En el proyecto de  Constitución recientemente votado en Chile, uno de los puntos de la reforma se relacionaba con el tema de la vivienda. ¿En qué consistían estos cambios?

Una de las cosas más importantes de la propuesta de Constitución tiene que ver con el derecho a la vivienda y a la ciudad. Recordemos que Chile es un país mayoritariamente urbano y la Carta Magna vigente no lo recoge, ni siquiera aparecen las palabras ciudad y vivienda.

En los artículos 51 y 53  de la propuesta se abordaban los derechos a la vivienda, servicios, equipamientos y a vivir en un ambiente seguro. También, se planteaban cuestiones fundamentales en temas socio espaciales, que tienen que ver con la segregación. Además, se consagraba el suelo como un instrumento para la acción del Estado.  

En una siguiente iniciativa constitucional se deberían tener en cuenta todos estos elementos. Existe un consenso técnico en todo el articulado, respecto a la relevancia de estos derechos individuales y colectivos.  

Chile enfrenta una profunda crisis de vivienda. De acuerdo con cifras de Déficit Cero, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, 641.721 hogares se encuentran en déficit en el país, lo que supone la cifra más alta registrada en los últimos 30 años. ¿A qué causas se puede atribuir esta situación?

Efectivamente, el déficit habitacional del país ha ido creciendo y hemos registrado una de las cifras más altas de los últimos años. El factor de fondo tiene que ver con la brecha que se ha ido produciendo entre los precios de las viviendas y los ingresos de los hogares.

Eso ha hecho que un grupo importante, de la clase media, no pueda acceder a la vivienda y necesite la ayuda del Estado. Según nuestros cálculos, más del 50% de los hogares de la región metropolitana de Santiago no podía acceder a la vivienda propia en el mercado privado sin el apoyo del Estado. 

Esta brecha, también ha ido creciendo por factores socioeconómicos como el aumento de los hogares y de los costos de vivienda. El precio del suelo se incrementó un 10%, como promedio anual y hubo un alza fuerte en el costo de los materiales y de la mano de obra. 

Otro tema importante, tiene que ver con que la vivienda se ha transformado en un activo financiero. Un 43% de las compras de apartamentos en Santiago son de pequeños inversionistas, es decir, compran la vivienda para posteriormente arrendarla. A esto se debe el crecimiento sostenido de la demanda y que suban los precios. 

Hay que tener en cuenta que el déficit habitacional que tenemos hoy es muy distinto al que afrontamos anteriormente. En los 90, con la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar un problema fuerte de acceso a la vivienda. Sin embargo, el déficit de ese momento era más homogéneo y afectaba a las familias más vulnerables.

Actualmente, el déficit es heterogéneo y si bien afecta a las familias vulnerables también lo hace con sectores medios, inmigrantes, hogares con adultos mayores, entre otros. Por lo tanto, es un déficit más complejo.

¿Qué mecanismos planteaba la Constituciòn para superar este déficit? 

Una diferencia relevante respecto a la Constitución vigente es que no existen las palabras vivienda y ciudad, mientras en la propuesta constitucional que se votó en contra, si se planteaba. En esta iniciativa existía el derecho a la vivienda y a la ciudad. 

Además, planteaba varios mecanismos. El más importante establecía una política de un banco público de suelos, para remediar este déficit habitacional. En los últimos gobiernos se ha presentado la propuesta del banco pero en términos de política pública es muy débil. El hecho de que estuviera en el texto constitucional como uno de los instrumentos importantes del Estado, era un avance.

Había otros elementos como la captura de plusvalía por parte del Estado, junto con el derecho a la ciudad y a la vivienda. Esto hacía que el Estado estuviera obligado a generar instrumentos y herramientas en las leyes constitucionales  para cumplir con los objetivos que estaban en la Constitución.

¿Tras la desaprobación de la Constitución, qué mecanismos quedan ahora para mejorar este tema?

El nuevo gobierno planteó un plan de emergencia para atacar el déficit habitacional. Allí se aborda el problema de la vivienda con distintas estrategias, como la vivienda en propiedad e  incentivos al arriendo. 

Un ejemplo es la vivienda en propiedad por parte del Estado para ponerla en arriendo a precios justos. También se busca mejorar el subsidio de arriendo, iniciar algún tipo de políticas pilotos respecto a cooperativas de vivienda, incentivar la industrialización para construir de una manera más rápida y fortalecer el banco de suelos públicos.

Esas son las principales estrategias que está siguiendo el gobierno actual para enfrentar el problema. Hay una meta de aquí a cuatro años para entregar 260 mil viviendas, que ayudarán a paliar el déficit habitacional. 

¿Qué  papel se atribuía al Estado, las instituciones públicas y los privados en el marco de la nueva Constitución?

La nueva Constitución apuntaba a un rol mucho más importante de participación del Estado, sin dejar de lado los otros actores que son relevantes en términos de la generación de oferta habitacional, como son los privados, o la autoorganización de la sociedad civil. Es importante destacar que en un país donde el mercado es el principal asignador de recursos, el rol del Estado siempre ha sido secundario.

Esta propuesta constitucional, que lamentablemente se desechó en el plebiscito, apuntaba a un papel más preponderante del Estado. Varios actores de la política chilena coincidieron en la importancia que tiene el Estado en la construcción de la ciudad y en impulsar una política de acceso a la vivienda mucho más agresiva.

Otro punto es la administración del Sistema Integrado de Suelos Públicos con facultades de priorización de uso ¿Cómo se definirìa esa prioridad y qué tipo de usos aplicarìa?

La propuesta de nueva Constitución apuntaba a la generación de un banco de suelos, administrado por parte del Estado. El hecho de que haya estado en la Constitución como un mandato para el sector público, obligaba a múltiples organismos del Estado, que hoy tienen propiedad del suelo, a traspasarlos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para construir una mejor ciudad.

Actualmente, nos enfrentamos a diversos problemas en el traspaso del suelo e incluso desde instituciones públicas para el Ministerio. Por lo tanto, el hecho de que fuera un mandato importante de la Constitución hacía obligatoria la aprobación de  leyes para destrabar todos esos mecanismos de construción de ciudad. 

¿Qué otros elementos del proyecto de Constitución con relevancia para el desarrollo urbano resultaría útil rescatar de la propuesta y, por tanto, merecen ser tenidos en cuenta para el proceso que se avecina? 

La propuesta de Constitución en el ámbito de ciudad y de medio ambiente era bastante innovadora. Además, de que consagraba los derechos a la vivienda y la ciudad, la iniciativa abogaba por un medio ambiente libre. 

En Chile tenemos muchos problemas de contaminación atmosférica, por lo tanto esos derechos para la población de vivir en un medio ambiente limpio eran importantes a la hora de impulsar políticas más agresivas que las que tenemos actualmente.

Otros mecanismos interesantes eran el banco de suelos y la posibilidad de que el Estado a través de la generación de plusvalías pudieran capturar el valor que entrega la ciudad. Estos eran importantes para construir ciudades más integradas y sustentables.

Otros aspectos vinculaban la equidad sobre el cobro a los tributos y la inversión en espacio público y en general en la ciudad. Tenemos un sistema de administración de recursos que genera bastante fragmentación en términos de la inversión que puedan hacer los municipios. Estos son muy desiguales y, por lo tanto, aquellos que son capaces de capturar mayores tributos invierten en una mejor ciudad y en espacios más seguros.

Los municipios que tienen una recaudación fiscal más exigua, evidentemente tienen muchos problemas en términos de calidad del espacio público e inversión en calidad de vida de sus espacios urbanos. La propuesta de Constitución traía mecanismos de redistribución para resolver estos problemas.