“Todas las campañas tienen que llevar un libro de cuentas que se entregaba en físico al Consejo Nacional Electoral dos meses después de las elecciones. Desde 2011, Transparencia por Colombia inventó el aplicativo Cuentas Claras, donde los candidatos llevan de manera virtual estos libros”, señaló Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Sin embargo, “nos damos cuenta que la tecnología va más rápido que las autoridades, los partidos políticos y los candidatos, es muy triste ver que de los 117.000 inscritos solo 7.000 han hecho reportes de ingresos y gastos”, agregó.  

El Consejo Nacional Electoral (CNE) creó la Resolución 3097 de 2013 la cual dice que los reportes en ese aplicativo deben ser semanales. “Las autoridades otra vez están esperando que lleguen los libros en diciembre y estamos perdiendo de vista en tiempo real la posibilidad de saber, por lo menos de voz de los candidatos, de dónde están sacando el dinero para estas elecciones”, añadió Vargas. 

El tema evidencia la necesidad de una reflexión académica y de control ciudadano sobre los circuitos de responsabilidad que se están generando. Para Yency Contreras, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, “la forma de llegar al poder determina cómo van a ejercer el poder. Entonces ese circuito de responsabilidad que se crea cuando yo te elijo y financio tu campaña, hace que la persona que gana tenga un claro agente al cual responderle”.

Financiación de las campañas en 2015

Al tener tan pocos datos para las campañas de este año, los análisis se basan en el gasto de las pasadas elecciones locales de 2015. “Según los reportes de los candidatos, esos comicios costaron casi 500 mil millones de pesos, de los cuales el 0,05 % fue financiación estatal, los bancos solo le prestaron a quienes tenían buen historial crediticio, los partidos no tuvieron cómo financiar campañas, más del 90 % del dinero es de origen privado”, informó Vargas.

Según el análisis de la MOE, el 30 % del dinero privado de las campañas es de personas naturales y empresas, lo preocupante es que el porcentaje restante es dinero del candidato y su familia, lo que significa que los aspirantes se están quebrando. Además, Transparencia Colombia señaló que entre más dinero se gaste más votos se obtienen, entonces la MOE hace un llamado a las autoridades para que “revisen quiénes realmente financian las campañas porque lo que tenemos es un subregistro y no se conocen los verdaderos aportantes”.

“El ejercicio del poder, ante quién responden ellos, va a estar muy ligado a ese mecanismo por el cual se llegó al cargo y si la financiación es privada, va a ser un circuito de responsabilidad muy reducido con el que lo financiaron y no con el conjunto de ciudadanos del municipio”, agregó Contreras.

Para Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, “parte del problema que tenemos se debe a que las autoridades tienen poca capacidad para hacer seguimiento al tema. Sin embargo, tenemos un sistema de financiamiento que legalmente está bien, pero no funciona básicamente por la poca capacidad de fiscalización de las autoridades electorales. También porque la financiación pública que existe, mediante el sistema de los anticipos, es ineficaz por la tramitología y se prefieren los fondos privados”.

Unas elecciones con muchos perdedores

De acuerdo a una investigación en diez de las principales ciudades del país, realizada por el Observatorio de Gobierno Urbano, en las elecciones de 2011 la ciudadanía que ejerció su derecho al voto, representó en promedio poco más del 50 % de la población en las jornadas electorales para las alcaldías.

“Los candidatos que ganan en esas diez ciudades no superan en muchos casos el 20 % del potencial electoral, finalmente los que eligen son el 35 % de los que votaron, entonces si se ve frente a la cantidad de ciudadanos que deben representar, la legitimidad es muy baja”, dijo la profesora Contreras.

Esta situación está generando gobiernos ilegítimos “que les queda difícil llegar a acuerdos y gobernar porque hay tantos perdedores en nuestro sistema político, que hace el ejercicio de gobierno un poco más difícil”, añadió.

“Los análisis generales sobre el promedio de participación son muy importantes, pero nos plantean retos para entender las particularidades del sistema político en el país, porque definitivamente hay municipios donde la participación es muy baja y otros en donde es muy alta”, concluyó Contreras.