El próximo 29 de julio se conmemoran 5 años de promulgada la Ley 1801 de 2016  “por medio de la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, más conocido popularmente como Código de Policía.  Primera Ley policiva expedida por el Congreso, cuya necesidad de actualización era apremiante ante la otrora vetusta disposición contenida en el Decreto 1355 de 1970.

El presente texto tiene como objetivo plantear algunas reflexiones acerca de los aspectos que podrían ser tenidos en cuenta al momento de construir el proyecto de Ley Orgánica a través del cual se definirá el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca en relación con la gestión pública del servicio de seguridad ciudadana a cargo, no de la Policía Nacional de Colombia, sino de las entidades territoriales.

Más allá de una visión expresada en mayor pie de fuerza y cámaras de seguridad, hay aspectos claves en el Área Metropolitana de Cúcuta que implican fortalecer la confianza y el capital social, y sobre todo la legitimidad institucional. Se hace necesario construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones proveedoras de la seguridad.

Hablar de seguridad convoca en términos generales un debate amplio que, inicialmente, se desarrolla alrededor de la ausencia de temores, riesgos o amenazas de una persona, colectivo, o país. Ahora bien, cuando se acota su delimitación conceptual y se discute sobre seguridad ciudadana, se debe entender que su eje de análisis gravita sobre la protección a los ciudadanos e individuos frente a acciones de violencia, criminalidad, peligro o inclusive calamidades públicas, que atenten contra su vida, integridad física, honra y bienes.