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"No tener bien planeado o articulado el territorio es un tema de seguridad nacional", Román Meyer Facón, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México

Texto, Publicado el Viernes, 03 Septiembre 2021, en Noticias, Destacados

El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia dialogó con Román Meyer Facón, Secretario  de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México, sobre la visión de la urbanización en este país, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes de mejoramiento que se vienen implementando para responder al déficit habitacional.

Román Meyer Facón, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México / Foto suministrada por la entidad

 

Román Meyer Facón es Arquitecto, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene estudios de Maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona (UPC). Se ha especializado en Desarrollo Económico Sustentable y Urbanismo, con un enfoque social, de salud pública y prevención del delito.

¿Cuál es la visión de la urbanización hoy en México? 

Es una visión grupal. Dentro de la Secretaría de Desarrollo buscamos tener una planeación y un ordenamiento más democrático, participativo y simple. Queremos migrar de la óptica plenamente técnica que muchas veces carece de una validación social. Muy rara vez las personas confirman haber leído el programa de desarrollo municipal de la colonia donde viven, sin embargo es el instrumento que dictamina el uso del suelo, las densidades, quién puede hacer, qué, cómo y dónde en el territorio. 

Buscamos promover estos instrumentos como mecanismos de participación democrática e inclusiva de la sociedad para definir qué es lo que se puede hacer en las inmediaciones donde vivimos. Para esto debemos atender dos focos, por un lado, el 85% de los municipios no tiene actualizado su instrumentos de planeación con enfoque social y ambiental, esto implica que los municipios siguen entregando permisos de construcción sin los instrumentos adecuados. Esto probablemente ocurre en América Latina en diferentes magnitudes. 

Por el otro, buscamos simplificar el marco normativo, las metodologías de trabajo y empujar en el largo plazo los cuerpos técnicos mínimos a nivel central, estatal y municipal para que los instrumentos se puedan poner en práctica. No es tarea fácil, es un trabajo de comunicación y divulgación de los beneficios de tener estos programas que para nosotros son un tema de seguridad nacional. No tener bien planeado o articulado el territorio es un tema de seguridad nacional.  

Recientemente en una columna de opinión ud. hablaba de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, ¿cuáles son los principales objetivos de este programa, por qué es tan importante y cuáles son las expectativas que se tienen con su implementación? 

Es una obligación de ley que en la administración pasada no se había llevado a cabo y que tiene la finalidad de establecer una ventana de implementación de tres a cuatro décadas. El ideal es que cada plan de desarrollo tenga en consideración la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial con claros lineamientos para que se mantengan las políticas públicas en materia de desarrollo e inversión de grandes infraestructuras. Es el marco teórico. Busca que los programas de desarrollo estatales lo tomen en consideración y que se puedan homologar y actualizar con lo que corresponde a la ley de asentamientos humanos y otras leyes que se vinculan como las ambientales.

Esto nos ha servido como una base macro para atender programas de desarrollo regional como el Tren Maya, un programa que incide en cinco estados de la República, y las inmediaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo más importante es la instrumentalización de los programas, buscamos proyectos pragmáticos y que se puedan implementar.

¿Qué medidas se tienen previstas en el plan para resolver los problemas de desigualdad socio-espacial en las ciudades mexicanas? 

Promovemos la actualización de los programas de desarrollo y ordenamiento territorial y, en la medida de lo posible, de registros y catastros. Los gobiernos locales de México son los que tienen menos capacidad de recaudación fiscal en América Latina. Esto recae en que los catastros y los registros no están actualizados, no hay una base clara para su cobro. Probablemente el 80% de los municipios no tienen esta información actualizada. Esto permitiría que los municipios tuvieran los recursos mínimos básicos para garantizar la prestación de calidad de los servicios básicos, articulado con modelos más sustentables de densificación y desarrollo urbano. 

¿Cuál es la situación actual de México en torno al déficit de vivienda y qué acciones se tienen previstas para reducirlo?

Publicamos recientemente la última Encuesta Nacional de Vivienda con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que suministra información muy importante y coincide con lo que hemos venido haciendo para enfrentar el gran problema que tiene el país. En términos generales tenemos un déficit aproximado de 8,5 millones de acciones de vivienda a nivel nacional; la gran mayoría de este déficit se encuentra en los estados del centro y sur del país. Esto responde a que en las administraciones pasadas la política de vivienda se concentró en la producción masiva de viviendas de interés social a tres o cuatro horas de los centros de trabajo y se ubicaron en la zona norte del país; no hubo una intención social de poder atender el rezago. Gran parte de este rezago requiere acciones de mejora o ampliación de las actuales viviendas, ahí es donde hay que enfocarnos, por eso nos hemos dado a la tarea de implementar programas desde el gobierno federal de apoyos directos de autoproducción de vivienda, entendiendo que esa es la demanda y la necesidad particular. Estamos haciendo un esfuerzo por atender los estados del sur del país, entendiendo que debe ser un proceso de apoyo directo y asistencia técnica a estas familias. 

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    Entrevista realizada por Paola Medellín

    Las opiniones contenidas en este artículo no expresan la posición institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.