El proceso de urbanización acelerada que se vivió en América Latina, a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, tuvo distintas expresiones en las áreas urbanas, no solo en términos formales, sino también en los procesos políticos, sociales y territoriales.

El crecimiento poblacional y de límites de las ciudades a partir de dicho momento también hicieron evidente las restricciones de los sistemas políticos para enfrentar las necesidades de servicios y bienes públicos de los nuevos pobladores urbanos, además de las demandas de los emergentes líderes locales por el derecho a gobernar.

Décadas después de evidenciar las consecuencias de dichos fenómenos en las ciudades, se asistió a la incorporación de distintos mecanismos para garantizar la apertura democrática, acercar el Estado al ciudadano y responder a dichas demandas. Estos procesos de democratización y de descentralización en su primera fase se expresaron en elecciones de mandatarios locales, modificación de las estructuras normativas e institucionales para fortalecer el papel del municipio y de sus actores políticos en la toma de decisiones de planificación y gestión urbana, entre otras.

Una de estas transformaciones fue la asociada con los procesos de reforma urbana que pasaron por redefinir el alcance del papel del Estado en la planificación y en la gestión de políticas asociadas con el suelo y con la propiedad en las ciudades. Instrumentos como los planes de ordenamiento, los planes directores o los planes de ordenación se pusieron en la agenda gubernamental como oportunidades para responder a los retos de las nuevas áreas urbanas, asociados con asentamientos informales, con la gestión de suelo para vivienda social, con la dotación de infraestructuras públicas, con la expansión urbana y con los límites de la ciudad; entre otros procesos.

Países como Brasil (1988) y Colombia (1991) introdujeron reformas importantes en sus constituciones políticas que sentaron las bases de lo que posteriormente serían reglamentaciones específicas para regular las materias asociadas a dichas cuestiones (el Estatuto de la Ciudad y la Ley 388 de 1997, por ejemplo). Basados en los principios de la función social y ecológica de la propiedad, la función pública del urbanismo y la distribución equitativa de cargas y beneficios, entre otros aspectos, se pretendió transformar no solo el papel del Estado, sino el del conjunto de actores que participan en la planeación y la gestión territorial.

Hoy, 20 años después de la creación de este tipo de instrumentos, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, a través de su Revista, Ciudades, Estados y Política, pretende recoger y socializar artículos de investigación, reflexión, ensayos y reseñas, que expongan el estado del arte de la discusión en el país y en América Latina.

Se espera a través de este volumen, denominado Ordenamiento territorial e instrumentos para el desarrollo urbano, contar con una primera descripción y evaluación de lo que significaron estas reformas, así como los instrumentos derivados de la transformación normativa. Para este número, Ciudades, Estados y Política presenta dos artículos de investigación, uno de reflexión, un ensayo, una reseña y una infografía.

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