Por: Fernando Viviescas* 

Antes de hacerle un juicio valorativo a la propuesta “para hacer realidad la Reserva Van der Hammen” (RVDH) que la Alcaldía de Bogotá ha radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) -el cual tendrá que ser riguroso y científico, que examine a profundidad todos los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos que un proyecto de ciudad de esas características requiere- es importante señalar varias circunstancias que han rodeado, y condicionado, la manera como dicha propuesta ha llegado a la luz pública.

Lo primero que resalta es que tal proyecto vaya a ser definido por una entidad externa a la institucionalidad de la ciudad pues esta no tiene en su marco normativo, en este momento, los elementos con los cuales sustentar su potestad de definir la constitución y el desarrollo de tan importante intervención, a pesar de que la misma tiene un gran impacto sobre el futuro de las condiciones de vida de los millones de ciudadanas y ciudadanos que hacemos y disfrutamos (y padecemos) a Bogotá.

La ausencia de una agencia estatutaria, debidamente instaurada, que dote a la ciudad con la autoridad y el poder suficiente y necesario para acordar lo que más le convenga a su propio desarrollo y defenderlo y hacerlo cumplir, hace que todavía, en el siglo XXI, los eventuales devenires que la metrópoli capitalina se vean sometidos a los intereses y caprichos de los sectores económicos y políticos que, en un momento determinado, puedan tomarse el poder y hacer valer sus intereses particulares desconociendo los requerimientos de desarrollo del conjunto de la ciudadanía.

En la permanencia y persistencia de esa incertidumbre estructural a la que está sometida la urbe capitalina es donde con más nitidez se expresa la eficacia de la acción sistemática que han implementado –desde siempre- los sectores políticos y económicos que se han asentado en el Concejo Distrital y que, utilizando todo tipo de artimañas, se han opuesto a permitir que Bogotá se dote de un norte programático, sistémico y de planificación –de un proyecto de ciudad- que le permita asumir conscientemente su entidad de metrópoli latinoamericana del siglo XXI, para obligarla a permanecer aferrada a formas de administración y de gobierno que apenas alcanzarían para el siglo XX.

Mientras en el plano político estas fuerzas ancestrales sigan impidiendo la asunción de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) –establecido desde hace más de veinte años en la Ley 388 de 1997- va a ser muy difícil que problemas tan vitales y determinantes como los que abre el tratamiento de la RVDH puedan ser tomados seria y comprometidamente en consideración por parte de la ciudadanía de una manera más o menos civilizada.

Y aquí surge el otro gran problema que evidenció la discusión en la que estamos enfrascados: todo se desarrolla sin que las organizaciones ciudadanas tengan la menor posibilidad de participar en la definición de problemáticas tan determinantes de su devenir no solo material sino sobre todo intelectual y cultural. Quizás, esta ignorancia de la ciudadanía sea el aspecto más lamentable de este ya largo rifirrafe, de más de dos años, en el cual parecería que solo unos grupúsculos tuvieran la potestad de definir el futuro y la sustentabilidad de un conglomerado de casi diez millones de habitantes y de su relación con un entorno ambiental que ha sido descuidado e irrespetado por más de doscientos años y que está pidiendo a gritos que se considere como el soporte material de las posibilidades de futuro en términos responsables.