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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Históricamente, el sistema capitalista ha enfrentado crisis de sobreacumulación que lo obligan a buscar constantemente nuevos nichos de inversión. Si bien las fronteras extractivas se limitaban hasta hace unos años a la minería o el agronegocio, hoy asistimos a una expansión hacia diversos sectores, como el inmobiliario. Este fenómeno, conocido como extractivismo inmobiliario, no es solo una forma de urbanismo, sino un modelo agresivo que busca maximizar las rentas del suelo mediante la especulación y la explotación de bienes comunes naturales.
Bajo este esquema, la vivienda ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un activo financiero, una mercancía más dentro del mercado. Como señala el geógrafo David Harvey, estamos ante procesos de acumulación por desposesión, donde el capital se apropia de lo público y lo común para reactivar sus circuitos de ganancia.
}En los círculos académicos, este fenómeno del extractivismo inmobiliario es estudiado bajo nociones y categorías heredadas del urbanismo neoliberal, buscando profundizar su óptica de estudio a través del análisis de tres mecanismos clave: el loteo especulativo, la verticalización y las urbanizaciones cerradas, y la renovación urbana y gentrificación.
Estos tres mecanismos han permitido que las desarrolladoras adquieran terrenos a bajo costo en zonas periféricas o rurales, anticipando cambios legales o de infraestructura que multipliquen su valor; con ello, logran maximizar la renta construyendo torres de lujo o barrios segregados, generando fracturas en el tejido social y generando prácticas de autoexclusión. Para lograrlo, orquestan una narrativa de la «revitalización», narrativa que justifica el desplazamiento de los habitantes originales para atraer a perfiles de mayor poder adquisitivo.
Un elemento distintivo de este modelo es lo que se denomina “naturaleza idealizada”. Para vender exclusividad, las inmobiliarias transforman ecosistemas completos —como humedales o bosques— en paisajes controlados y funcionales al mercado, ignorando los daños ecológicos reales que estas perturbaciones provocan.
Desde luego, este modelo no operaría sin una estrecha alianza entre las élites políticas y empresariales. Esto es, para que el extractivismo inmobiliario sea efectivo requiere de una compleja geometría del poder, donde las desarrolladoras y las autoridades locales coordinan y conducen los procesos de urbanización bajo lógicas mercantiles. Esta alianza no es casual, sino que se consolida a través de mecanismos técnicos, políticos y simbólicos como el de la «puerta giratoria» (revolving door), mecanismo que describe el flujo constante de personas que transitan entre altos cargos del sector privado y puestos clave en la función pública, particularmente en áreas vinculadas a la urbanización, ecología y fideicomisos. Este intercambio configura conflictos de interés sistémicos, pues permite el uso e intercambio de información privilegiada, contactos estratégicos y un know-how institucional que se pone al servicio de intereses particulares.
Aunado a esto, las élites empresariales ejercen presión a través del lobby para incidir en decisiones críticas como la compra de suelos, la asignación de proyectos o modificaciones legislativas favorables. Esta influencia se intensifica durante los periodos electorales, donde se pactan acuerdos que generan una «labilidad» de los compromisos públicos; una vez que los actores alcanzan el poder, se ven obligados a favorecer a las élites que financiaron sus campañas. Para lograr esto, este modelo aprovecha los resquicios legales y las zonas grises de la normativa, un fenómeno denominado «porosidad administrativa». Casos emblemáticos, como el «cártel inmobiliario» en la Ciudad de México, ilustran cómo se tejen redes de corrupción donde políticos y desarrolladoras ejecutan proyectos irregulares bajo la protección institucional.
Una estrategia recurrente es la inobservancia de los procedimientos legales y administrativos regulados: los proyectos avanzan de facto para luego forzar regularizaciones ex post o realizar desnaturalizaciones premeditadas de ecosistemas (como la quema intencional de suelos boscosos) para obligar a un cambio en la calificación del uso del suelo.
Las inmobiliarias utilizan un cuerpo de ideas performativas para instalarse en el imaginario social como garantes de una planeación estratégica y un crecimiento ordenado; mediante el branding urbano, construyen una imagen de ciudad asociada a la sostenibilidad y la exclusividad, lo que justifica la privatización de espacios públicos y bienes comunes ante la opinión pública. Esta red de complicidades permite que el suelo público y de interés colectivo sea incorporado sistemáticamente a la lógica especulativa, priorizando la rentabilidad empresarial sobre el bienestar social.
El impacto de este modelo es profundo y multiescalar; socialmente, se generan procesos de expulsión, migración forzada y una creciente brecha de desigualdad urbana; ecológicamente, este tipo de extractivismo genera «zonas de sacrificio» donde se privatiza el agua y se destruye la biodiversidad para sostener estilos de vida insostenibles; por último, económicamente genera deudas financieras que a menudo terminan siendo absorbidas por el erario público, mientras las ganancias se concentran en manos privadas.
Reconocer el extractivismo inmobiliario como un fenómeno sistemático es el primer paso para comprender las crisis habitacionales y ambientales que enfrentan las ciudades latinoamericanas. Al visibilizar estos mecanismos de despojo, es posible examinar no solo el costo de los metros cuadrados construidos, sino las profundas injusticias sociales y ecológicas que se esconden detrás de cada nueva torre de cristal.
Si quiere ampliar la información consulte el artículo “Análisis de los mecanismos y las estrategias del extractivismo inmobiliario: un acercamiento teórico”.