Existe en Colombia un problema de gobierno urbano complejo marcado por la relación entre las ciudades, el Estado nacional y el Sistema Carcelario y Penitenciario. Para Yesenia Donoso, la situación del sistema genera tensiones entre el Gobierno Nacional y el de las ciudades. 

“El sistema integra el esquema de administración y justicia que jamás ha estado bajo el control de las ciudades, éste hace parte de las competencias del gobierno nacional, en el que existen debilidades a nivel institucional. Las cárceles son del resorte del Estado nación, en consecuencia deberían ser administradas por el Gobierno Nacional a través de entidades como el Ministerio de Justicia, la Administración Nacional y Penitenciaria o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)", señaló. 

Donoso agregó : "no existe una descentralización que otorgue competencias a las ciudades en relación con el manejo de las personas sindicadas o procesadas. Esto tiene fuertes implicaciones, la detención o la privación de la libertad debe venir acompañada de una orden judicial. Ya no existen órdenes de privación de libertad provenientes de autoridades de policía, aquí desapareció la diferencia del preso local y el nacional, ahí empiezan a fluir dos poderes: el judicial, donde los jueces toman la decisión de privar a la persona y la autonomía del municipio. No hay un punto de equilibrio entre la decisión del juez y la función del municipio",  explicó  Donoso.

Diego Peña, profesor del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), explicó: “algo por resaltar es un debate que se profundizó desde los años 80, que tiene que ver con el tema de la descentralización y la discusión en torno a qué hacen los diferentes niveles de Gobierno y cómo se distribuyen las competencias y el poder territorialmente. En relación con el Sistema Penitenciario y Carcelario esta discusión tiene hondas repercusiones en el tema de la seguridad ciudadana en las ciudades”, precisó.

Las personas que cometen delitos son detenidos preventivamente, juzgados y posteriormente condenados. "Hay un conjunto de tensiones muy fuertes entre los niveles de competencia de cada uno de los entes territoriales. En el Sistema Carcelario se hace evidente ese choque y esa dificultad, entre otras cosas porque no son los alcaldes los encargados de administrar justicia. Hay un problema de disfuncionalidad y de descoordinación que queda claramente expuestos en el trabajo de grado de Yesenia Donoso, y que invita a pensar en el problema de fondo de la descentralización en Colombia”, expresó el docente Diego peña. 

El académico Fabio Zambrano Pantoja resalta varios elementos de esta investigación: “es  importante entender las dinámicas urbanas y el gobierno urbano desde una disciplina distante, que es el Derecho. Esta disciplina es un instrumento fundamental para entender el gobierno urbano y los límites que existen actualmente. El trabajo hace una mirada desde la colonia que conduce a concluir que el Estado no ha logrado consolidar una estructura en el tema carcelario, algo que se repite en la Constitución de 1991”, aseguró el director del IEU. 

“El Sistema Carcelario mantiene presos de primera, segunda y tercera categoría. Es un tema que el Estado y la sociedad no han resuelto. Roces y dificultades entre el Estado local y el nacional para resolver un problema sin solución. Las estadísticas muestran que buena parte de los delitos se cometen desde las cárceles. Esto evidencia que no es un tema solo de la justicia, ni del aparato judicial, ni de las instituciones carcelarias, sino del gobierno urbano.” 

A su turno, el profesor Óscar Almario García resaltó lo novedoso que resulta el enfoque de este trabajo sobre el gobierno y la gobernanza de las ciudades. “Suele orientarse hacia las realizaciones en materia del presupuesto público y su entorno, en los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Hay menos estudios sobre los servicios culturales que la ciudad debería ofrecer en el contexto del mundo actual. Esta tesis es como si se viera al revés el mundo urbano.  Lo ve a partir de la situación carcelaria, en la que la población que ya está confinada por fallos judiciales, o por diferentes razones, finalmente es violentada en una serie de derechos que les asisten por su condición humana”, afirmó. 

“La pregunta que se hace la tesis es cómo se ha llegado a esta situación que Donoso llama inconstitucional, y que retoma una expresión de la Corte Constitucional. En esa materia carcelaria, se logra desentrañar el hiato y la falta de sincronía que existe entre el ámbito centralizado del Estado, que reclama la función punitiva y represiva de impartir justicia y que da origen al Sistema Carcelario. Por otro lado, ese mismo Estado reclama ese ámbito de actuación desplazada sobre las ciudades, en este caso Bogotá, donde está el centro político del país y que termina siendo un lugar para observar el sistema en toda la magnitud de su crisis”, reiteró el profesor Almario.  

Quien tenga la capacidad de producir las leyes, es quien gobierna

Un elemento clave tiene que ver con el trabajo de Quentin Skinner, de las Repúblicas urbanas italianas medievales, donde plantea que “quien gobierna es el que puede ejercer el imperio. Es decir, aquel que puede formular las leyes y quien las administra. En este caso el debate es pertinente alrededor del tema de las ciudades”, sostuvo Patiño Villa.

Por otra parte, Donoso Herrera menciona que dentro del trabajo, las preguntas o conceptos: “quién gobierna efectivamente es el que tiene la capacidad de producir leyes. Esta es una capacidad que tienen los gobiernos. En el trabajo se plantea, con una lectura de Max Weber, que quien tiene la capacidad de ejercer la autoridad tiene la calidad de gobernar e implementar leyes, y a través de ellas manifestar su autoridad. En ese sentido, sólo los Estados nacionales gobiernan”. 

“En el fondo, las ciudades no tienen forma de gobernar. Si no hay manera de producir leyes, no hay cómo gobernar. ¿Cómo se administra el Sistema Carcelario? Una es la decisión del juez y otra de quien la ejecuta. En esa medida las ciudades carecen de capacidad de gobierno. En realidad, las ciudades no tienen la manera de gobernar, ni de administrar la justicia y en ese sentido tampoco debería ser responsable del Sistema Carcelario”, dijo Donoso.  

Crisis frente a la descentralización del Sistema Carcelario en Colombia

Hay sectores del gobierno de una ciudad, que en el caso colombiano, tiene más coherencia. “Hay algunos temas en los que las ciudades pueden gobernar, ejemplo los de Ordenamiento Territorial. En el caso de la seguridad vinculado con el tema de justicia, estamos frente a un caso contrario. El gobierno de una ciudad no tiene la capacidad suficiente para gobernar en términos de seguridad. La administración del orden público está bajo la titularidad del Gobierno Nacional y así mismo las facultades en términos de justicia se encuentran en cabeza de instituciones que tienen cobertura nacional”, apuntó el profesor Peña. 

De acuerdo a lo expuesto, el profesor Zambrano mencionó: “es un tema que toca a la conformación de los estados, la situación en algunos países como Brasil, Ecuador, EE. UU., entre otros, es igual. Es un tema que remite a cómo se armó y conformó el Estado nacional, y estas dificultades de definir el Estado nacional y las dimensiones locales del mismo. No hay voluntad para mejorar el tema. La conformación del Estado nacional en general  es un tema que no se ha resuelto. Lo que se ve es un tema de la descentralización sin descentralizar. 

Yesenia Donoso indicó que la salida “es dar una discusión desde la perspectiva de gobierno. Todos han señalado que este problema siempre se ha tratado desde la perspectiva del Derecho. Se trata de analizar si la medida de privación de libertad debe disminuirse o ampliarse, si el hacinamiento debe resolverse construyendo más cárceles. No se ha dado una discusión a fondo de cuál es el problema. Esta no es una descentralización en el marco del Estado”. 

El profesor Peña sostiene que existe poco debate. “Ha sido un tema descuidado tradicionalmente, que incorpora la necesidad de la política criminal sobre la participación de los gobiernos locales en esa política. El Sistema Carcelario no debe ser una competencia de los gobiernos locales, en las condiciones como estamos. La gran pregunta que queda es: ¿qué de lo relacionado con la justicia y con los temas de seguridad ciudadana, sí debería corresponder a las ciudades? Porque un gobierno local no queda  exonerado completamente de participar en este tema”.

Finalmente, el docente Zambrano puntualizó “con este trabajo se abren muchos frentes, uno de ellos son las múltiples herramientas que encontramos para entender las dinámicas urbanas, las miradas que podemos tener sobre los temas del gobierno de la ciudad y la manera de entender esta conformación del gobierno urbano. Tanto del estado local y nacional. Esto remite a una dimensión urbana muy complicada del delito local. La percepción de la inseguridad es territorial. Además se reflexiona sobre las dificultades que tenemos en Colombia para compaginar los ritmos de lo local y lo nacional”.