El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia dialogó con Luis Hernán Sáenz, director nacional de la Red de Ciudades Cómo Vamos, sobre el primer informe de Justicia Cómo Vamos, su metodología, principales hallazgos y recomendaciones. Este proyecto se realizó de manera conjunta con la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona y Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Este informe recolectó información entre los años 2018 y 2019, de 17 municipios del país pertenecientes a la Red de Ciudades Cómo Vamos: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá. 

Consulte los resultados del informe en: http://redcomovamos.org/justicia-como-vamos/ 

Primer informe de Justicia Cómo Vamos, ¿Qué motivó la realización de este proyecto y cuál es su principal objetivo? 

En la Red de Ciudades Cómo Vamos tuvimos una reflexión sobre el vacío que teníamos en temas de justicia; abordamos temas de seguridad y alrededor de ellos se mencionan algunos aspectos que se pueden asociar a la justicia pero no teníamos un trabajo profundo ni en los informes de calidad de vida ni en las encuestas de percepción, en el que se preguntara explícitamente sobre este tema. Era un vacío muy importante por llenar. 

Por otro lado, está el importante rol de la justicia para resolver conflictos en distintos niveles, frente al uso de instrumentos que llevan a otras instancias las discusiones y los conflictos aun cuando tenemos un sistema para resolverlos. Un sistema que muy pocas personas conocen, con entidades que precisamente están más cercanas a la ciudadanía y que permiten resolver conflictos, pero que muchas veces no se conocen y por tanto no se acude a ellas. 

Esto nos lleva a reconocer que el sistema como un todo tiene retos importantes de productividad y eficiencia, entre otras cosas porque las peticiones no se estructuran de una manera adecuada a lo largo y ancho de todo el sistema y porque adolece de temas fundamentales para su eficiencia. No solo hablamos de la rama judicial sino de las entidades que dependen de la Alcaldía y que juegan un rol importante en la relación Estado ciudadanía que se da en los municipios. Nos motiva poder aportar a una discusión importante en el país, sobre un sector que ha tendido a no hacer un ejercicio de monitoreo y rendición de cuentas. Es un llamado a que a través del fortalecimiento y la recolección de información que una Red como la nuestra puede hacer, se fomente esa transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué aspectos del sistema de justicia se evaluaron y qué metodología se implementó para la adquisición de la información? 

Por un lado tenemos una metodología cuantitativa que se basa en la recolección de información oficial vía derechos de petición a entidades locales y de la rama judicial en 17 municipios del país. También incluímos un módulo en la encuesta de percepción que hacemos todos los años para preguntar unos temas específicos que nos permitiera entender estos elementos de acceso, productividad, calidad y confianza. Y validamos esto con una serie de mesas de expertos para agregar enfoques adicionales que se pudiera dar al análisis. Es importante señalar que el informe recoge información de los años 2018 y 2019 y se convierte en una línea de base muy importante para lo que está pasando después del Covid, pues nos permite tener un valor de referencia pre-Covid que en adelante vamos a poder comparar. 

La estructura temática conceptual tiene dos partes generales: primero, lo que tiene que ver con percepción, confianza y acceso desde la ciudadanía, la percepción de la justicia en general y las instituciones que hacen parte del sistema y los retos en términos de acceso y calidad de la justicia. Segundo, la eficiencia, eficacia y productividad del sistema a partir de los datos locales, en términos de infraestructura, de recursos humanos y sistemas de información. 

¿Cuáles son los principales actores institucionales involucrados en el sector de justicia y cuál es el balance de ellos según el estudio?

No solo se trata de evaluar la gestión del sistema de justicia sino de brindar una ventana de conocimiento e información que acerque a los ciudadanos a entender qué es el sistema de justicia. En ese sentido, hacemos una definición de qué se entiende por sistema de justicia, cuáles son sus componentes y qué actores lo conforman en los niveles de la rama judicial, la rama ejecutiva, ministerio público y particulares. 

En este informe nos enfocamos en analizar a la Fiscalía General de la Nación, juzgados por categorías, casas de justicia, comisarías de familia, inspecciones de Policía y cárceles municipales para tener un primer acercamiento tanto a la productividad de la rama en sus niveles nacional y local como a un entendimiento de esas entidades del orden ejecutivo que brindan servicios de justicia en el territorio. 

¿Qué tanto los ciudadanos reconocen a estas entidades y hacen uso de ellas? 

Partimos de la hipótesis de que una gran cantidad de colombianos no conoce a la mayoría de las entidades de justicia. En esa primera pregunta sobre conocimiento e  imagen encontramos que los CAI y las estaciones de Policía son la principal puerta de entrada que tienen los ciudadanos para resolver algunos conflictos, cerca del 90% de la población encuestada los conocen; y el 85% dijo conocer las inspecciones de Policía. En un segundo grupo encontramos a las comisarías de familia, la Fiscalía y los juzgados que entre el 70% y 75% de los ciudadanos manifestaron conocer. Y en un tercer grupo tenemos a entidades que son muy importantes, ayudan a resolver conflictos, pero que la ciudadanía definitivamente no las conoce: centros de conciliación y conciliador en equidad que en algunas ciudades menos del 40% de los encuestados manifestaron conocerlas. 

Para 2019, dentro de las personas que respondieron que conocen las entidades, la imagen fue principalmente favorable. Casi 2 de cada 3 personas que conocen los centros de conciliación manifiesta que tienen una imagen favorable; en el caso de las comisarías de familia 3 de cada 4 personas tienen buena imagen, inclusive las Estaciones de Policía y el CAI también la tenían; esto ha cambiado con el tiempo, pero llama la atención que en promedio en las 17 ciudades el 43% tiene buena percepción y una imagen favorable de las entidades. 

¿Esta percepción varía dependiendo del municipio?

La percepción varía. Por ejemplo, respecto a las comisarías de familia, una de las entidades principales de este sistema, encontramos que en municipios como Zipaquirá y Chía menos del 40% de los ciudadanos manifestaron conocerlas, mientras que en Manizales, Socorro y Montería por encima del 80% de los encuestados dijeron conocerlas. En la imagen también varía, aunque en la mayoría de las ciudades la imagen es positiva dentro del grupo de quienes manifiestan conocerlas, hay brechas importantes, no se puede generalizar.  

¿Cómo suelen resolver los ciudadanos sus conflictos? ¿A qué entidades acuden principalmente? 

Los resultados en este sentido confirman una situación conocida en el país: tenemos una tendencia a resolver los conflictos por cuenta propia. En la generalidad de los 17 municipios que analizamos, algo más del 50% manifestaron que resuelven los problemas por cuenta propia, es decir que no acuden al sistema de justicia. Dentro de las entidades que resaltan como las principales a las que deciden acudir están los CAI y después la Fiscalía, las inspecciones de Policía, los juzgados y las comisarías de familia pero son porcentajes muy bajos. 

Es importante entender que esta pregunta se hizo después de reconocer y entender los conflictos que se presentan en las ciudades. Frente a una diversidad de conflictos se acude a diferentes entidades. 

Resolver los conflictos por cuenta propia también guarda una diferencia entre los municipios. El promedio está en 50% pero tenemos ciudades como Buenaventura y Armenia donde ese porcentaje supera el 60% y ciudades como Montería o Socorro que incluso están por debajo del 40%. 

¿Entre mayor conocimiento de las entidades más se acude a ellas? 

No necesariamente hay una correlación directa en todas las entidades. Por ejemplo en Socorro, una de las ciudades donde más se conocen a las comisarías de familia, en lo que respecta a violencia intrafamiliar naturalmente el porcentaje de personas que deciden resolver los conflictos por cuenta propia son inferiores. El conocimiento y el acceso del sistema ayuda y contribuye a que las personas acudan a él, pero no es garantía de esto. 

¿Cuáles son las razones por las que prefieren tomar justicia por mano propia y no acudir al sistema de justicia? 

Hay problemas de eficiencia, productividad y percepción muy evidentes en la ciudadanía. El 43% de los encuestados manifestó que no acude al sistema de justicia porque se demora mucho en resolver los casos. El 30% no confía en las entidades; esto guarda relación con la baja eficiencia pero también hay desconfianza en la forma en que el sistema resuelve los conflictos. Un 15% considera que la justicia tiene muchos trámites. Llama la atención que la parte económica no es la principal razón por las cuales las personas consideran que no se está acudiendo a la justicia, es decir, el costo de abogados o intermediarios. 

¿Qué papel juegan los centros de conciliación en los procesos de resolución de conflictos?

Desde hace 30 años se tomó la decisión de empezar a construir mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, una herramienta importante porque es la base sobre la cual se sustenta la creación de muchas de estas entidades. Los centros de conciliación juegan un rol fundamental porque permiten dirimir conflictos de cierta índole que se les presenta a los ciudadanos. Los servicios que prestan estos centros están ligados a la alcaldía y concilian problemas a nivel territorial con la ayuda de un tercero mediador. Es un mecanismo importante para dirimir los conflictos con soluciones pacíficas y acordadas entre las partes. El problema es que los centros de conciliación no se conocen, más allá de que no tenemos una cultura de resolución de conflictos de manera pacífica también hay problemas de acercar a la ciudadanía a estas entidades y a su rol.

Además de no conocer algunas entidades del sistema de justicia o no estar lo suficientemente familiarizado, ¿hay confusión en la entidad a la que se debe acudir frente a un conflicto en particular y las rutas que se deben seguir? 

Este es uno de los temas que queremos revisar en la segunda versión de Justicia Cómo Vamos. Más allá de reconocer los elementos del sistema, es importante entender la ruta de los servicios que prestan y dónde comienzan a presentarse retos de acceso, conocimiento y funcionamiento. A los ciudadanos se les presentan múltiples conflictos pero no necesariamente se entiende a dónde acudir y para qué hacerlo. Hay un tema importante relacionado con la educación ciudadana que limita la comprensión del sistema y la democracia en general; pero también indagamos en las distintas entidades cómo son sus estrategias de comunicación, si hacen una tarea eficiente para darse a conocer y para que los ciudadanos tengan formas de acceder a estos servicios fácilmente. En cuanto a las comisarías de familia, casas de justicia e inspecciones encontramos que no necesariamente en todos los municipios cuentan con una página web y no manejan las redes sociales como herramienta para acercar al ciudadano; hay problemas de funcionamiento, no funcionan 24 horas, esto naturalmente hace que las personas no conozcan, ni sepan cómo acudir, ni en qué momento ni a qué tipo de entidad.   

¿Cuál es el estado actual de las entidades de justicia a nivel local? 

El informe incluye un balance de cada una de las entidades que se revisó. Aunque no se puede generalizar, llama la atención que hay un déficit de comisarías de familia y en las existentes hay deficiencias en la infraestructura. Esto tiene un impacto en la prestación del servicio y su calidad. Encontramos que no necesariamente funcionan 24 horas, un tema fundamental porque parte del trabajo que cumple una comisaría es poder brindar atención todo el día. Esto está relacionado con los recursos humanos y la capacidad de prestar un servicio constante. 

Lo anterior está ligado a que cuando hacemos una revisión del rol de estas entidades en los presupuestos a nivel municipal nos damos cuenta que no necesariamente tienen un nivel de priorización, resultan más como apéndices de las alcaldías y eso se refleja el déficit de su infraestructura. 

También hicimos un análisis de las cárceles municipales y de los problemas de hacinamiento y su papel en los procesos de resocialización. 

¿Cuáles son los principales retos de articulación de estas entidades del nivel local con las instituciones nacionales? 

Este es un tema sumamente importante porque hay unas cadenas de procesos en las que se articulan distintos actores. Para resolver ciertos conflictos tiene que haber una articulación entre varias entidades. Hay un reto de fortalecer los sistemas de información que maneja la rama judicial para garantizar esta articulación básica entre las entidades y los sistemas de información. 

También hay retos con la articulación que tienen las entidades del nivel local como las comisarías de familia y las casas de justicia. Las comisarías de familia tienen una relación directa y constante con, entre otros, la Policía, el ICBF y la Fiscalía, pero no tienen acceso al sistema penal oral acusatorio que maneja la Fiscalía lo cual dificulta la eficiencia y efectividad de los trámites de denuncia que se generan. Esta falta de coordinación de los sistemas de información lleva a que las comisarías no puedan acceder a la información de denuncia que recibe la Fiscalía y viceversa. 

Un hallazgo importante es que no en todas las ciudades analizadas se cuenta con casas de justicia, las entidades que reúnen la presencia de la Fiscalía, las comisarias, las inspecciones y los centros de conciliación en derecho. Este es otro de los problemas que se detecta porque los ciudadanos no están encontrando todas las entidades que les pueden ofrecer los diferentes servicios del sistema de justicia. 

¿Cuáles son las recomendaciones generales de la Red de Ciudades Cómo Vamos para el sistema de justicia en el país? 

Las sintetizo en tres temas principales: el primero, es el concepto y la oportunidad que la justicia abierta ofrece para acercar a los ciudadanos al sistema y a mejorar el problema de conocimiento y confianza que tenemos. Vamos a fortalecer mucho más el concepto de gobierno abierto traducido a la justicia. Uno de los retos más importantes está en incorporar los principios de justicia abierta a los distintos niveles de política pública, tanto en la rama judicial como en las entidades a nivel local, para que de manera más clara puedan ayudar a conectar al ciudadano con estas entidades.  

El segundo tema tiene que ver con la efectividad y eficiencia del sistema de justicia: se requiere aumentar las capacidades institucionales, financieras y de gestión. Esto tiene relación directa con el rol que en la priorización  de inversión tienen estas entidades; en la medida que se fortalezcan las instituciones se puede traducir en mejoras de recursos humanos, infraestructura y el sistema de gestión e información. 

El tercero es la modernización y digitalización, en las que hay grandes oportunidades para fortalecer los sistemas de información que logran hacer más eficiente la gestión de la rama de justicia y la relación de ésta con las demás entidades. 

El trabajo que se viene estructurando desde el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales enfocado en la digitalización debe ser una oportunidad para que se incorporen temas de justicia abierta. Modernizar y digitalizar no nos pueden llevar a un camino donde perpetuamos los principios de poca transparencia, sino todo lo contrario. Combinadas justicia abierta con modernización y digitalización es una conjugación de oportunidades importantes. 

Este informe recolectó información entre los años 2018 y 2019, ¿en adelante se considera la publicación de este informe de manera anual? 

Justicia Cómo Vamos va a estar entregando informes cada dos años. Sin embargo, vamos a empezar a hacer monitoreo a los temas de justicia a nivel de los Informes de Calidad de Vida (ICV) que publica cada programa Cómo Vamos anualmente, lo que nos va a permitir hacer un monitoreo más continuo a este importante tema. Sin embargo, se nos viene un trabajo importante en dos líneas: Plan Nacional de Desarrollo y planes de desarrollo territorial 2023-2024, esto nos da un horizonte de tiempo para fortalecer esta primera versión del informe y estar presentando una segunda parte en 2023.