En el programa de radio Observatorio de Gobierno Urbano, de Radio UNAL, los invitados reflexionaron sobre la humanización de la iniciativa, la reorganización del sistema y el papel de los gobiernos locales en este proceso.

Contexto histórico

En el título dos de la Constitución de 1991 se incorporó el derecho a la salud en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. “Allí no quedó explícito que la salud era un derecho sino que se hizo referencia a la seguridad social. Luego con la Ley 100 de 1993 se creó un modelo donde unas personas cotizan y se recogen unos impuestos específicos para el sistema. Además, aparecieron las Empresas Promotoras de Salud, EPS, que reciben esos recursos públicos, mediante el mecanismo de Unidad de Pago por Capitación, UPC, a cambio de un Plan Obligatorio de Salud, POS”, recordó el profesor Hernández.

También se diferenció a los cotizantes del POS y los no cotizantes que estaban en el régimen subsidiado. Ese diseño implicaba que las EPS organizaban la prestación de los servicios para garantizar el plan de beneficios. Sin embargo, 30 años después el balance no es tan positivo.

“La gran duda es si estar afiliado garantiza el acceso a los diferentes servicios de salud de manera oportuna. Al mirar las sentencias de la Corte Constitucional y otras quejas encontramos que existen barreras de acceso, limitaciones administrativas y problemas de desplazamiento para llegar a los lugares donde prestan los servicios, especialmente donde se encuentran los especialistas”, recalcó Hernández.

A partir de 22 tutelas, la Corte Constitucional dictó la sentencia T-760 de 2008 que tiene como objetivo: “analizar diferentes facetas del Derecho a la Salud y valorar sus implicaciones con la finalidad de garantizar el goce universal equitativo y efectivo de este derecho”.

Propuesta de Reforma 2023
De acuerdo, con el doctor Hernández esta reforma propone un cambio estructural, cuyo eje central es la recuperación de la administración de los recursos públicos disponibles para la salud, tanto de cotizaciones como de impuestos. “La idea es que las EPS no sigan administrando esos recursos. Se busca que el actual fondo único, que lo dirige la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​, ADRES, sea desconcentrado. Es decir, que estos recursos vayan a unos fondos regionales”.

Por su parte, Jaramillo aseguró que esta reforma no habla de destinar más recursos a la salud, sino de una reorganización de los mismos. “El hecho que el Estado retome el control de la administración de los recursos no implica que el sector privado sea excluido de la prestación de los servicios. Lo que haría la ADRES es girar los recursos directamente a los hospitales. Aquí lo importante es fortalecer las auditorías y la vigilancia de los recursos para que no se generen casos de corrupción”.

Ante esta preocupación el profesor Hernández destacó que: “No es un ente que solo paga facturas, sino que se crearán redes integradas de servicios de salud, lideradas por los entes territoriales. Estas redes serán colaborativas para que los actores privados y públicos se complementen y no estén en la lógica de competencia por los pagos”.

Descentralización o desconcentración
En el tema de la salud y en diferentes ámbitos, se busca que haya un papel preponderante de los entes territoriales en el desarrollo local, regional y departamental, porque se entiende que el Estado no se reduce al gobierno nacional y al Congreso de la República.

Entonces no solo se trata de que los recursos lleguen a los territorios, sino que se conozcan las necesidades de las familias para que se presten mejores servicios. “El modelo de salud que se propone debe ser preventivo, predictivo y resolutivo, que se desarrolle atendiendo las condiciones de los territorios de salud, que comienzan en el hogar, pasan por el barrio, la vereda y llegan a la totalidad del territorio en salud”, señala el texto de la reforma. Según Hernández, lo que se espera es que en salud se tenga una visión de las necesidades poblacionales en el nivel municipal y departamental.

Los alcaldes y gobernadores tienen funciones importantes en la organización de los temas de salud pública. “El objetivo de la reforma es que en cada territorio haya un centro de atención básica y los gobiernos locales actúenen ese sentido. Sin embargo, es falso que a los gobernantes se les vayan a entregar directamente los recursos. Los municipios y departamentos recuperarán las funciones estipuladas en el artículo 49 de la Constitución, va a haber un papel más protagónico de las regiones, pero los recursos irán directamente al prestador ”, explicó Jaramillo.

Rediseño de la atención primaria
En estos momentos las EPS prestan servicios de atención primaria pero se basan en las personas ya enfermas. Se propone cambiar el modelo y tener una medicina preventiva, basada en las necesidades de las personas, que varían de acuerdo al territorio.

“Se asume una relación entre los servicios, las familias y las comunidades. Además tiene en cuenta sus condiciones de vida. Eso implica pensar en otro diseño, donde los Centros de Atención Primaria, CAD, tengan equipos de salud interprofesionales, con variedad de servicios y equipos tecnológicos. Se busca acortar las distancias y garantizar que todas las personas realmente puedan acceder a los distintos servicios, incluso en las ciudades donde aún persisten estas brechas” afirmó Hernández..

Para Jaramillo lo que se necesita es la reorganización de las redes de servicios. “La idea es construir más hospitales donde se requiera. Pero lo fundamental es fortalecer los 900 hospitales públicos que hay en el país y articularlos con las redes privadas para tener unos programas de atención más efectivos y que no haya problema en los sistemas de referencia y contrareferencia”.

Retos
Los dos invitados coincidieron en que la formación y la formalización del empleo para las personas que están en la salud es fundamental. “La reforma requiere de un vínculo estable y permanente del personal de salud. La precarización laboral que ha tenido el sistema es enorme. Se requiere un régimen especial de trabajo. En términos de formación, se está hablando con varias universidades y el Ministerio, de un programa estratégico de formación masiva de atención primaria, colectiva y pública”, resaltó Hernández.

Por su parte Jaramillo concluyó que la estabilidad laboral es importante para todos los profesionales y técnicos que hacen parte del sistema de salud, especialmente del médico general y la enfermera.

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