Escrito por:

Andrea Prado Blanco

Las calles y avenidas principales vuelven a lucir congestionadas de smog y tráfico lento. A esto se suma la llegada de la fiebre decembrina, en donde los centros comerciales se ven abarrotados de ansiosos compradores que aprovechan los descuentos de temporada. La ciudad formal retornó de manera orgánica al caos, al ruido, al aire denso y contaminado, al frenesí por el consumo y su consecuente producción -excesiva y aparentemente descontrolada- de basuras. Mientras tanto, la informalidad no detuvo su crecimiento precario en las periferias, en contravía de condiciones mínimas para una habitabilidad segura y digna. 

Este retorno acelerado a la normalidad, presionado por la activación económica y, posiblemente, por la búsqueda de sentido a través del consumo, enciende las luces sobre preguntas vitales para una sociedad que se enfrenta a la inminencia de la crisis ecosocial que muchos autores señalan. ¿Cómo vivimos en las ciudades?  ¿Cuáles son las decisiones locales que, desde la gestión pública y privada, se están impulsando para cumplir los mandatos legales que propenden por el anhelado “desarrollo sostenible”? ¿Cómo se está incrementando la conciencia pública y garantizando la participación ciudadana para un buen vivir igualitario? ² 

Mientras que los Estados continúan publicitando los acuerdos planetarios que buscan dicho “desarrollo sostenible”, el escepticismo de diversos sectores de la sociedad frente a la acción gubernamental aumenta. Y no sin razón, pues los compromisos por impulsar acciones concretas que a nivel nacional y local propendan por los cambios que esto requiere, se siguen fundamentando en una visión técnica y en los mismos mecanismos de planeación, gestión y participación ambiental que reproducen, sin cuestionar, un problemático modelo económico y social. 

A nivel urbano, hace apenas 5 años en la Ciudad de Quito, Hábitat III estableció una “Nueva Agenda Urbana” que -si bien reconoce problemas estructurales tales como la relación desigual entre urbe y ecosistemas de soporte, el aumento de población urbana y consecuentemente de asentamientos precarios- vuelve al lugar común de proponer la “buena planificación y gestión local” como medio para lograr ciudades “inclusivas, integradas, compactas y sostenibles”. Esta agenda se convierte en letra muerta ante la falta de cuestionamientos críticos frente al modelo de producción de ciudad, que estimula el desequilibrio socioespacial y prioriza el afán desmedido de lucro. Las ciudades se adaptan a la burocracia de turno y perpetúan esas lógicas que siguen sobreponiendo intereses privados y pujas político económicas, para favorecer la acumulación de capital a un costo social incalculable. A la vez, se da la espalda y se desconocen procesos de base comunitaria y ciudadana que podrían impulsar esas transformaciones.   

En una ciudad como Bucaramanga el retorno a la normalidad ha puesto sobre la mesa, viejas  cuestiones ambientales y urbanas sin resolver: la declaración de emergencia sanitaria que posterga el cierre definitivo del relleno sanitario Metropolitano; el contraste entre un crecimiento urbano que desborda los instrumentos de planeación, y el riesgo declarado sobre amplias zonas de asentamientos precarios en las escarpas norte y occidental, y en los cerros orientales de la ciudad; y una gobernabilidad ambiental debilitada por la disputa política que se dio los últimos años, frente a la autoridad ambiental urbana. 

Por una parte, el problema del relleno sanitario El Carrasco evidencia una oportunidad perdida para la cultura ambiental ciudadana frente al manejo integral de los residuos sólidos del Área Metropolitana de Bucaramanga; aunque existe un fallo de segunda instancia que ordenó su cierre definitivo en el año 2011, las alcaldías de los cuatro municipios que disponen allí el 97% de sus basuras, llevan 10 años prorrogando dicha decisión mediante declaratorias públicas de emergencia sanitaria. Además, la decisión pública -que no aún llega- para resolver el asunto, se ha centrado en la elección de un nuevo lugar para reubicar el relleno (prolongando una forma obsoleta en el manejo de residuos), o en encontrar alguna alternativa tecnológica que lo reemplace (con los altísimos costos que implica). Como si fuera menos importante, no se ha tenido la capacidad de promover una apuesta decidida y coordinada de educación ambiental que incremente la cultura ciudadana y que reduzca la excesiva producción y el bajo aprovechamiento de residuos que existe. 

Por otra parte, el crecimiento urbano desborda la capital Santandereana. Localizada en un ecosistema de bosque seco tropical, el abanico aluvial sobre el que se ha configurado históricamente la ciudad determina condiciones geológicas y geográficas complejas para la implantación urbana. Desde hace más de 60 años, Bucaramanga es conocida por la erosión de su suelo y por las frecuentes inundaciones que se producen en las cuencas de más de los tres ríos que la atraviesan ³. Tanto la ciudad formal como la informal, han moldeado el poco espacio disponible para seguir creciendo. La conurbación de los cuatro municipios metropolitanos demanda decisiones articuladas que dialoguen con un ecosistema de soporte, en el que las condiciones de variabilidad climática incrementan el riesgo de inundaciones y deslizamientos, principalmente en asentamientos precarios que se reproducen sobre las laderas más erosionadas al lado de ríos y quebradas. 

Las políticas públicas locales y los instrumentos de planeación han sido insuficientes para orientar la acción pública en materia ambiental y urbana, y no se observa una capacidad sostenida que aporte a la gestión territorial. Las pujas políticas por la autoridad ambiental y los intereses cambiantes de los gobiernos de turno, desgastan recursos públicos en costosos planes y proyectos que prometen ser innovadores, pero que no logran movilizar acciones concretas y se convierten rápidamente en documentos obsoletos, sin sostenibilidad institucional ni apropiación ciudadana. Solo por mencionar algunos de estos esfuerzos “perdidos”, señalo a continuación algunos de estos ejercicios: 

Primero el “Plan prospectivo para una ciudad sostenible 2009-2019” impulsado por la corporación autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga- CDMB, el cual nunca llegó a implementarse debido al inicio de la disputa política que le otorgó, temporalmente, la autoridad ambiental a la institución Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB. El segundo ejemplo fue impulsado años después (2016-2018) por esta última institución. Se trata de la formulación del “Plan Integral de Desarrollo Metropolitano” y del “Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial”, dos instrumentos fundamentados en la Ley 1625 de 2013 con el fin de establecer lineamientos para articular decisiones sobre hechos metropolitanos; no obstante, debido a que dicha institución perdió la señalada disputa de ejercer la autoridad ambiental, ambos se convirtieron únicamente en instrumentos de referencia. 

Los siguientes ejemplos se sitúan en Bucaramanga. El plan de Acción de ciudades emergentes y sostenibles desarrollado en el 2012 con el apoyo del BID y FINDETER, promovió una inversión importante en infraestructura urbana ⁴, pero estuvo lejos de lograr su pretensión de hacer de Bucaramanga una ciudad “sostenible”. Y por otra parte, el Plan Integral Zonal del Norte -PIZ formulado en el año 2017-2018 como un ejercicio pionero de planeación a esa escala zonal en la ciudad; aunque su desarrollo incluyó una estrategia de participación integradora, buscando convertirse en hoja de ruta para la transformación urbana de esta zona precarizada donde habitan más de 100 mil personas, después de formulado, ni siquiera fue compartido y articulado con las mismas organizaciones comunitarias que contribuyeron a su diseño. 

El balance frente a estas experiencias en donde reiteradamente se promociona la esperanza en que una buena planificación y gestión local son el medio para lograr ciudades “inclusivas, integradas, compactas y sostenibles”, hace que me sume al escepticismo frente a estos mecanismos. La errática acción gubernamental frente a la gestión del territorio, se asocia a una búsqueda de  fórmulas de innovación promovidas por consultores, técnicos y académicos que desconocen las particularidades del territorio y sus ecosistemas de soporte; son incapaces de escuchar y apoyar procesos comunitarios de base y esa desconexión, finalmente termina favoreciendo los intereses particulares de siempre. Esta visión técnica, instrumentaliza nuestras formas de vivir y habitar la ciudad, desdeñando el derecho a habitarla con igualdad de oportunidades. 

¿Cómo administramos lo público? En un territorio que tiene tantos vicios políticos y la especulación inmobiliaria lidera el crecimiento de la ciudad, administrar los intereses colectivos requiere el fortalecimiento de la sociedad civil. El ejercicio político frente al derecho a la ciudad se abre campo desde la acción ciudadana que, progresivamente y con pocos recursos, asume responsabilidades y exige transformaciones desde los barrios y asentamientos periféricos. Es urgente contar desde la gestión gubernamental con procesos que dialoguen, medien y articulen nuevas formas de vivir con las comunidades, incrementando la conciencia de que cada vez debemos ser más sensibles a lo esencial, defendiendo la vida digna y los intereses colectivos por sobre el ánimo de lucro.