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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
En este contexto, el 16 de septiembre se presentó el panel “Desafíos contemporáneos de los estudios urbanos III”, a cargo de los profesores del Instituto de Estudios Urbanos: Yency Contreras Ortiz, Mario Avellaneda González, Diego Peña Porras y Omar Rodríguez Torres, quienes presentaron los principales avances de sus investigaciones más recientes, en torno a temas relacionados con el territorio y su multidimensionalidad.
Por parte del profesor Mario Avellaneda González se presentó el proyecto “Gestión inteligente del territorio en aglomeraciones urbanas en Colombia: dimensiones, actores y dinámicas de interacción”, actualmente en desarrollo y presentado a la Convocatoria Jesús Bejarano 2026 de la FCE. El proyecto busca analizar cómo se gobierna, gestiona y habita en el marco de lo que se conoce, desde hace 20 años, como ciudades inteligentes, concepto en constante evolución a partir de los avances de la inteligencia artificial (IA), las plataformas digitales, la producción y el análisis masivo de datos y los sistemas de gestión inteligente. En este contexto, resulta clave comprender la relación de estos elementos con la ciudad y los ciudadanos, así como las interacciones del sector público y privado con estas herramientas tecnológicas.
El proyecto se centra en la gestión inteligente del territorio en aglomeraciones urbanas en Colombia, con el propósito de comprender su intervención en los procesos de toma de decisiones individuales, empresariales y públicas en ámbitos como la movilidad, el abastecimiento, el acceso a los servicios de la administración pública, la salud, la educación, la justicia y los servicios financieros.
Por su parte, el profesor Diego Peña Porras presentó la investigación “Cesiones urbanísticas y justicia espacial en Bogotá”, proyecto que aborda la pregunta: “¿Las cesiones urbanísticas en la ciudad de Bogotá han contribuido a construir una ciudad más equitativa o, por el contrario, han acentuado la representación de una urbe segregada e injusta desde el punto de vista socioespacial?”. Ello, considerando el rol del espacio público en la configuración de la ciudad como eje clave de esta o como elemento inherente a su concepción.
El desarrollo de la investigación tomó como referente la noción de justicia espacial desde dos aproximaciones: la teórico-conceptual, orientada a la identificación de situaciones injustas —jerarquización, confinamiento involuntario y segregación—, y la política, relacionada con una agenda de acción frente a fenómenos de injusticia espacial. Una de las oportunidades que implicó abordar este concepto fue entender la justicia no solo como un fenómeno conceptual, sino también como una posibilidad de acción política para la identificación y solución de situaciones de segregación urbana.
Por otro lado, el espacio público, como elemento inherente a la concepción de ciudad, puede abordarse desde tres dimensiones: 1) urbanística; 2) funcional-relacional, relacionada con la forma en que se distribuye y articula el espacio público en el contexto de la ciudad; y 3) simbólico-política. La investigación se centró principalmente en la primera de esas dimensiones.
Dentro de la exposición se partió de datos tales como que , en Bogotá, el 31 % de la población dispone de menos de 2 m² de espacio público a una distancia en tiempo igual o inferior a 15 minutos de su vivienda, mientras que un 39 % de las personas cuenta con coberturas entre 2 y 4 m². Otro dato señala que el 10 % de la población en Bogotá tiene acceso a entre 6 y 10 m² por habitante, lo que evidencia una situación inequitativa en términos de justicia espacial. En este sentido, resulta clave indagar sobre el mecanismo particular de las cesiones y el papel que ha tenido en la distribución y redistribución del espacio público en la ciudad.
Los resultados muestran una tendencia entre 1980 y 2025: si bien se registra un mayor número de proyectos urbanísticos, la cantidad de suelo de cesión destinado a la generación de espacio público es menor. Esta tendencia evidencia una reducción relativa en la generación de suelo de cesión durante el periodo analizado y plantea interrogantes sobre su incidencia en la distribución del espacio público en la ciudad.
La presentación de la profesora y directora del IEU, Yency Contreras Ortiz, se denominó “Dinámica y valor inmobiliario en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca 2000-2022” y presentó el desarrollo de una investigación cuyos resultados ya fueron publicados en el artículo del mismo nombre, en la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (CyTET). Para empezar, vale señalar que la dinámica y el valor inmobiliario cobran relevancia porque asistimos a un proceso acelerado de urbanización, con transformaciones profundas en las grandes ciudades y los municipios que las rodean. No solo se habla del impacto en las limitaciones político-administrativas tradicionales de las ciudades, sino también de un fenómeno como la metropolización. Todo ello tiene consecuencias en el mercado inmobiliario y en las vocaciones de los suelos, alterando el valor de la tierra y las expectativas de quienes son propietarios o buscan acceder al suelo, entre otros aspectos.
Si bien existe una figura formalmente establecida de asociación territorial entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca (la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca), el proyecto no se refiere a esta como figura formal, sino a una región o espacio definido por las relaciones funcionales que Bogotá establece con 25 de sus municipios más cercanos.
Parte de las ideas o imaginarios que se suelen tener es que, si aumenta el valor inmobiliario, esto debería verse representado en mayores recaudos de los municipios. Todo ello, debido a la gran dinámica de transformación del suelo y de sus usos, reflejada también en la ampliación de los perímetros urbanos, bajo la expectativa de que habilitar más suelo significa un mayor recaudo. Sin embargo, desde una visión crítica, la cantidad de suelo destinado a usos urbanos no se refleja necesariamente en mejores o menores precios del suelo. En este sentido, son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta al abordar el suelo como una mercancía, pues su comportamiento no responde a relaciones causales simples. Entre estos aspectos se encuentran la irreproductibilidad del suelo; su escasez relativa —no solo su disponibilidad física, sino también las condiciones para su desarrollo inmediato—; el hecho de que el suelo urbano no adquiere valor por sí mismo, sino por factores externos como su localización; el precio del suelo como resultado de la demanda derivada; y la competencia entre distintos agentes, entre otros.
En términos metodológicos, se realizó un análisis de las bases catastrales de los municipios y se definieron anillos de crecimiento entre los 25 municipios de estudio, así como un análisis de datos de subdivisión predial y valores inmobiliarios. En términos generales, se observa en los 25 municipios un incremento del área urbana, pero en algunos casos con un crecimiento menor de la población. Se habla así de un aumento artificial de las áreas, en donde el crecimiento urbano no responde a una demanda derivada del crecimiento de la población.
En términos de eficiencia tributaria y dinámica del valor inmobiliario, no muchos de los municipios analizados llegaron a mejores recaudos por una supuesta alta valorización. Quedan así en evidencia los desafíos en materia de planificación territorial y gestión fiscal y tributaria a escala metropolitana, en donde resulta necesario ahondar en la construcción de mecanismos sociales, políticos y económicos que permitan construir ciudades y territorios que se complementen en sus usos y actividades, que aprovechen mejor las externalidades de la aglomeración y que todo ello se vea reflejado en una mejor calidad de vida.
Finalmente, la presentación del profesor Omar Rodríguez Torres, titulada “Economía popular, informalidad y empresariado. Desagregando los determinantes del desempeño empresarial en la región Metropolitana de Bogotá”, se llevó a cabo bajo la idea de realizar una caracterización de la economía popular a partir del siguiente problema: los estudios y, en consecuencia, las políticas públicas han asimilado la economía popular como un sinónimo de informalidad. Si bien sus estructuras operativas son cercanas, sus lógicas de supervivencia difieren.
La economía popular invita a pensar en una forma de resistencia y subsistencia. Desde la política pública, es necesario pensar qué es esta unidad productiva, en tanto la economía popular no cuenta con datos o indicadores consolidados. Aun así, se reconocen los aportes y datos de la Gran Encuesta del Empresariado y la Economía Popular de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada en 2024 y aplicada a 58 municipios. Resulta llamativo que la encuesta indagara si las personas encuestadas identificaban su negocio —o se identificaban a sí mismas— como parte de la economía popular. Los resultados muestran que el 80 % de los empresarios formales se autorreconoce como parte de la economía popular, mientras que, entre los empresarios informales, esta proporción asciende al 85 %.
Algunas reflexiones a partir de los datos de la encuesta y del análisis del profesor permiten entrever que las empresas que se reconocen como parte de la economía popular incorporan en sus filas de empleados a miembros del hogar, mostrando un carácter más local de esta economía. Asimismo, la economía popular muestra más años de funcionamiento. No son economías provisionales, como se suele pensar; esta idea se controvierte al mostrar que son economías estables y que, mediante el trabajo con miembros del hogar, constituyen el sustento de los hogares.
Finalmente, dentro de los resultados del ejercicio econométrico planteado, el profesor encuentra que aquellas empresas que localizan su operación en la ciudad de Bogotá evidencian una prima de aglomeración en su desempeño, medido a través de sus ventas y sus utilidades. En contraste, las unidades productivas que se identifican dentro de la economía popular que operan en la ciudad incurren en un costo que reduce su prima de operar en la ciudad.