El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el Programa nacional para la formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial: POT Modernos el 24 de octubre de 2016. En el Documento CONPES 3870, se estipula que, a través de este programa, el Gobierno nacional en alianza con el sector académico nacional e internacional y el sector privado, brindará asistencia técnica y financiera para que los municipios, distritos, departamentos y áreas metropolitanas actualicen o formulen sus planes de ordenamiento territorial bajo los más altos estándares técnicos de calidad.

El objetivo del programa es orientar y asistir técnica y financieramente a las entidades territoriales con miras de fortalecer las capacidades en materia de ordenamiento territorial y los instrumentos de gestión de la expansión urbana de cara a fenómenos que imponen desafíos importantes como lo son la aglomeración, la conurbación y la falta de instrumentos estandarizados a nivel internacional.

El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca convertir el ordenamiento territorial en eje de inversión pública y privada, teniendo en cuenta la necesidad de la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, ya que, según Simón Gaviria, Director del DNP, de los 1.101 municipios del país, 900 requieren actualización del POT.

De acuerdo al profesor Fernando Montenegro, arquitecto y profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, “el programa busca abrir caminos nuevos a un planeamiento más activo y comprometido con el desarrollo. Ello se hace en forma parcial, planteando una estrategia de apertura y ejemplo, con el fin de mostrar modelos concretos al resto de municipios en una intención técnica que no cambia el marco jurídico y de planeación. El tamaño de la muestra de acción es de fácil control y de implementación, evitando caminos libres, descontrolados o manipulados y con ello garantizando un cierto fracaso generalizado”.

Por otro lado, en cuanto a las alianzas que tiene el Gobierno, considera que “representa una estrategia de concepción central que busca nuevas alianzas que le permitan el deseado avance y la eliminación de los factores de fracaso como la corrupción, el desconocimiento técnico y la indolencia frente al crecimiento económico”.

El programa cuenta con dos componentes: el primero, inicialmente es de alcance general, abierto a todas las entidades territoriales influyentes en el ordenamiento, con respecto al segundo, está focalizado en un conjunto de entidades territoriales elegibles, que tendrá acceso a recursos del Presupuesto General de la Nación, a través del DNP y el Fondo de Adaptación. No se desestima que se puedan complementar con aportes de cooperación internacional, del Fondo Regional de Contratos Plan y del Sistema General de Regalías.

La Selección de las entidades territoriales beneficiarias del programa en el segundo componente se basa en criterios de elegibilidad y priorización. Para el primer criterio, se tiene en cuenta:

(i)Tener un POT desactualizado; (ii) pertenecer al Sistema de Ciudades; (iii) ser ciudad capital; (iv) hacer parte de áreas metropolitanas; y (v) estar localizado en territorios asociados a proyectos estratégicos para el país. Existen tres criterios de elegibilidad: (i) nivel de avance en el proceso de elaboración del POTD; (ii) número de municipios priorizados en el programa; y (iii) territorios con mayor riesgo asociado o asociados a proyectos estratégicos

Por otro lado, para la priorización se consideran nueve criterios adicionales:

(i) La categoría de ruralidad del municipio; (ii) el crecimiento poblacional; (iii) el comportamiento en el licenciamiento de nuevas urbanizaciones y edificaciones; (iv) el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); (v) la presencia de áreas protegidas; (vi) el Índice de Desempeño Fiscal; (vii) el Índice de Requisitos Legales; (viii) la ocurrencia de desastres por eventos naturales; y (ix) el Índice Ingresos Locales a través de POT. Con estos criterios se construye un índice (POT) que a mayor valor indica una mayor necesidad de asistencia técnica en ordenamiento territorial.

El profesor Montenegro argumenta que se parte en primera instancia del reconocimiento de la autonomía municipal, para ello se plantea la formulación como un proceso de asistencia técnica y no de imposición. En segundo término, se acepta como principio general la noción de una modernización de las oficinas de planeación y gobierno, la cual debe partir de la apuesta planteada, es decir, la concepción de una organización en torno de la nueva forma de trabajo. En últimas, se apunta a ejecutar opciones para comprender y planificar la región. Sin embargo, reconoce que “no se ve un componente importante en el ordenamiento rural, ya que el marco propuesto es relativamente similar a lo usado hasta hoy”.

La aprobación del programa “representa un cambio importante, pero no garantizado. Es una acción de modernización pionera y de apertura, sí funciona, habrá una nueva mirada, sí no, quedamos en una planeación regional vacía”. Además, la descentralización administrativa es difícil de deshacerse o de armonizarse con las dinámicas de poder que ellas generaron, así lo afirmó el experto.