Escrito por:
Alejandro Parada Díaz; Angie Johanna Caicedo Bedoya; Juan Sebastián Fonseca García; María Fernanda Piraban Cañón; José Manuel Moreno Castro; Melquisedec Bernal Peña; Bibiana del Carmen Ibarra Vargas. 
Estudiantes Maestría en Gobierno Urbano -  IEU

No es casual que sean los jóvenes quienes estén liderando las movilizaciones en las calles y que demanden cambios estructurales. En los últimos estudios adelantados por el DANE se encuentra que en 23 ciudades y áreas metropolitanas entre diciembre de 2020 y 2021, el porcentaje de jóvenes de 14 a 28 años que no están ocupados en el mercado laboral y no se encuentran matriculados en un plantel educativo es del 34,2% para mujeres, mientras que en los hombres es del 20,3%. Estos datos son preocupantes pues evidencian un incremento de las brechas de género y de desigualdad en las principales áreas urbanas del país. 

Al comienzo de las movilizaciones las exigencias de los manifestantes giraban alrededor de frenar reformas que los afectan directamente como la de la salud o la forma de tributación en el país. Sin embargo, con el paso de los días lo que evidencia el sostenimiento de las protestas y los bloqueos es que estamos atravesando un punto de ruptura política en el país, propiciado por una ausencia real en la representación política de lo que Negri y Hardt denominarían la multitud que hace contrapeso al imperio.

Muchas son las causas que pueden incidir en la debilidad de nuestra democracia, pero lo cierto es que el abstencionismo político que ha rondado cerca del 50% en las últimas dos décadas, según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, dan muestra de una apatía política que ha llevado a una crisis de representación ciudadana materializada en la poca renovación política de las corporaciones públicas en el país y en general al interior de las organizaciones políticas.

Gran parte de ese descrédito se debe a que los ciudadanos no se sienten representados con las organizaciones políticas que tiene cabida en las corporaciones públicas y los constantes escándalos sobre coimas o mal manejo de los recursos del erario, pero este puede que sea solo un síntoma del problema de fondo. Las reglas de nuestra democracia condicionan la participación ciudadana y en sí el ejercicio de control y decisión sobre las decisiones que se toman en el ejecutivo y en las corporaciones públicas. 

En ese sentido, la constitución de 1991 estableció varios mecanismos de participación directa, desarrollados en la Ley 134 de 1994 y en la Ley 1757 de 2015 -Estatuto de Participación Ciudadana-. Sin embargo, estos mecanismos han resultado ineficaces para materializar la participación y deliberación debido al desconocimiento sobre estos espacios, la falta de interés, las limitaciones y requisitos legales que dificultan el uso de estos mecanismos, así como los altos costos asociados a su implementación; y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones, las organizaciones políticas y en general a nuestro sistema democrático.

Entender la crisis de representación política por la cual atraviesa el país permite dimensionar la necesidad de generar soluciones nacionales y locales de corto, mediano y largo plazo. Lo primero es que todos los sujetos políticos que se encuentran hoy en confrontación deben establecer reglas claras sobre cuál va a ser la metodología que seguir para desescalar las violencias, pero también para entender cómo va a ser el proceso de deliberación nacional y sobre qué parámetros se va a dar esta conversación. Tenemos que aprender de los errores y aciertos que tuvieron lugar en las negociaciones de 2019 entre el Gobierno Nacional y los estudiantes para avanzar sobre lo construido y deliberar sobre los asuntos pendientes.

Para dar una salida a esta situación es necesario aprender de los casos exitosos de nuestra vecindad, la experiencia de "Tenemos que Hablar de Chile", que surge luego de las protestas con el ánimo de alimentar el proceso constituyente en curso en ese país, puede ser un buen ejemplo que podamos emplear para dar una deliberación nacional en el corto plazo. Otra posibilidad es acudir a instancias de participación que tiene el país a nivel local como los Consejos Municipales de Paz, integrados por representantes de muy diversos sectores y en los cuales podrían animarse diálogos deliberativos. Es necesario comprender que las razones que tienen a miles de personas en las calles pueden convertirse en agendas políticas y sociales pertinentes para el país, para superar esta crisis.

Así mismo, es necesario reformular las reglas de juego que existen para el acceso a los cargos de elección popular y de corporaciones públicas; este estallido social, también es un estallido por la ausencia de voces que representen a quienes están en las calles. Los colectivos, organizaciones y espacios que se han generado están arrojando como resultado nuevos liderazgos que pueden renovar la política, pero que requieren reformas estructurales del nivel nacional a mediano plazo para acceder al poder y realizar sus demandas en las instituciones del Estado. Para esto proponemos que se cree un sistema de adquisición progresiva de derechos tal y como lo plantea el punto 2.3.1.1. del Acuerdo Final de Paz, el cual menciona la necesidad de desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso. Igualmente, resalta la importancia de un sistema de afiliados para la obtención y conservación de esta.  De otro lado, se acordó la necesidad de “diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional”. Un sistema de adquisición progresiva de derechos genera incentivos para que las organizaciones políticas se estructuren de tal manera que les permita ir creciendo en los ámbitos locales y nacionales. 

Fuente: Gráfico obtenido de las intervenciones ciudadana realizadas en la audiencia pública sobre el proyecto de Acto Legislativo 06 de 2019, Senado.

Finalmente, en un país que cuenta con una abstención estructural e histórica que ronda el 50%, así como múltiples limitaciones formales e informales para la participación de la ciudadanía, debemos plantear una reforma política que recoja las necesidades y condiciones de nuestro territorio para reformular las condiciones y formas en las que pueden participar los ciudadanos. Dicha reforma debería estar dirigida no solo ampliar los actores que intervienen en el sistema político sino a generar medidas, diseños institucionales y de cultura política que promuevan y permitan la más amplia participación política de la ciudadanía. Para ello los gobiernos locales en coordinación con la Registraduría Nacional deberían generar acciones de pedagogía electoral, plantear mecanismos que garanticen la participación de todos los ciudadanos sin importar su lugar de residencia, así como el incentivo a conformar agrupaciones y organizaciones políticas con apoyo de las instituciones de los gobiernos locales, aun cuando estas puedan ser contrarias al partido u organización de turno.