En el tránsito del siglo XX al XXI estamos presenciando el surgimiento de una nueva sociedad, profundamente urbanizada, más cosmopolita, inmersa en la virtualidad y las redes sociales, profundamente laica y con mayores niveles educativos. Todo esto, en sí, son alcances sustanciales para una sociedad que hasta hace poco era parroquial y tradicional.

Sin embargo, esta evolución ha estado acompañada del desmonte de varias instituciones que habían controlado el funcionamiento de la sociedad, había mediado en sus conflictos y regulado los mismos. Al menos, identificamos cuatro formas de control que cumplieron funciones importantes en las estructuras sociales colombianas y cuyos puestos hoy cada vez son menos importantes, sus oficios se han diluido y no precisamente han sido sustituidas, reemplazadas, y han dejado vacíos que se dejan notar con fuerza hoy en día. 

La primera institución la identificamos en los partidos políticos. Fundados a mediados del siglo XIX, se constituyeron en dos subculturas políticas que cumplieron la función de servir de integradores en un país fragmentado. Fuertemente clientelistas, las adscripciones políticas servían como oferentes de identidad y de pertenencia, al mismo tiempo que servían de instrumentos de control y de sujeción de sus militancias. Organizadas alrededor de un gamonal o cacique político, las clientelas eran fuertemente verticales y exigían la obediencia ciega a las directrices partidistas. La pertenencia a una clientela aseguraba el acceso a los servicios del Estado, y eso era clave para la subsistencia. 

Pero esto cambió desde el Frente Nacional. El fin de la competencia por el control del aparato público, la disolución de las fronteras entre los partidos, la modernización del Estado, cada vez más eficiente en la oferta de bienes y servicios, fue haciendo que la militancia, que la adscripción a una clientela fuera, de manera progresiva, una condición innecesaria en la vida urbana. Al mismo tiempo, la progresiva urbanización y el crecimiento de grandes ciudades fueron desarmando los lazos entre las autoridades tradicionales y las sociedades pueblerinas. Esto, que ya venía desde mediados del siglo XX, se aceleró con la Constitución de 1991, con la formación de nuevos partidos, la disolución de los partidos tradicionales y de sus clientelas. El derecho al voto a la mujer, en 1958, es quizá, el momento que resume el cambio.

Otra institución, poderosa, como es la iglesia católica, que logró un poder gigantesco en nuestro país, también ha vivido una pérdida de su puesto como autoridad moral colombiana. Esta institución, que controló la educación, tanto en su oferta como en su contenido, además del control del bautizo, del matrimonio y de los entierros, fue perdiendo estas funciones de manera progresiva a medida que el país se modernizaba. Una silenciosa transformación laica, una progresiva secularización social se fue presentando poco a poco, a medida que la sociedad dejaba de ser parroquial y se urbanizaba; a medida que los medios de comunicación facilitaban las aperturas culturales y ofrecían alternativas para otras representaciones y otros imaginarios colectivos. Una señal de la laicización de la sociedad colombiana es el incremento del control natal, que desde los años sesenta llegó al país y contra el cual la iglesia dio batallas, que siempre perdió. La transferencia a la mujer a decidir sobre su cuerpo fue un cambio de gran importancia y una de las pérdidas del control moral de esta institución.

De manera simultánea a estas transformaciones, se fueron formando grandes carteles del contrabando y del narcotráfico. Desde los años setenta el control de estas actividades ilícitas por dos grandes carteles significó la formación y consolidación del crimen organizado de manera vertical y fuertemente estructurado bajo el mando de unas pocas personas. Esto reguló la criminalidad, la cual por supuesto, se incrementó de manera dramática y fue definiendo nuevas rentas ilícitas. La desestructuración de estos carteles en los años noventa convirtió a estas rentas ilícitas, como la extorsión, el microtráfico, el robo de vehículos y el secuestro en campo de competencia por su control y se “desorganizó” el crimen organizado. Surgen numerosos cartelitos de la droga, la criminalidad urbana se dispara y se diluyen los sistemas de regulación centralizadas que existieron anteriormente. Los conflictos por el control de las rutas de contrabando, de los lugares de producción de la droga, de las alianzas con los carteles externos abrieron una competencia criminal que se ha acelerado en los últimos años. 

El cuarto gran poder que se diluye es el de las Farc. Esta guerrilla creó varios sistemas de control territorial; a sangre y fuego definió mapas de poder en varias regiones, logró el control de varias rutas de contrabando y organizó actividades criminales como la del contrabando, el narcotráfico y el secuestro, entre otras. La reciente desmovilización dejó a muchos territorios como espacios de conflicto para la explotación de las rentas delictivas. La conclusión del proceso de paz fue el surgimiento de otro conflicto por los controles territoriales que habían estado bajo el dominio de esta guerrilla.

En conclusión, la modernización del país y la acelerada modernidad, que han llegado para quedarse, han creado una nueva sociedad. Más urbana y conformada por familias menos numerosas y más educadas, eso es cierto, pero es una sociedad que vive en un país que es cada vez más inequitativo, donde se han acelerado las desigualdades, que son cada vez más visibles y notorias en estos rutilantes escenarios urbanos. La modernización que ha vivido el país ha servido para incrementar la concentración de riqueza y aumentar las desigualdades, de manera tan protuberante que hoy nos encontramos ocupando uno de los primeros puestos en la escala de inequidad mundial.

Los controles sociales y morales que operaron en el pasado de los partidos políticos y la iglesia hoy no funcionan, y no fueron sustituidos por otros. Esto, de por sí no es negativo, lo grave es que el sistema no integra a las nuevas generaciones, quienes se encuentran sin representación política, sin instituciones que los tengan en cuenta, y quienes expresan su desencuentro social por medio de explosiones de violencia, que en un primer momento se limitaron a las grandes ciudades y que hoy se expanden a las ciudades intermedias. Este es el ‘baile de los que sobran’ colombiano.