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III Simposio Internacional “Gobierno Urbano: debates entre lo urbano y lo metropolitano”

Avances y retos de la política pública frente a la crisis climática: reflexiones para la construcción de ciudades sostenibles

Publicado el 14 de febrero de 2026
, en
Destacados, Divulgación académica

La crisis climática ha reconfigurado de manera sustantiva los debates sobre el desarrollo urbano. Las ciudades, como principales centros de consumo energético, generación de emisiones y transformación del territorio, se han convertido en escenarios estratégicos tanto de los impactos del cambio climático como de las posibles soluciones para enfrentarlo (ONU-Hábitat, 2020).

En este contexto, las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad urbana han adquirido una relevancia creciente, particularmente en países con altos niveles de urbanización y profundas desigualdades socioespaciales, como Colombia.

Durante los últimos años, el país ha avanzado en la formulación de instrumentos normativos y programáticos que buscan articular la acción climática con la planificación urbana, la transición energética y la política social. Sin embargo, estos avances plantean interrogantes relevantes sobre su alcance real, su capacidad transformadora y los desafíos pendientes para consolidar ciudades verdaderamente sostenibles. Esta nota tiene como propósito analizar los principales avances y retos de la política pública frente a la crisis climática, con especial énfasis en su impacto sobre las ciudades.

Las ciudades en el centro del debate climático contemporáneo

En el informe Prosperar: Hacer que las ciudades sean verdes, resilientes e inclusivas en un clima cambiante se afirma que: “si bien las ciudades de los países con ingresos más bajos solo contribuyen alrededor del 14% de todas las emisiones de CO2urbanas del mundo, las ciudades de los países de ingreso bajo y mediano bajo enfrentarán los peligros más graves relacionados con el cambio climático” (Banco Mundial, 2023). 

En el análisis desarrollado por Velásquez Muñoz (2017) se plantea que los modelos urbanos predominantes han estado históricamente asociados a patrones intensivos de consumo energético, expansión territorial desordenada y segmentación socioespacial, factores que incrementan tanto las emisiones como la vulnerabilidad climática.

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad urbana no puede abordarse exclusivamente mediante intervenciones técnicas aisladas. La planificación de las ciudades debe incorporar de manera integral variables ambientales, energéticas y sociales, reconociendo que los impactos del cambio climático no se distribuyen de forma homogénea entre los habitantes urbanos (Velásquez Muñoz, 2017). Lo anterior ha influido de manera progresiva en el diseño de políticas públicas recientes en Colombia, que buscan integrar la dimensión climática en la gestión del territorio.

Avances recientes en la política pública urbana y climática

Uno de los avances más significativos en la política pública colombiana ha sido el tránsito desde enfoques centrados exclusivamente en la mitigación de impactos hacia estrategias que combinan mitigación, adaptación y equidad social, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015). En el ámbito urbano, este giro se refleja en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de infraestructura y la prestación de servicios públicos. Esto se logra ver con mayor convergencia en la Ley 2476 de 2025, conocida como la Ley de Ciudades Verdes. Esta ley tiene como objetivo la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

De otra parte, también se cuenta con el diseño de programas energéticos orientados a la población más vulnerable, o la simple inclusión social en proyectos tales como las comunidades energéticas, lo que hoy se denomina como Transición Energética Justa.

El Programa Colombia Solar, creado mediante el Decreto 972 de 2025[1], constituye un ejemplo de esta evolución. Al promover la autogeneración con energía solar como alternativa al subsidio tradicional al consumo eléctrico, el programa introduce un enfoque que articula transición energética, política social y sostenibilidad fiscal (Ministerio de Minas y Energía, 2025). Desde la perspectiva urbana, este tipo de instrumentos permite trasladar la acción climática al espacio cotidiano de la vivienda, integrando tecnologías limpias en el entorno construido y fortaleciendo la resiliencia energética de los hogares.

Asimismo, la reglamentación del programa, al incorporar esquemas institucionales claros para la operación y mantenimiento de la infraestructura solar, responde a una de las principales limitaciones identificadas en experiencias previas de generación distribuida: la dificultad para garantizar su sostenibilidad técnica en el tiempo (Ministerio de Minas y Energía, 2026). En este sentido, se observa un avance en la consolidación de políticas públicas que buscan trascender de proyectos piloto y alcanzar escalas urbanas más amplias.

Retos estructurales para la consolidación de ciudades sostenibles

A pesar de estos avances, persisten retos significativos para que la política pública climática tenga un impacto estructural en las ciudades. Uno de los principales desafíos radica en la articulación entre los programas sectoriales y los instrumentos de planificación urbana y ambiental. La experiencia comparada muestra que las políticas climáticas tienden a perder eficacia cuando operan de manera aislada, sin integrarse plenamente a los planes de ordenamiento territorial, los programas de vivienda y las estrategias de desarrollo urbano (ONU-Hábitat, 2020).

Otro reto relevante se relaciona con la gobernanza urbana. La construcción de ciudades sostenibles exige capacidades institucionales robustas a nivel local, así como mecanismos de coordinación entre distintos niveles de gobierno y actores públicos y privados (Banco Mundial, 2023). Sin una gobernanza adecuada, incluso los programas técnicamente bien diseñados pueden enfrentar dificultades en su implementación y sostenibilidad.

Finalmente, la transición hacia ciudades sostenibles plantea desafíos en materia de equidad y justicia climática. Si bien los instrumentos recientes muestran avances en la focalización de beneficios hacia poblaciones vulnerables, sigue siendo necesario profundizar en enfoques que aborden de manera integral las desigualdades socioespaciales, evitando que la sostenibilidad urbana se traduzca en nuevos mecanismos de exclusión o fragmentación territorial (Velásquez Muñoz, 2017).

Por lo anterior, pese a los esfuerzos del gobierno nacional y local, aún no se cuenta con una capacidad técnica de contención y reacción frente a desastres naturales recientes como el presentado en Montería, pese a existir órdenes judiciales producto de una acción popular para evitar la ocupación indebida de la franja de retiro del río Sinú[2], y contar con instrumentos de planeación como lo son el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo municipal, entre otros.

Conclusiones

La política pública colombiana frente a la crisis climática ha experimentado avances relevantes en su aproximación al fenómeno urbano, incorporando de manera progresiva la sostenibilidad, la transición energética y la equidad social como ejes centrales. Instrumentos como el Programa Colombia Solar reflejan un cambio en la forma de concebir la relación entre energía, ciudad y política social, y ofrecen oportunidades concretas para fortalecer la resiliencia urbana.

No obstante, el desafío de construir ciudades verdaderamente sostenibles continúa siendo complejo y multidimensional. Más allá de la adopción de tecnologías limpias, la sostenibilidad urbana requiere transformaciones en la planificación del territorio, la gobernanza local, la articulación de políticas sectoriales y la capacitación técnica. En este escenario, el reto para las ciudades no consiste únicamente en reducir emisiones, sino en reconfigurar sus modelos de desarrollo para enfrentar la crisis climática de manera integral, equitativa y sostenible en el largo plazo.

Referencias

Banco Mundial. (2023). Las ciudades son la clave para resolver la crisis climática. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/05/18/cities-key-to-solving-climate-crisis

Ministerio de Minas y Energía. (2025). Decreto 972 de 2025: Por el cual se crea el Programa Colombia Solar. Gobierno de Colombia.

Ministerio de Minas y Energía. (2026). Proyecto de resolución por la cual se reglamenta el Programa Colombia Solar. https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/reglamentar-el-articulo-2232417-2232419-y-2232421-del-decreto-1073-de-2015/

Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

ONU-Hábitat. (2020). World Cities Report 2020: The value of sustainable urbanization. United Nations Human Settlements Programme.

Velásquez Muñoz, C. J. (2017). Cambio climático, energía y derechos humanos. Desafíos y perspectivas. Colombia y su respuesta frente al Cambio Climático: una mirada desde el urbanismo (pp. 83–102). Heinrich Böll Stiftung Colombia. https://co.boell.org/sites/default/files/cambio_climatico_web.pdf

 

 

012

Escrito por Mónica Gómez, Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Minero–Energético, Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la misma universidad y Conciliadora en Derecho. Docente, asesora y consultora. Abogada experta en infraestructura, servicios públicos y tecnología; incorporación de energías renovables y criterios de sostenibilidad, resiliencia y cambio climático en proyectos y planeación territorial; estructuración y ejecución de proyectos con cumplimiento normativo; y contratación privada y pública, en especial en regímenes especiales.

[1] Programa Colombia Solar es una política pública liderada por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, orientada a promover la autogeneración con energía solar, en cualquiera de sus modalidades, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI), como alternativa al esquema de subsidios eléctricos vigente, en el marco de la Transición Energética Justa.

[2] Tribunal Administrativo de Córdoba, Sentencia Rad: 23-001-33-31-005-2015-00062-01.

Las opiniones contenidas en este artículo no expresan la posición institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

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