Fabio Roberto Zambrano Pantoja*

Surgió una crisis de legitimidad que trastornó a toda Hispanoamérica cuya primera consecuencia fue la de que los funcionarios del Estado español perdieron la legalidad de sus actos y como consecuencia el sistema administrativo colonial dejaba de funcionar de manera inmediata. Las consecuencias de esta situación ponían en peligro todo el ordenamiento de la sociedad, desde el sistema monárquico como el de los criollos.

La búsqueda de la elusiva legitimidad comenzó con la organización de las juntas insurreccionales peninsulares en mayo y junio de 1808, y desde ese momento los acontecimientos toman un camino que lleva hacia la modernidad política, al abandono de la política tradicional y por lo tanto a la revolución, a la mutación de la cultura política. La deriva de la crisis obligó a la búsqueda de recursos constitucionales para solucionar la crisis de poder resultante del apresamiento del rey y la defenestración del aparato del Estado. 

Los sucesos peninsulares pronto se dejaron sentir en la Nueva Granada, y se convirtieron en causales de las transformaciones del sistema político, propósito que no se estaba buscando. Los acontecimientos continuaron con las declaraciones de lealtad a Fernando VII en junio de 1808, evento en el cual se deja sentir que el entusiasmo del público era muy diferente al de las autoridades, aunque la fidelidad al monarca no estaba en discusión. Sin embargo, todo esto cambió en 1809 cuando la Junta Central Suprema peninsular convocó a elecciones con una participación desigual entre la metrópoli, con 36 diputados, y nueve representantes americanos. 

En Quito se organizó una Junta Suprema de Gobierno y al año siguiente se instalaron cabildos extraordinarios en varias ciudades de la Nueva Granada. Pronto este movimiento se extendió a Pamplona, Socorro, Cali, Tunja, Neiva, Girón, Santa Marta, Popayán, Antioquia, Citará, Timaná, San martín, Casanare, Nóvita, y por supuesto Santafé. En unos los argumentos autonómicos eran contra España, otros eran contra las capitales provinciales, como también contra la capital virreinal. 

Aparece en esos meses de mayo y junio de 1810 el retorno de la soberanía a los pueblos, al cuerpo político, para reafirmar los fueros de las ciudades y las villas en sustitución del monarca ausente, expresando una cultura política tradicional. Todos estos cabildos y juntas en las provincias tomaron otro cariz a partir del 20 de julio con los sucesos acaecidos en Santafé que concluyeron en la realización de un Cabildo extraordinario al finalizar la jornada. 

Estos no solo cambiaron las relaciones entre el Nuevo Reino de Granada con España, sino que también se replanteó la distribución de los poderes entre las provincias que conformaban el virreinato. En especial, esto se acelera cuando el 15 de agosto se expulsó al virrey Amar y Borbón de Santafé, acontecimiento que acarreó que las relaciones entre Santafé como capital y las provincias subalternas desaparecieran, puesto que se eliminó la estructura jurídica de la administración española. Por supuesto ca las lecturas eran muy diferentes entre las élites provinciales que entendían que Santafé dejaba de ser la capital, cosa distinta a como entendían los santafereños, quienes argumentaban que continuaban como capitalinos.

El Cabildo santafereño estableció una Junta Suprema de Gobierno, cabeza del gobierno supremo de todo el virreinato. Pero el retorno de la soberanía de los pueblos provocó que las provincias reclamaran el derecho a la descentralización, a establecer sus propios gobiernos y rápidamente surgen los argumentos federativos. Todo esto pone en escena la fragmentación del poder, que, con la expulsión del virrey y el cierre de la Real Audiencia, la soberanía se retorna a los Cabildos de las capitales provinciales. 

Este primer nivel del conflicto por los controles territoriales provinciales pronto dio paso al surgimiento de otras tensiones, esta vez en el interior de las provincias, como el que originó un enfrentamiento armado entre Cartagena, ciudad capital de esa provincia, y Mompox, la villa subalterna que luchaba por una autonomía y proponía la creación de otra provincia. Otro conflicto estalló entre la monarquista Santa Marta y Cartagena. 

No son los únicos enfrentamientos, pues también entre 1811 y 1813 estallaron conflictos entre Pamplona y Girón, entre Santafé y Popayán, Honda y Ambalema, Neiva y Popayán, Cundinamarca y Tunja, entre los pueblos de las sabanas y Cartagena, y luego entre Cundinamarca y las Provincias Unidas. Todos estos enfrentamientos, guerras, levantamientos han llevado a que se conozca a la primera república con el nombre de la Patria Boba, nombre desafortunado por demás, puesto que tapa la complejidad de las luchas por los gobiernos locales y la búsqueda de las autonomías provinciales. 

Luego de esta primera guerra civil de nuestra historia, de manera sorprendente se dio paso a la formulación de constituciones, doce en total, entre 1812 y 1815. Se destaca la constitución de Cundinamarca, de 1812, que fue la primera constitución política de Hispanoamérica. El camino constitucional ya se había definido en los mismos acontecimientos del 20 de julio de 1810, cuando se tenía claro que se debía pasar de la declaración de autonomía a la aprobación de una carta constitucional.  

En el corto lapso de cuatro años, desde la invasión napoleónica a España en 1808, hasta la aprobación de la Constitución de Cundinamarca de 1812, se transitó de una concepción de la política tradicional a la formulación de los principios modernos que más tarde, en la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, del 30 de agosto de 1821, se definió el ordenamiento legal republicano. Poco a poco, en estos aciagos años, se fue transitando de una concepción de una sociedad organiza en pueblos a una donde la soberanía residía en el pueblo, como quedó consignada en la carta constitucional de 1821.