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Nueve años del caso Space: causas y consecuencias de un problema estructural

Publicado el Domingo, 13 Noviembre 2022, en Divulgación académica, Destacados

Los profesores de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Jhon Jairo Blandón Valencia y Yosef Farbiarz, dialogaron en el Observatorio de Gobierno Urbano, de Radio UNAL sobre los ajustes normativos tras la tragedia del edificio Space en Medellín.

El 12 de octubre de 2013 colapsó la llamada torre 6 del Edificio Space, donde murieron 12 personas. Las autoridades locales evacuaron el resto del edificio y posteriormente debió ser implosionado​. El costo de la edificación fue de más de 40.600 millones de pesos.

Después de la tragedia se abrió un debate sobre las responsabilidades en este suceso. Se evaluó si se trató de un problema de control urbano, de ingeniería o fue un error humano. Para los invitados, la mayor responsabilidad del suceso recayó en el ingeniero, aunque el Estado y la constructora también tuvieron culpa.

Los sucesos

El profesor Farbiarz aclaró que no se trató de un edificio dividido en torres sino de una  construcción escalonada de diferente altura. “Eran seis etapas, donde la primera tenía seis pisos y la última 26. La sexta etapa fue la que presentó grietas en una de las columnas, prendiendo las alarmas, razón por la cual la municipalidad envió ingenieros y ordenó el desalojo. Después se supo que la columna se fracturó porque el edificio no soportó su propio peso. Eso significa que hubo una falta de diseño estructural, es decir, no es un problema de ingeniería sino de ingeniero”.

Aunque el edificio cumplía con la norma urbanística, su modelización no fue adecuada, además su diseño y documentos no tenían la calidad. “Este es un problema básico de ética de la profesión. El ingeniero decide arreglar la columna sin un acompañamiento apropiado, ni proteger la estructura. Ordena realizar unos trabajos de soldadura, calentando el refuerzo que ya era insuficiente. Ese proceso de calentamiento ocasiona la ruptura completa de la columna y el colapso del resto de la edificación. Es una cadena de pésimas decisiones”, explicó Farbiarz.

Este caso evidenció un problema en la revisión estructural de los proyectos. “No había un rigor en este aspecto, porque la norma dice que todos los diseños deben ser evaluados por las curadurías y revisores externos. De esta manera, el revisor o el curador deben evidenciar los errores en caso de que existan. Estos tres actores (diseñador, curador y revisor) hicieron mal su trabajo. Por eso se hizo una actualización a la norma, haciendo el proceso más estricto”, aclaró Blandón. 

Ajustes a la norma

En el decreto 33 de 1998 se estableció que todo diseño tenía que ser revisado por un par profesional, es decir, otro ingeniero. Se crearon las curadurías, entes afiliados a las oficinas de planeación de las municipalidades a cargo de personas privadas, que hacen el trabajo de revisión. Además, un revisor externo debe certificar que la construcción cumple con todas las normas de diseño y calidad. 

“Desafortunadamente hemos visto muchos casos donde esas revisiones también se hacían con falta de ética. Entonces la firma es de un diseñador amigo del ingeniero de la obra, que no hace la revisión correcta. Esta tragedia se pudo evitar porque los errores eran patentes y una buena revisión externa o de la curaduría los hubiera detectado”, expresó Farbiarz.

Con esta situación la norma no cambió pero sí se actualizó y se hizo más explícita. “Se especifica que es lo que debe entregar el diseñador y el revisor. Además hace claridad en los procedimientos cuando se utilizan programas de cómputo en los modelos. El problema es que quien hace bien su trabajo de revisión, es considerado como alguien que no quiere que avancen los procesos y no se entiende que su buena labor evitará fallas en el futuro”, analizó Blandón.

En 1984 se promulga el primer código de construcciones sismo resistentes. En 1997 se sanciona la ley 400, que se reglamentó con el decreto 33 de 1998, titulado normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente.  En 2010, la reglamentación se actualiza con el decreto 926.

“Aunque este  reglamento sigue vigente, la actualización se está escribiendo desde el 2017 y estamos a la espera de su publicación. Lo único nuevo es que en 2016 se promulgó la ley 1796 sobre vivienda segura. Esta se enfoca en aspectos de definición y claridad en las responsabilidades del revisor, el diseñador, las curadurías y las oficinas de planeación”, concluyó Farbiarz.

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    Realizada por: Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel

    Las opiniones contenidas en este artículo no expresan la posición institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

    • Etiquetas: Edificio, Medellín, Spice
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