Para la profesora Marlene Márquez, investigadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento, de la Universidad Nacional de Colombia, la situación de las personas mayores de 60 años en el país ha estado marcada por el abandono, la discriminación, la estigmatización y el desconocimiento. 

Uno de los avances más significativos en el trabajo por los mayores adultos en el país ha sido la política pública nacional construida en 2007 y ajusta en 2015, que plantea como parte de sus objetivos propiciar una vejez autónoma, digna e integrada, en el marco de los derechos humanos y en condiciones de igualdad y de vida saludable. (Ver aquí Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez) 

“El aporte más importante de la política pública es el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad”. Sin embargo, “esta no pasa de ser letra muerta”, manifiesta la profesora Márquez.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, de la población total proyectada para Colombia en 2018, el 11 % tiene más de 59 años, y de estos el 50 % tiene entre 60 y 66 años de edad. A diciembre de 2018, el 14 % de la población afiliada a salud era adulto mayor y el 41 % residía en Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. 

En cuanto a su condición financiera, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe) 2015, otro de los tardíos avances reconocidos por la académica, determinó que solo el 29.1 % de la población adulto mayor recibe ingresos del sistema pensional. “En esa lógica, los viejos viven de recursos propios y la mayoría de los programas sociales son supremamente asistencialistas y no solucionan los problemas de fondo”, expresa la profesora Márquez. 

En todo esta situación hay un problema que la investigadora considera como “fundamental”: el equívoco imaginario que se tiene sobre la población adulto mayor, al asociarla con enfermedad, invalidez, incapacidad e improductividad. “Esta concepción ha impedido que se desarrollen políticas públicas en los territorios para su atención. En la misma política nacional hay un discurso doble, en el sentido que plantean a los adultos mayores como sujetos de derecho, pero lo que brindan en realidad son subsidios y estrategias asistencialistas que de por sí son insuficientes”, afirma.  

El adulto mayor en la pandemia 

Desde el inicio de la pandemia se aseguró que los adultos mayores eran los más vulnerables al virus. Las primeras caracterizaciones de las víctimas en China, donde se originó el virus, hablaban de que casi un tercio de los fallecidos tenía entre 70 y 79 años (30,5%) o entre 60 y 69 (30,2%), mientras que los mayores de 80 años suponían la quinta parte de las muertes (20,3%). (Ver aquí ¿A qué edad se está muriendo por coronavirus en el mundo?) 

En estas circunstancias, una de las primeras y más estrictas medidas del gobierno nacional fue el aislamiento preventivo obligatorio y permanente de esta población. A pesar de que de manera gradual se han activado algunos sectores y se ha permitido la movilización, los adultos mayores permanecen en sus casas desde el 24 de marzo y, por ahora, hasta el 31 de agosto. Al 26 de junio, el número de fallecidos por coronavirus en el país era de 2.811, de los cuales 691 estaban entre los 70 y 79 años, 674 entre 60 y 69 y 536 entre 80 y 89. 

“Estas medidas son, sin lugar a dudas, discriminatorias; no han tenido en cuenta a las personas viejas; las han considerado desde el equívoco imaginario mencionado; han dejado sus opiniones, necesidades e intereses por fuera; han sido restringidas y han afectado sus derechos humanos”, dice la profesora Marlene Márquez. 

Para la investigadora, el Estado debería “crear políticas, planes y programas que permitan que la población vieja tenga condiciones adecuadas de vida, que se logra cuando las personas tienen la posibilidad de disfrutar de todos sus derechos, entre ellos, el acceso a un sistema de salud de calidad”. 

Este sentimiento llevó a un grupo de personas mayores a manifestar al presidente Iván Duque su inconformismo por las medidas restrictivas, medidas que implican su inmovilización por cerca de la mitad del año. A pesar de que el argumento del gobierno nacional se enmarca en la intención de salvar vidas y garantizar su protección, la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez,  sostiene que “el verdadero objetivo es evitar que saturen las unidades de cuidados intensivos, (ya que) consideran que es un desperdicio asignarlas a personas que ya tienen un pie en la tumba”. 

El principal problema, agrega el colectivo, es que “las políticas de salud, tienen muy poca efectividad, pues las directrices, objetivos y metas de las mismas, van por un lado y la realidad por otro. En la práctica solo responden a relaciones de poder donde lo que prima es lo económico”. Lo que queda en evidencia es la deuda histórica del Estado para la atención y protección de esta importante población. 

Y es que la inmovilidad de las personas mayores podría tener efectos negativos en el corto y mediano plazo. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán* encontró que en una muestra de 200 adultos mayores con una media de edad de 71 años, el 46 % de los evaluados presentan deterioro de sus procesos cognitivos en medio de la pandemia y un 51 % un envejecimiento normal. Las mujeres, con un 33 %, presentaron mayor frecuencia de deterioro, frente a un 13 % de los hombres.

Ciudades para todos... también para los más viejos

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales que caracterizan el siglo XXI: a medida que las ciudades crecen, la población de mayores de 60 años de edad aumenta. Según la encuesta Sabe 2015, el 78 % de las personas mayores a 59 años en Colombia vive en zonas urbanas; la concentración más alta se encuentra en los departamentos de Caldas y Quindío (15 %), seguido de Risaralda, Boyacá y Tolima (14 %); en Bogotá esta cifra es del 12 %.   

Frente a estas condiciones, desde finales del siglo pasado se ha hablado de la construcción de ciudades amigables con los mayores, es decir, un territorio que aliente el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. “En términos prácticos, una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades”. 

Así quedó establecido en la guía Ciudades globales amigables con los mayores de la OMS (2007),  cuya investigación fue aplicada en 33 ciudades del mundo. En este estudio se demostró cómo las características de una ciudad reflejan los factores determinantes del envejecimiento activo de muchas maneras interconectadas: el paisaje de la ciudad, sus edificios, su sistema de transporte y vivienda; la participación social integral, su inclusión social y la disponibilidad de empleo de calidad; la autodeterminación y la autovaloración, la disponibilidad de información en formatos apropiados y la garantía de servicios de salud accesibles y correctamente coordinados. 

Se esperaría que en el proceso de repensar las ciudades del que se ha venido hablando como consecuencia de la pandemia, se tuvieran en cuenta los anteriores factores y especialmente la necesidad de construir una nueva y efectiva forma de brindar servicios y proteger al adulto mayor.