Diego Peña

Profesor Instituto de Estudios Urbanos. 

Podemos presumir que, como siempre, habrá poco de argumento de fondo y gran protagonismo de la camorra. Los escasos debates realizados hasta el momento están llenos de lugares comunes con discursos igualmente superficiales y propuestas bastante insulsas. Gobernar a Colombia constituye un desafío que haría pensar en la necesidad de que nuestros candidatos trabajaran tan arduamente en entender las problemáticas del país como lo hacen en las extensas jordanas dedicadas a definir las jugadas de su ajedrez político.

Uno de los temas sobre los cuales valdría la pena conocer propuestas se relaciona con el avance de la urbanización en el país y sus consecuencias. Con alrededor del 80% de la población colombiana viviendo en espacios urbanos y una proyección del 85% en menos de una década parecería un tema apenas importante como para ser analizado de fondo. Entre el 2012 y 2013 se avanzó en un estudio interesante desde el gobierno nacional denominado Misión Sistema de Ciudades que dio lugar a la expedición del documento CONPES 3819. Como la mayoría de estos documentos, por lo general dotados de un importante componente técnico respaldado por expertos y especialistas, su destino parece haber sido la desestimación y el olvido. El estudio traía datos interesantes tales como que las ciudades hoy aportan cerca del 85% del PIB nacional, pero existe en el país grados muy bajos de especialización en los diferentes centros urbanos, dificultades para aprovechar economías de escala y ausencia de una perspectiva estratégica en materia de sistemas de conectividad entre ellas.

La política nacional respecto a los centros urbanos ha sido fragmentada, segmentada y con un enfoque esencialmente sectorial que impide una operación de complementariedad entre las diferentes regiones y sus principales centros urbanos a lo cual se une una precaria planificación regional y, en general, supramunicipal. Existen varios problemas allí que infortunadamente no seducen electoralmente, pero que se encuentran en el trasfondo de muchos grandes obstáculos que impiden una acción pública más efectiva y conectada con las necesidades ciudadanas. Mencionemos solo algunos de ellos.

En materia de planificación territorial el país ha avanzado sustancialmente desde la expedición de la Ley 388 de 1997, la que permitió que, por vía de los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y los Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial, los municipios y distritos en el país se vieran avocados a proyectar la ocupación de su territorio y generar reglas que permitieran una distribución más ordenada y equitativa del mismo. A pesar de los avances, se trata de un proceso lento con resultados agridulces. Para el 2020, el 88% de los municipios en el país tenían sus POT desactualizados lo que tiene serias implicaciones en materia de tratamiento de zonas de riesgo y, en general, en la ocupación de zonas no aptas para la urbanización. ¿Por qué razón? En muchos casos porque dichos entes territoriales, especialmente los más pequeños, no contaban con capacidad técnica y financiera para realizar cosas tan básicas y necesarias como los estudios de amenaza y riesgo, y porque con frecuencia se cometen errores de procedimiento que impiden la correcta aprobación de modificaciones y revisiones de los POT. Con ello, tenemos un grueso de nuestros municipios operando con modelos de planificación desajustados a sus situaciones actuales. 

(Ver El 88 % de los municipios de Colombia tienen el POT desactualizado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)

Pero ese no es el único problema. Desde hace años se viene tomando conciencia de los efectos negativos de una visión excesivamente municipalista en esta materia que contrasta con la presencia de facto de realidades metropolitanas y regionales complejas. La misión para el fortalecimiento de sistema de ciudades identificó en el país 18 aglomeraciones urbanas con carácter metropolitano por sus relaciones funcionales y 10 ejes urbano regionales que ameritarían contar con esquemas de planificación y gestión coordinadas. Sin embargo, existen serias dificultades interinstitucionales para que esos territorios puedan ser administrados eficientemente. En el 2021 hicimos desde el Instituto de Estudios Urbanos una serie de boletines relativos a las áreas metropolitanas constituidas en el país donde es posible identificar en todos los casos profundas dificultades para el desarrollo de políticas de movilidad, seguridad y protección ambiental, entre otras, que permitan un desarrollo adecuado en torno a centros de atracción urbana con relaciones funcionales con centros de menor tamaño y espacios rurales.

(Ver Especial Áreas Metropolitanas)

Las ciudades pequeñas e intermedias con interacciones directas con centros urbanos grandes, especialmente las que tienen riesgo de entrar en procesos de conurbación, sufren una fuerte presión sobre su territorio sin contar con las herramientas y capacidades suficientes para garantizar un desarrollo ordenado y armónico, con lo cual se repiten los mismos patrones de informalidad y marginalización en sus zonas periféricas propios de las grandes urbes colombianas. Tenemos profundas dificultades en materia de coordinación entre entes territoriales y entre estos y la nación que pasan, además, por la ausencia de una política fiscal que permita robustecerlas.     

Dos temas adicionales que suelen aparecer como parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía pasan también por la necesidad de revisar el papel de los diferentes niveles de gobierno. El primero, la seguridad ciudadana. Los alcaldes municipales y distritales suelen aparecer ante la opinión pública como los grandes responsables de esta problemática cuando en realidad participan en solo una fracción de lo que constituye la política de seguridad y de criminalidad en el país. Así, por ejemplo, no tienen el verdadero control de la policía, no tienen capacidades de gobierno en materia de administración de justicia y participan marginalmente en el caótico sistema penitenciario y carcelario en el país. A ello, se debe agregar el hecho de que la criminalidad y la delincuencia también se ejercen en ámbitos supramunicipales que hacen necesaria una coordinación no solo con entes nacionales sino municipales,  departamentales y nacionales. Una propuesta nacional en momento electoral debería partir por definir con claridad esos roles y competencias para determinar quien es realmente el responsable de cada una de las facetas de esta política.

El otro gran tema es la movilidad. Los fenómenos metropolitanos o de aglomeraciones urbanas, como las denominó la misión ciudades, hacen necesarias una planificación de la infraestructura de movilidad a nivel regional, así como la constitución de sistemas de transporte en el mismo nivel. Sin embargo, la institucionalidad de soporte para esos objetivos es precaria, inestable, demasiado dependiente de los gobiernos locales y nacionales de turno, con lo cual se hace imposible una planificación de largo plazo. Se trata de una materia fundamental para el desarrollo del país que requiere también iniciativas pensadas estratégicamente desde el nivel nacional y con participación de las regiones.

Es difícil soñar con un año electoral caracterizado por la discusión sobre ideas y dentro de esto con la discusión sobre temáticas como las recién mencionadas. El panorama parece indicar que será más que un año para el debate, uno “de bates”. Esperemos que en el marco de la honda y agria confrontación política que se avecina al menos algunos de nuestros candidatos contemplen dentro de sus preocupaciones algunas temáticas como las planteadas en este escrito.