Diego Isaías Peña Porras*

Según el mismo estudio, los hogares en déficit cuantitativo, es decir, aquellos que viven con serias deficiencias estructurales y de espacio y que requieren un nuevo lugar para vivir, corresponde a 1.263.000, es decir, el 7.5% del total de hogares en el país (sin contar las familias que viven en viviendas tradicionales indígenas).  Ese porcentaje se encontraba en el 2020 en un 8% y en el 2019 en 8,2%. 

En relación con el déficit cualitativo, el referido a los hogares que habitan viviendas con deficiencias no estructurales que admiten acciones de mejoramiento, las cifras se encontraban en 3.977.000 que representan el 23,5% del total nacional. En relación con el 2020, este porcentaje implica un leve incremento en tanto en aquel año se encontraba en el 23,4%, pero una disminución frente al 2019 cuando alcanzaba cifras del 24,6%. 

El tema de la vivienda resulta neural dentro de una política que pretenda luchar contra la pobreza y en favor de la equidad. Según datos de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE, para el 2017 los hogares gastaban en alojamiento, agua y electricidad el 28,7% de sus ingresos. Este porcentaje corresponde al total de la población, lo que indica que las cifras han de ser más altas para las franjas de población con menores ingresos. Respecto al 2007 el porcentaje representaba un incremento del 5%. Es decir, en el transcurso de 10 años los hogares debieron invertir más recursos en la vivienda en sacrificio de lo invertido en gastos como la alimentación. 

La política nacional de vivienda de las últimas décadas se ha concentrado en atender franjas de la población vinculadas al mercado formal del trabajo y a los independientes de ingresos medios. Los sectores con ingresos más bajos, que por lo regular desarrollan actividades económicas informales para subsistir, han sido sometidos sistemáticamente al olvido de las políticas estatales del nivel nacional. Salvo el programa de vivienda gratuita implementado a lo largo de la segunda década de este siglo, no es posible identificar programas de subsidios u otra naturaleza, enfocados a ese sector. Dicho programa fue, sin embargo, pasajero y problemático. 

Allí puede encontrarse la razón por la cual el avance en la reducción de los déficits ha sido tan escaso. La ausencia de sistemas de crédito para la población informal y la focalización de los subsidios fuera de los sectores más vulnerables ha conducido de manera constante a la permanencia del fenómeno de la informalidad en la vivienda y al deterioro de las condiciones de vida de los más pobres. 

En esa medida los anuncios recientes relacionados con el cambio de la política de subsidios y el interés en concentrar los esfuerzos en los sectores más vulnerables resulta plausible. El anuncio, sin embargo, debe estar acompañado de un respaldo presupuestal suficiente como para lograr demostrar en el corto y mediano plazo que no estamos condenados a sostener porcentajes superiores al 5% o 10% de déficit habitacional en el país. El impacto de una política agresiva en materia de vivienda es estructural en materia de gasto para los hogares, si se tiene que cuenta que cada peso ahorrado en alojamiento les implica la posibilidad de invertir más recursos en alimentación y bienestar. Cada peso adicional destinado a la vivienda, en sentido inverso, implica el incremento del hambre para los más vulnerables.     

Con este panorama, el desafío para la nueva ministra y para la totalidad del gobierno nacional estriba en encontrar la fórmula para articular los programas estatales con las formas de producción informal de vivienda usados por los sectores de menores recursos, sin olvidar los largos tiempos que exige la producción de este bien y la urgencia de responder pronto a la demanda. La idea de vincular asociaciones y organizaciones de vivienda popular al proceso es atractiva y necesaria, pero se debe adoptar con cautela en función de las necesidades en el corto plazo. Igualmente, será necesario pensar en modelos de subsidios que se articulen con los medios de autogestión de la vivienda y en función de los flujos financieros con que cuentan los sectores de menores ingresos. 

Frente al déficit cualitativo los desafíos parecen más grandes. En lo relacionado con la legalización, la regularización de asentamientos y el mejoramiento y la titulación de viviendas, la respuesta de los gobiernos nacionales ha sido escasa. Se trata de una franja en la que la legislación resulta dispersa y asistemática. Es de reconocer que durante el anterior gobierno se aprobaron un conjunto de normas como la Ley 2044 de 2020 y la 2079 de 2021 que tocan estas materias y abren posibilidades para mayores intervenciones. Sin embargo, el tema se encuentra disperso en estas y otras leyes como la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y diversos decretos. 

Una tarea pendiente es el análisis integral de esta materia y la construcción de una política uniforme y clara que sirva de base a los entes territoriales, con apoyo del gobierno nacional, para mejorar las condiciones habitacionales de sus habitantes, especialmente en zonas de origen informal. Ciudades como Bogotá vienen impulsando programas como el “Plan terrazas” que podría brindar luces en esta dirección, pero es innegable la necesidad de pensar con detenimiento y claridad diferentes alternativas para apoyar procesos de mejoramiento. 

En un país con tasas tan altas de urbanización como el nuestro y con una situación paralela de deterioro de las condiciones de vida en el campo, la reformulación de la política de vivienda aparece como factor medular para producir un cambio en la estructura socioeconómica y espacial, casi que al mismo nivel de los temas de educación y seguridad. 

Al observar las cifras electorales se puede concluir que las regiones de Colombia donde se supera el 50% de déficit habitacional, es decir donde más de la mitad de la población no tiene condiciones dignas en su vivienda, corresponden justamente a las que dieron el triunfo en las elecciones pasadas a Gustavo Petro: Amazonas, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Vaupés, entre otras. El nuevo gobierno tiene el gran desafío de responder a esa confianza y convencer a las otras regiones de que un cambio es posible. Impulsarlo implica adoptar plena conciencia de que la vivienda es un supuesto básico para vivir sabroso.