A propósito de esta fecha, el Instituto de Estudios Urbanos consultó a Carolina Lopera Tobón, Abogada y Magíster en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad EAFIT, quien coordinó el acompañamiento técnico y metodológico a la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín, con el fin de conocer su visión sobre los hechos de violencia contra las mujeres  y desigualdad que se presentan en las ciudades y su tratamiento a través de las políticas públicas.  

¿En qué espacios o dinámicas urbanas son más evidentes las desigualdades entre hombres y mujeres?

La formulación de la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales y la recopilación de información para construir el diagnóstico permitieron evidenciar algo que ya se ha manifestado por muchas mujeres a lo largo de la historia: las desigualdades entre hombres y mujeres tienen efectos en todos los planos de la vida de las mujeres. En consecuencia, buscamos priorizar aquellas problemáticas que pudieran impulsar una transformación cultural hacia una igualdad de género a partir de seis dimensiones: 

1. Seguridad y vida libre de violencia. Se evidencian comportamientos justificados violentos hacia las mujeres como consecuencia de la subvaloración que se le ha dado a lo femenino a través de la historia, y de esas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que han justificado social y culturalmente que existan actos violentos hacia las mujeres.

2. Participación social y política. Las mujeres participamos mucho pero no necesariamente se ven reflejadas en las decisiones, en ocasiones la participación no se logra en niveles altos porque existen barreras que impiden participar en niveles directivos y políticos. Particularmente en la participación política del país y la ciudad han tenido protagonismo los hombres. Las mujeres históricamente han sido excluidas de estos espacios por los estereotipos y roles asignados. Esto se ha venido corrigiendo en los últimos años en Colombia con incorporación de normatividad que busca la paridad entre géneros. No obstante las barreras fácticas aún persisten. 

3. Salud. Todo el sector salud debe incorporar el género como determinante social; la idea es que trasciendan a la diferenciación sustentada en el sexo, es decir, a las diferencias biológicas, e incorporen las comprensiones que se derivan a partir del género. El tema de salud mental, por ejemplo, se tiene que empezar a visibilizar desde el género y no simplemente desde el sexo, considerar las patologías que padecen las mujeres que se derivan de los múltiples roles y de la sobrecarga del trabajo doméstico. Adicionalmente, asuntos como los derechos sexuales y reproductivos que son fundamentales, necesitan incorporar el tema del género y las desigualdades para que podamos proponer proyectos de vida que no se basen en la maternidad o paternidad; para que los métodos anticonceptivos continúen siendo un derecho para las mujeres, pero también sean una responsabilidad de los hombres y para que la prevención del embarazo adolescente se trabaje tanto con hombres como con mujeres; para que las mujeres conozcamos las rutas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas por la Corte Constitucional y se puedan suprimir las barreras administrativas impuestas por algunos funcionarios de la institucionalidad; y para que en el abordaje sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos se incorpore el placer de las mujeres, tema que en nuestra sociedad aún continúa siendo un tabú.

4. Educación. Los modelos tradicionales de educación reproducen estereotipos y permiten que esta cultura patriarcal se perpetúe. El objetivo es incorporar el género en la educación en todos los sentidos: en el material que se utiliza, las metodologías aplicadas y las actividades realizadas, con el ánimo de que desde temprana edad se promueva la igualdad entre los géneros y que no se establezcan categóricamente unas áreas en donde las mujeres son buenas y otras en donde los hombres lo son. En el caso de la educación, las mujeres somos las que menos desertamos de los procesos educativos, sin embargo, las razones por las que hay deserción están relacionadas con embarazos no deseados y por el cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Existe una brecha importante tratándose de educación posgradual, las mujeres se ven obligadas a aplazar sus estudios de maestría o doctorado para convertirse en madres y asumir los roles que ello implica, distintos y desiguales a los que asumen los hombres. Los indicadores evidencian que las mujeres invertimos más tiempo en el cuidado y trabajo doméstico no remunerado con relación a los hombres. 

5. Autonomía económica. Las mujeres por ser las responsables mayoritariamente del trabajo doméstico y cuidado no remunerado ingresan menos al mercado laboral y cuando lo hacen, las condiciones no son las mismas. Las brechas salariales evidencian que así tengamos mayor preparación y cumplamos un cargo similar, tenemos menos salario que los hombres. Los impactos de la pandemia en la autonomía económica se agudizaron porque las mujeres perdieron significativamente sus empleos. Tendremos que trabajar en cómo transformar la cultura para que la economía del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado quede distribuida entre los miembros del hogar y que no sea una responsabilidad particularmente de las mujeres. También tenemos que buscar estrategias para que las mujeres accedan al mercado laboral formal con condiciones de seguridad social apropiadas e igualdad frente a los hombres. 

6. Construcción de paz. En Medellín las mujeres han impulsado procesos desde los territorios a través de las distintas iniciativas comunitarias que se desarrollan. Hemos sido afectadas de manera significativa por el conflicto armado largo, duradero y degradado, especialmente en hechos victimizantes asociados a la violencia sexual y desplazamiento forzado; adicionalmente las mujeres han tenido el reto de reconstruir los proyectos de vida de las familias en el lugar de recepción. Aun cuando esto es evidente, le hemos apostado a la construcción de la paz desde la base y esto requiere un reconocimiento desde los distintos sectores.

¿Cómo ve la igualdad de género en las políticas públicas urbanas del país? 

La categoría género se ha logrado incorporar en la formulación de nuevas políticas públicas en todos los sectores. El objetivo es que sea una categoría transversal, que pueda permear todas las políticas públicas. Desde allí, tanto por los convenios internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5 Igualdad de Género, se ha evidenciado la necesidad de que en las políticas públicas se incorpore el enfoque de género. Hay mucho camino por recorrer, pero los lineamientos internacionales y nacionales están orientados a que el género sea cada vez más considerado en el diseño e implementación de políticas públicas. 

Ud. coordinó el proyecto para la construcción de la nueva Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín. Cuéntenos de esta experiencia. 

Este fue un proyecto muy interesante que la Universidad Eafit tuvo el placer de acompañar. Fue un proceso de aprendizaje constante, muy democrático y participativo, en especial porque Medellín cuenta con una serie de organizaciones sociales y el Movimiento Social de Mujeres muy fuertes.  Es un tema que se tiene que abordar con todos los actores que hacen parte de la ciudad para realizar una transformación de las realidades. 

La Secretaría de las Mujeres de Medellín contó con un equipo de trabajo realmente interesado en que la política pública le apuntara a lo importante y se pudieran lograr transformaciones culturales de fondo. Acompañamos técnica y metodológicamente el proceso de la mano de la Secretaría de las Mujeres, con la participación de las dependencias del conglomerado público de la ciudad y también una participación activa muy sólida de las organizaciones sociales y el Movimiento Social de Mujeres. 

¿Qué aspectos contempla esta política pública? ¿Cuál es su principal objetivo? 

Esta política tiene seis dimensiones priorizadas, cada una de ellas tiene una problemática específica. El proceso de priorización fue arduo y contempló un trabajo riguroso en lo cuantitativo y lo cualitativo. Las desigualdades impactan todos los planos de la vida de las mujeres, por esto, el principal objetivo es lograr la igualdad entre mujeres y hombres con el ánimo de que las mujeres gocemos efectivamente de nuestros derechos y que esto no tenga ninguna consideración sustentada en nuestro género, orientación sexual, pertenencia etnico racial, y todas estas variables que históricamente se han constituido como una justificación a la discriminación y al trato desigual. 

Mucho se ha dicho que el éxito de una política pública depende de un alto componente participativo, en este caso ¿cómo fue ese proceso? 

El diseño de una política pública tiene un componente técnico que busca sustentar los asuntos en evidencias, pero el componente participativo que alude al factor político es indispensable. En esta política sí que era importante, porque este tema ha sido posicionado desde las organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad; el movimiento social de mujeres logró poner este tema en la agenda pública. Se realizaron grupos focales, entrevistas a expertas en cada uno de los temas, se aplicó una encuesta a 1.200 mujeres en Medellín para entender las desigualdades, se consultó a las mujeres que no se encontraban organizadas para saber cuáles eran sus problemáticas derivadas de las desigualdades entre hombres y mujeres, entre otros. Cuando presentamos el documento técnico de la política pública en el Concejo de Medellín también se generó un escenario de participación, se socializó la propuesta y se realizaron ajustes a partir de lo que fuimos encontrando. 

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Considera que las ciudades colombianas han avanzado en la eliminación de esta violencia? 

Hemos avanzado como sociedad en la identificación de que existen violencias en género que afectan en manera significativa a las mujeres. Por lo menos ya hemos incorporado normatividad a nuestro ordenamiento jurídico que las identifica como tal y establece un tratamiento específico a estas violencias. Sin embargo, existen muchos desafíos para la implementación adecuada de esta normativa de cara a la prevención de las violencias contra las mujeres, a su protección cuando la violencia ha ocurrido o es inminente, y a la reparación. Hay un reto particular para desarrollar estrategias que permitan interrumpir esos ciclos de violencia en los que se encuentran muchas mujeres y que impide que puedan gozar de sus derechos. Esto implica grandes esfuerzos en lo cotidiano y en el desarrollo de acciones por parte de los organismos de seguridad y justicia. Todavía tenemos que trabajar en el tema de la sensibilización de los funcionarios y funcionarias que en ocasiones se constituyen en barreras de acceso a las rutas dispuestas por los distintos organismos y dependencias para tratar los temas de violencia contra las mujeres. 

En ese sentido, tendríamos que tener rutas más claras que puedan poner a conversar los sectores de seguridad y salud, y avanzar en medidas de protección claras que eviten que estas violencias se continúen generando y que incluso puedan acentuarse. Necesitamos que las medidas de protección otorgadas sean efectivas, este es un desafío fundamental para los organismos de seguridad y justicia y de las alcaldías municipales. 

Vamos en ese camino; existen movimientos sociales y organizaciones que trabajan este tema y le exigen a los gobiernos nacional y locales, y a las organismos de seguridad y justicia, respuestas más oportunas, eficientes y pertinentes frente a estas violencias. A esto hay que darle protagonismo. 

¿Cuáles considera son los principales desafíos que tienen las ciudades para superar las inequidades entre hombres y mujeres y la violencia de género?

Las ciudades tienen desafíos muy grandes para prevenir y proteger a las mujeres cuando ocurre una violencia basada en género. Es necesario continuar fortaleciendo los sistemas de información locales que permitan caracterizar a las víctimas y a sus presuntos agresores. Continuar con los trabajos de articulación y coordinación con los organismos de seguridad y justicia; de sensibilización y capacitación a los funcionarios; otorgar acompañamientos psicosociales y jurídicos a las víctimas de violencias contra las mujeres para que puedan activar las rutas y para que no existan barreras de acceso que les permitan acceder a las medidas establecidas por la ley. 

Los gobiernos locales deben asumir una función cada vez más protagónica en estos asuntos; y en ese proceso de coordinación con los organismos de seguridad y justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional tienen que realizar estrategias para visibilizar estas violencias, para diferenciarlas de otro tipo de delitos, para trabajar en las violencias basadas en género que ocurren en el ámbito íntimo, pero también en los espacios públicos, y empezar a tomar medidas para evitarlas, prevenirlas y detectarlas. Es importante acompañar el proceso de empoderamiento de las mujeres para que ellas sepan cuándo se está frente a una violencia contra las mujeres y qué hacer cuando ocurra.