Escrito por:
Fabio Zambrano Pantoja
Director del Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

En 1808 la Monarquía española colapsó de manera sorprendente. Esta crisis inició con la intervención de Napoleón en la península. La profundidad de la crisis, desatada por las abdicaciones borbónicas en Bayona, rápidamente se comprendió en todo Hispanoamérica como una crisis de legitimidad, como en efecto lo era. Ante la ausencia del monarca surgió la pregunta de quién debía gobernar.

El colapso iniciado en 1808 fue más allá de la desarticulación de un imperio, fue tan profundo que implicó la búsqueda de recursos constitucionales. La respuesta a esta crisis es el momento fundacional del constitucionalismo, del conjunto de normas y reglas, escritas o no, que fueron el resultado de las leyes fundamentales y de la voluntad política de los actores de estos acontecimientos. 

Las primeras declaraciones de lealtad a Fernando VII, en junio de 1808, estuvieron acompañadas por manifestaciones de fidelidad incondicional a las autoridades virreinales y por extensión de los neogranadinos al monarca, representadas estas en las juras de fidelidad. Sin ninguna duda, hasta entonces, la sociedad era fiel a la Monarquía católica en cabeza de Fernando VII. Pronto esto cambió y los acontecimientos tomaron la senda de la revolución. 

Es innegable que las constituciones de la Primera República (1811-1815) estaban marcando la pauta de una profunda revolución política. En ella existe la voluntad de otorgar un gobierno autónomo, el cual funda su legitimidad en la soberanía del pueblo, y emplea un lenguaje político propio de la Modernidad. El pueblo, el nuevo soberano del pacto social es el gran fenómeno que surge en la primera República, por ello, sin ninguna duda, este momento es cuando se inicia la revolución política que conocemos como el de la Independencia. 

Sin embargo, no hubo un solo momento de paz durante la primera República. Los discursos sobre los derechos del hombre y del ciudadano, los nuevos símbolos como los árboles de la libertad, las campañas electorales, en fin, toda esa ilusión de la aplicación de los principios de la Modernidad fue, apenas, un momento de manifestaciones llenas de optimismo, expresadas al comenzar la aprobación de las Constituciones en 1811 y 1812. 

La fiesta que encontramos en estos primeros dos años de nuestra primera República resultaba del convencimiento de que, con solamente aprobar estas novedosas cartas magnas, la felicidad llegaría a la Nueva Granada. La realidad de los hechos demostró que lograr esto era más difícil de lo que parecía, pero nunca se perdió el propósito fundamental de esta revolución: la construcción de un sistema democrático, imperfecto por demás, como lo fue y en buena parte lo sigue siendo.

El inicio del experimento democrático con la convocatoria a elecciones, además de todas estas manifestaciones optimistas, también estuvo acompañado de la guerra. Las tensiones acumuladas, la competencia por las jurisdicciones, la defensa de los intereses de los poderes locales, la movilización de las clientelas, la influencia de la crisis de la Monarquía, los ecos de las revoluciones francesa y norteamericana, todo esto se juntó y se manifestó en la guerra.

El 20 de julio de 1810

Las juntas de gobierno constituidas entre mayo y julio de 1810, entre ellas la de Santafé el 20 de julio, tenían como elemento común el retorno de la soberanía a los pueblos, pensado como cuerpo político no como el conjunto de individuos. El discurso político emplea términos como Estado, independencia, federación, así como igualdad, libertad y soberanía para reafirmar los fueros de las ciudades y villas y para suplir la desaparición del monarca. En este momento de crisis, es la tradición la que se impone, todavía no lo hace la Modernidad, que lo va a hacer a partir de 1821.

Los sucesos del 20 de julio no solamente marcaron un cambio en las relaciones entre el Nuevo Reino de Granada con España, sino también un cambio en los equilibrios del poder en el interior de este virreinato. Cuando se expulsa al virrey y la Real Audiencia de la capital el 15 de agosto, las relaciones de autoridad entre la capital y las provincias desaparecieron y por lo tanto también la condición jurídica de Santafé como capital, así lo ven las capitales provinciales, no precisamente la dirigencia santafereña.  

El retorno de la soberanía a los pueblos abrió el camino a que las provincias sustentaran el derecho a establecer sus propios gobiernos. Así, el predominio de las ideas federativas que comienzan a argumentarse forma parte de la interpretación que hacen los criollos de la crisis de la monarquía, del vacatio regis, y de la aplicación del derecho natural católico en un momento en que la legitimidad de la monarquía ha desaparecido producto de la decapitación simbólica del cuerpo político. 

El Cabildo de Santafé creó la Junta Suprema de Gobierno mediante un Acta, que luego, más tarde y no en ese momento del 20 de julio de 1810, fue considerada como declaratoria de la Independencia. En ella asume el gobierno supremo del reino, y afirma su condición transitoria mientras se redacte una Constitución “a que afiance la felicidad pública, contando con las nobles Provincias, a las que en el instante se las pedirán sus diputados”. Así, la Junta de Santafé asumió el gobierno interino de todo el reino, consolidado con la expulsión del virrey, primero a Cartagena, donde permaneció preso hasta su posterior remisión a España. 

La eclosión juntera y las declaraciones de la Junta de Santafé pusieron en evidencia la fragmentación del poder y de su dispersión en la amplia geografía de la Nueva Granada. Ahora, sin la presencia del virrey y del más alto tribunal, la Real Audiencia, se genera la reversión de la soberanía a los Cabildos de las ciudades capitales de las provincias, apoyados en la desaparición del aparato administrativo virreinal. 

Muy rápidamente hacen su aparición las tensiones acumuladas que existían entre las provincias, ahora con los argumentos entre el centralismo y el federalismo, especialmente luego de que Cartagena, Antioquia, el Chocó, El Socorro, Casanare, Neiva, Mariquita, Pamplona y Tunja establecieran sus Juntas de gobierno, mientras Riohacha y Panamá se mantuvieron fieles a la monarquía. La desagregación del poder en los fragmentos que representaban las provincias pronto mostró que la división era mayor. Fueron varios los casos de fracturas de las provincias, uno de ellos, el más conocido, es el de las rivalidades entre Mompox y Cartagena; otro, no menos importante el que estalló entre Santa Marta, bastión realista, y Cartagena.

La villa de Mompox era un poderoso centro urbano, que controlaba la navegación por el río Magdalena como también varias rutas de contrabando. De estas actividades se derivó el desarrollo de un centro de comercio muy importante, dirigido por una élite vigorosa. Sin embargo, no pudo recibir el reconocimiento como ciudad y a pesar de sus constantes peticiones la Corona mantuvo su condición de villa, dependiente de Cartagena. En 1810 aprovechó la crisis para insistir en la constitución de una provincia autónoma, acción que produjo el enfrentamiento armado con la capital provincial, Cartagena, en enero de 1811.

No es el único, pues también se registran enfrentamientos armados entre 1811 y 1813 entre Pamplona y Girón, entre Santafé y Popayán, Honda y Ambalema, Neiva y Popayán, Cartagena y Santa Marta, Popayán y Pasto, Socorro y San Gil, Cundinamarca y Tunja, entre los pueblos de las sabanas de Tolú y el Sinú contra Cartagena, y entre Cundinamarca y las Provincias Unidas. 

Un testigo de los acontecimientos afirmaba que: “Todos opinan, todos sospechan, todos proyectan, todos temen; cada hombre es un sistema y la división ha penetrado ya hasta en el seno de las familias. Entretanto el descontento va cundiendo; el Gobierno va perdiendo la opinión; el trabajo ímprobo de los verdaderos patriotas va siendo infructuoso y acaso perjudicial por no acomodarse a las circunstancias, y todos permanecen en una expectativa cuyo fin será espantoso”. 

Además, el 19 de septiembre la Junta Superior de Cartagena dirigió a todas las provincias un Manifiesto en oposición a la Junta de Santafé proponiendo un congreso general en Medellín para adoptar la forma de gobierno federal. El historiador José Manuel Restrepo, en ese momento miembro de la Junta de Antioquia, protestó por esta convocatoria y manifestó que: “Donde quiera que hubo un demagogo o aristócrata ambicioso que deseara figurar, se vieron aparecer juntas independientes y soberanas”.  

El 22 de diciembre se instaló el primer Congreso, apenas integrada por las provincias de Santafé, El Socorro, Pamplona, Nóvita y Mariquita, evento que se clausuró en medio de la impotencia de reunir un grupo más representativo, mientras las demás Juntas persistían en sus autonomías o regentismo.  Ante este fracaso, el 28 de febrero de 1811 se instaló el Colegio Electoral con la participación de cincuenta y tres electores, con la presidencia de Jorge Tadeo Lozano.  De aquí va a salir la primera constitución de Hispanoamérica: la Constitución de Cundinamarca.  

Esta primera República, decapitada en 1815 con la reconquista de Pablo Morillo, marcó el camino constitucional colombiano. Es por ello nada más inexacto, nada más injusto, que llamar a este momento el de la patria boba. La guerra civil intestina que la acompañó fue la manifestación de las fracturas de los poderes de las ciudades, de las competencias por las jurisdicciones de las villas y por las autonomías de las provincias. Fue nuestra primera República y nuestra primera guerra civil. Quedó marcado el camino del siglo XIX.