La discusión y análisis de los instrumentos de planeación en las ciudades colombianas debe remontarse no sólo en tiempo, sino en paradigmas, a la Ley 388 de 1997; incluso, para ser más exactos a la Ley 9 de 1989. No podría hacerse una evaluación de lo que significan, sin tener claro qué pretendían. Adicionalmente, es necesario tener presente en qué contexto se expidieron dichas normas y a qué objetivos de política respondieron. Por un lado, fueron expresión de la transformación política en las ciudades, y por el otro, el revitalizado papel de los gobiernos urbanos democráticos de mediados y nales de los años 90.

Se pretendía con estas normas, entre otros fines, dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, pero sobre todo, enfrentar las problemáticas producto de los acelerados procesos de urbanización de años atrás, los cuales generaron condiciones urbanas precarias para las poblaciones asentadas principalmente en las periferias de la ciudad (servicios públicos, acceso a vivienda, soportes urbanos, etc.); y fortalecer las posibilidades (al menos formalmente) y los instrumentos de los actores locales elegidos democráticamente, para traducir dichas problemáticas urbanas a través de una planeación desde el aparato público. 

En Bogotá, específicamente a partir del año 2000, con la aprobación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se inició un proceso que ha marcado la planeación en la ciudad. Por primera vez, en Bogotá se definieron de manera integral, bajo los principios constitucionales, reglas urbanísticas de corto, mediano y largo plazo que se estructuraron alrededor de las determinantes de superior jerarquía y el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios.

Estas fueron las bases iniciales de una etapa de la planeación territorial en la ciudad basada en un papel más activo del aparato de Estado, y que buscaba en instrumentos como el plan parcial, consolidar procesos de ordenamiento territorial integrales, no sólo de planeación, sino de gestión de suelo; con el fin de superar el desarrollo predio a predio, garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios (entre propietarios y entre estos con la ciudad), promover la gestión asociada, y la generación de una estructura urbana planificada que posibilitara el desarrollo de vivienda con los soportes urbanos necesarios para el uso y disfrute de la ciudad.

En los ámbitos académico y gubernamental son importantes los análisis de los alcances de las reglas establecidas con posterioridad a la Ley 388 de 1997. Incluso, Bogotá es un ejemplo por la innovación en las propuestas que ha implementado en desarrollo de su régimen urbanístico. Sin embargo, hoy es pertinente, frente a las permanentes discusiones sobre los impactos de los instrumentos creados, indagar más allá del alcance de las normas, y evidenciar en la práctica lo que este marco institucional ha producido. Específicamente, es importante, incorporar el tema del suelo, ya que se constituye en la columna vertebral de la movilización y redistribución de recursos públicos y privados (Maldonado, 2003)

Es decir, es necesario investigar de manera empírica cómo se expresan las reglas formales e informales¹en resultados concretos y evaluar el instrumento sin temor a adjudicarle más responsabilidades de las que tiene, o menos bondades de las que merece. Ese es parte del alcance del presente documento.

Este artículo hace parte de un proyecto de investigación académico más amplio que se encuentra realizando la autora desde el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sobre el sistema urbanístico en Bogotá en el que se incorpora un capítulo sobre los instrumentos de planes parciales en la ciudad: sus reglas, incentivos y resultados en un período de más de una década. Dicha investigación pretende evidenciar cómo funcionan los instrumentos planteados y su aporte al desarrollo de los principios y estrategias del ordenamiento del territorio en la práctica, no solo en el cumplimiento de sus objetivos particulares, sino en articulación con los demás y gestión), y los efectos que han producido sobre la estructura urbana. (Introducción del artículo)

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^{1. En este trabajo se asume que las instituciones entendidas como las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre, dan forma a la interacción humana y definen comportamientos. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico (North, 1990). En ese sentido, nos interesan las limitaciones formales (normas que idean los humanos), como las limitaciones informales (acuerdos y códigos de conducta).}