El Concejo de Bogotá tiene 90 días calendario para pronunciarse sobre el proyecto de revisión general de Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la Alcaldesa Mayor el pasado 10 de septiembre. ¿Esto qué significa y qué implicaciones tiene para la ciudad la aprobación del mismo?

Los tiempos para la revisión de un Plan de Ordenamiento Territorial están definidos por Ley de manera homogénea para todos los municipios del país. En ese sentido, hay que tener en cuenta que Bogotá, independiente de la relevancia que pueda tener en los debates políticos del país, a nivel jurídico tiene el mismo comportamiento de cualquier municipio de Colombia. 

De los 90 días asignados por la ley para el proceso de revisión general, hay que tener en cuenta los tiempos definidos para el debate de un proyecto de acuerdo. El Acuerdo 741 de 2019 que es el reglamento interno del Concejo de Bogotá, define que un proyecto de acuerdo (cualquiera que sea) tiene diez días hábiles para presentar ponencia, y ese término es prorrogable por una sola vez hasta por un tiempo igual. Esto pasa porque somos 45 concejales divididos en 3 comisiones permanentes que están compuestas por 15 cabildantes cada una.  Este POT por sus características se debate en la comisión primera permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que al final es el espacio donde se pueden hacer modificaciones y donde los veinte días hábiles terminan siendo casi 30 días calendario. 

La ponencia se presenta a la comisión en estos 29 días y ahí empieza el debate para ser modificada en cabeza de los 15 concejales que la componen.  Los quince votos deciden si se aprueba o se rechaza… Si se aprueba, pasa a la plenaria en donde los 45 concejales discuten y votan, pero ya no pueden modificar. Todo el proceso debe completar 90 días, so pena del silencio que le permitiría a la Administración Distrital expedir el POT vía decreto.  

Lo más importante de este proceso es que durante un año y medio, el gobierno de Bogotá viene adelantando los procesos de concertación que se requieren por ley para la formulación del POT, pero estos se vieron afectados por los efectos de la pandemia del COVID 19.  Esta situación llevó a que muchos ciudadanos sientan que no se hicieron escuchar y que sus necesidades no están cubiertas en esta propuesta, lo que necesariamente lleva a que el Concejo como representante de los ciudadanos, deba generar los esquemas de participación y lograr así, un acuerdo de ciudad como corresponde. Para todo eso, son 29 días calendario, ahí está el problema.

Como coordinador ponente ¿Cómo ve usted los tiempos para la discusión de la propuesta y qué tan factible resulta su deliberación?

Los tiempos son los que señalaba antes, la deliberación tiene que hacerse después de los primeros 29 días, que son los que se emplean para escuchar a la ciudadanía, a los gremios, las organizaciones sociales, los políticos, la academia, los urbanistas y todos los demás interesados para poder presentar modificaciones.  Hemos recibido propuestas de modificaciones de todos ellos y es una tarea muy difícil reunir acuerdos entre la administración y todos los ciudadanos que tienen opiniones o sugerencias sobre los cerca de 610 artículos más las situaciones cartográficas puntuales.

Bogotá, además de tener cerca de 9 millones de habitantes, es una metrópolis consolidada y reconocida desde mediados del siglo pasado cuando decidió crearse el Distrito Especial. En esa medida, Bogotá es una ciudad extensa que en la discusión debe incluir a la región. 

La deliberación es fundamental, el concejo debería adoptar por acuerdo este POT, considerando además que según el Consejo de Estado, el POT del Decreto 190 de 2004 perdió vigencia desde el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, eso no implica que se deban aprobar todos los artículos como vienen, porque si bien la norma está propuesta con base en la visión de gobierno de esta administración, hay que tener claro que esta es una visión de ciudad de largo plazo que debe permitir el desarrollo en perspectiva de una ciudad global.

En ese sentido, así los tiempos sean apretados, lo que debería hacer el Concejo es un esfuerzo gigante para adoptar un acuerdo que incluya la visión de ciudad que se ha construido con los técnicos y con quienes han hecho parte de los escenarios de concertación, pero también con los aportes de los concejales que, como representantes de la ciudadanía, se constituyen en la máxima autoridad administrativa de la capital. 

¿Qué opinión le merece la propuesta de delineación de 33 UPL como forma de reestructurar la planificación territorial de Bogotá?

En principio creo que la estructura de localidades debe revisarse porque definitivamente no han sido suficientes las que hay ahora para atender las necesidades de la ciudad. Las Unidades de Planeamiento Local se incorporaron en cumplimiento del mandato legal que trae la Ley 2116 de 2021 que fue sancionada el 29 de julio de este año. 

Esa ley dispone que los límites de las localidades deben coincidir con el plan de ordenamiento territorial y bajo esa premisa, se trajo la propuesta de dividir la ciudad en 33 UPL que se constituyen en el límite de las nuevas localidades. Sin embargo, esa es una discusión de largo alcance porque las localidades son estructuras político administrativas y las unidades de planeamiento local están descritas en términos de la planificación de la inversión y no del ordenamiento de la ciudad. 

En esa medida, hay que tener presente que las UPL no son equiparables a las Unidades de Planeamiento Zonal que tenían como característica fundamental delimitar los usos y las densidades en las diferentes zonas de Bogotá. Las UPL no juegan ese papel, porque en la propuesta que se debatirá, la norma urbana es absorbida por la cartografía general donde se establecen usos y actividades en todas las zonas de la ciudad y las predominancias son relativamente pequeñas respecto del área total de la ciudad. 

Así, las UPL parecen una decisión mediada por el afán de cumplir la ley, donde no hay un estudio técnico claro que vaya más allá de repartir proporcionalmente la ciudad en unidades administrativas (lo cual serán en la vida real) con un número de habitantes cercano a los 250.000. Nosotros hemos discutido alrededor de la idea de una transitoriedad en donde estas UPL no sean rígidas en límites ni en números, porque para definir eso se deben hacer unos procesos de concertación que fijen un criterio técnico sólido que además reconozca las identidades y necesidades reales de la ciudadanía. Las localidades, que son el fin esencial de las UPL tienen un impacto fiscal muy alto que debe discutirse también con el Concejo y con los ciudadanos, en tiempos más extensos y con posibilidades reales de participación efectiva. 

¿Qué observaciones podría hacerse a la iniciativa en relación con el tratamiento del tema regional, teniendo en cuenta el proceso actual de constitución de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y la próxima expedición de la ley que regulará la figura?

Algo que hemos encontrado con el equipo de trabajo que estudiamos este POT es que la región se quedó en el discurso de las primeras páginas del articulado, pero se queda además como un saludo a la bandera. A lo largo del articulado no se encuentran acciones claras con tendencia regional y en diferentes espacios con la administración hemos visto recelo de los funcionarios a comprender a Bogotá como una región de facto. Lamentablemente pesan más a veces las terquedades que el reconocimiento de la realidad en donde Bogotá funciona como una región metropolitana desde hace muchos años, donde no se pueden negar las relaciones directas o indirectas, donde no se puede seguir tratando a Soacha o a Funza como si no hicieran parte de la dinámica dela ciudad. Incluso, hemos tratado de incorporar elementos que visibilicen las relaciones con municipios como Choachí o Fusagasugá que sirve de nodo urbano para nuestra ruralidad en el Sumapaz. 

Bogotá tiene el deber de articularse con la región y por eso hemos incluido una serie de artículos nuevos que sirvan de “dientes” para la conectividad regional en materia ambiental, de ruralidad, movilidad o telecomunicaciones. La propuesta traída al Concejo es muy pobre para con la región y el Concejo no puede pasar eso por alto. 

¿Habiéndose presentado las ponencias, qué aspectos positivos se podrían resaltar del proyecto y qué falencias o vacíos generales requieren discusión? 

El proyecto tiene como positivo que impulsa la participación del Distrito en el desarrollo urbanístico y propone un rol muy importante en los procesos inmobiliarios, donde define una política de moradores que genera un margen de confianza sobre los proyectos de renovación. Trae también un importante énfasis en el sistema de salud y cuidado con un enfoque de género que reconoce las condiciones desventajosas en que se encuentran muchas mujeres y tiene un discurso de preservación ambiental en donde la concertación con la CAR fue producto de un trabajo conjunto y no de un ir y venir, lo cual trajo diligencia en la gestión del proyecto de acuerdo. 

No obstante, hay vacíos en el sentido en que por ejemplo, la propuesta no modifica sustancialmente las condiciones ambientales de la ciudad, por lo que llamar este proyecto como el reverdecer de Bogotá es una expectativa que no se desarrolla nunca. Otro debate es el de las vías, porque si bien se busca desincentivar el uso del vehículo particular, no genera de fondo una propuesta de movilidad más allá de la malla vial existente, no continúa la ALO norte porque  se tiene previsto el uso de vías regionales para descongestionar la carga, pero por el otro lado no crea mecanismos de articulación con la región; sobre ese mismo aspecto, se trata al Regiotram como un sistema de Bogotá, cuando la ciudad no tiene inversiones en la línea de occidente y por el contrario se ha negado a participar, así como no tiene ninguna incidencia sobre la línea del norte que a hoy está en veremos. 

Los tres grandes temas con vacíos: la regionalización, la movilidad y la vivienda.