deforestados.
Además, regiones irrigadas experimentan declives en almacenamiento de agua dos veces más rápidos, lo que podría llevar a una reducción del 23% en la producción global de cereales si persisten las tendencias. Para una vida digna, se requiere aproximadamente 15 litros de agua por persona al día, incluyendo nutrición y consumo, pero muchas regiones urbanas colombianas no logran asegurar esto localmente debido a fugas urbanas que pierden el 40% del agua y los subsidios perjudiciales que fomentan el sobreuso.
La informalidad urbana agrava estas vulnerabilidades, ya que el crecimiento desordenado en laderas y cuencas, como en Medellín, ha convertido ríos en vertederos, con desafíos en el drenaje urbano debido a la topografía y el aumento poblacional. En Cali y Barranquilla, los altos costos del agua potable excluyen a poblaciones vulnerables, forzándolas a fuentes contaminadas. Alineado con las recomendaciones del Club de Roma, Colombia debe gobernar el ciclo hidrológico como un bien común global, reconociendo interdependencias transfronterizas y priorizando inversiones en eficiencia, como la reutilización de aguas residuales (potencial del 8% de extracciones de agua dulce) y la restauración de hábitats para conservar el 30% de bosques y aguas continentales para 2030. Esto implica redirigir subsidios perjudiciales y movilizar 500 mil millones de dólares anuales adicionales para países de ingresos bajos y medios en el logro del ODS 6.
En conclusión, la gestión sostenible del agua en las ciudades colombianas requiere integrar la planificación urbana con la protección de ecosistemas, abordando la informalidad mediante políticas inclusivas que cierren brechas de acceso.
Siguiendo el marco del Club de Roma, se debe valorar el agua no solo económicamente, sino por su rol ecosistémico, fomentando innovaciones en sistemas alimentarios, economía circular y gobernanza global para evitar impactos en el PIB proyectados en -10% a -15% para países de bajos ingresos hacia 2050. Las alianzas público-privadas y la incorporación de los conocimientos nativos y/o indígena, que administra el 25% de las tierras globales y el 40% de las naturales restantes, es una opción para restaurar el equilibrio hidrológico y asegurar las equidades en el desarrollo urbano, en el caso de Colombia las tareas se acumulan.