Sobre estos nuevos retos el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, dialogó con Santiago León, economista, magíster en Estudios Políticos e Investigador del Centro de Pensamiento en Políticas de Educación Superior de la UNAL.

Las universidades públicas acumulan un desfinanciamiento de 18 billones de pesos, y vieron reducidos sus recursos propios por concepto de matrículas y ventas de servicios en 51 % para marzo de 2021 y en 66 % en abril del mismo año, además del incremento de los costos asociados con la mejora de la infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), el bienestar universitario, la formación docente para la virtualización y la aplicación de protocolos de bioseguridad. ¿Cómo se está afrontando esta situación teniendo en cuenta la pretensión del retorno a la presencialidad ciento por ciento?

Digamos que, dada la coyuntura que enfrentamos, en la cual la presencialidad plena en la educación demorará en regresar, las formas tradicionales de enseñanza y la operación misma de la gestión universitaria han cambiado significativamente. Si no fuese por la pandemia, muchos de los cambios que estamos sufriendo no se harían, o por lo menos, no tan rápido. Por lo tanto, es válido afirmar que las universidades que insisten en volver a las formas de antes estarán recuperando modelos que empiezan a ser, incluso, anacrónicos.

La discusión sobre presencialidad vs. virtualidad se erige como un falso dilema, pues lo que es quizás importante comprender de las nuevas dinámicas que ha introducido la actual pandemia, es precisamente el carácter fluido que debe existir entre estas dos modalidades en los tres ámbitos misionales que hoy se les reconoce a las universidades (investigación, docencia y extensión).

Los retos que impone la llamada cuarta revolución industrial (4RI) deben llevar a las universidades a repensar su quehacer académico sustentado en sus tres pilares misionales, con una perspectiva más interdisciplinar, que, como bien lo dice el profesor Mammo Muchie, “la conexión entre humanos y máquinas que caracteriza a la 4RI requiere que las universidades vayan más allá del aprendizaje basado en las disciplinas” (citado por Sawahel, 2019). En este sentido, se requiere de parte del Gobierno Nacional incrementar de manera significativa la inversión en ciencias y tecnología para que éstas encuentren un ecosistema apropiado para su ejercicio de creación y difusión del conocimiento y del saber artístico (que en ocasiones no se le da la importancia que merece).

Ahora bien, frente a la mención en la pregunta sobre el desfinanciamiento que sufre el Sistema Universitario Estatal desde 1992, hay que decir de manera categórica, que se requiere un nuevo modelo de financiación para la educación superior. Este es uno de los temas que más hemos revisado en el Centro de Pensamiento. El derrotero es, como lo indica el profesor Andrés Felipe Mora, director del Centro, buscar un sistema de educación superior que permita el acceso a la educación universitaria pública bajo principios de universalidad, individualidad e incondicionalidad. Lo cual, hoy lastimosamente no se cumple.

Ustedes señalan que en 2018 las universidades públicas recibieron 1,1 billones de pesos por concepto de matrículas de pregrado y posgrado, pero tras la pandemia se está aumentando la deserción ¿Qué medidas están tomando el gobierno nacional y los gobiernos locales para afrontar esta situación? ¿Son efectivas?

El principal motivo de deserción para estudiantes se da por razones académicas (33,3%). Aquellos que permanecen, se gradúan en un término de seis años, para carreras que en promedio tienen una extensión de cinco años (Alzate, Colmenares, Paredes y Rodríguez, 2019, pp. 139-148). Algunas de las estrategias más reconocidas del gobierno nacional actual es la política de Matrícula Cero, mal llamada “política de gratuidad”. Este programa corresponde a una ayuda para algunas familias de los estratos más bajos, aunque no financia los costos operacionales en las instituciones en términos de aportes a las bases presupuestales. Por tanto, aunque esto resulta ser un gran aporte, precisamente no se apunta al problema estructural de financiación de la educación superior, lo que causará una nueva crisis en los años venideros muy posiblemente. Esto solo se puede solventar con la reforma de la Ley 30 de 1992.

Vale decir que existe una iniciativa relacionada con la autorización del manejo presupuestal para las instituciones universitarias, que será estudiada por el Congreso de la República. A pesar de esto, la corporación no atacará el problema esencial de la financiación, reduciéndose a controlar la distribución de recursos como lo viene haciendo el Ministerio Educación Nacional y no fortaleciendo la financiación de las instituciones de educación superior, con lo peligros subsecuentes de “burocratizar” el flujo de recursos a las instituciones (Martínez, 2022).

Ahora bien, desde el Centro de Pensamiento hemos propuesto un modelo de impuestos progresivos que permitan impactos distributivos, en donde se deje de lado el discurso meritocrático que, además de ser contradictorio con la concepción de la educación superior como un derecho, sirve para ocultar, legitimar e incluso reproducir las desigualdades que persisten en materia de acceso, permanencia y logro educativo. Esto en línea con la primera pregunta en lo relativo a la desfinanciación histórica que aqueja al sistema de educación superior.

La virtualidad, la alternancia y la presencialidad son las tres modalidades a las que las universidades se han enfrentado en los últimos dos años ¿Cuáles son las principales diferencias en las respuestas que dieron las públicas frente a las privadas? ¿Qué ciudades o zonas del país se vieron más favorecidas y cuáles tuvieron más problemas?

El uso de las TIC constituye un dilema para cerrar las brechas en materia de acceso a la educación superior, particularmente en un país tan heterogéneo en sus distintas regiones. Mientras que una ciudad como Bogotá tiene una cobertura bruta de 111,4 % para el año 2019 —más del doble del promedio nacional (52,2 %)— regiones como la de los Llanos, el Caribe y el Pacífico sólo alcanzan coberturas de 24,6 %, 35,7 % y 38,7%, respectivamente. La siguiente región que supera el promedio nacional es la del Eje Cafetero y Antioquia con 57,5%, algo más de la mitad alcanzada por Bogotá.

En el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior, encontramos que la presencialidad en la educación se sustenta en el hecho de que la intensificación de las interacciones contribuye a la coproducción de conocimientos y a la formación de ciudadanos. Por lo cual, la vida universitaria, entendida como aquellas interacciones en función del conocimiento y el aprendizaje, va más allá de las aulas de clase, pues la finalidad es formar personas para afrontar los desafíos de la vida en sociedad.

Con relación a este tipo de modalidades, muchas universidades privadas tuvieron la dificultad de asimilar la virtualidad como una forma de afrontar los dilemas impuestos por la pandemia. Por ejemplo, la Universidad de Los Andes, considerada como la universidad de las élites en el imaginario colectivo, no contaba con ningún programa virtual aprobado por el Ministerio de Educación, reduciendo su presencia en la web a cursos virtuales (MOOCs) que le dan visibilidad, aunque no completan programas enteros. La Javeriana tiene algunos pocos. En cambio, “la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Minuto de Dios, la Escuela de Administración de Negocios, el Politécnico Grancolombiano” sí contaban tiempo atrás con programas, parciales o completos, que les permitieron afrontar el desafío de la pandemia de una mejor manera (Dávila, 2020). 

Lo anterior, en términos de las herramientas tecnológicas y experiencia en su uso para la formación de estudiantes. Pero insisto, la presencialidad, al menos en pregrado, es fundamental por lo que mencioné que la función social de la educación no es solo el conocimiento, sino también para la formación de ciudadanía. Dicho eso, la respuesta entre instituciones privadas y públicas ha sido entonces variada, unas por regresar al modelo clásico de presencialidad que justifica altos gastos de matrícula, tal y como muchos estudiantes lo hicieron ver en las primeras semanas de la pandemia, y otros por la capacidad de cobertura en lugares que no poseían una oferta consolidada. Temas que son muy interesantes e importantes de analizar en detalle y que quizá sin la pandemia no lo estaríamos conversando.

Uno de los mayores retos de la educación es volver a la presencialidad pero manteniendo la virtualidad para aumentar su cobertura e impacto de los programas académicos. Sin embargo, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y del Laboratorio de Economía de la Educación, solo el 43 % de las personas tienen acceso a internet móvil o fijo, únicamente el 17 % de los estudiantes de colegios rurales cuentan con internet y computador y el 96 % de los municipios no estaban preparados para implementar clases virtuales. ¿En esta pandemia se han cerrado estas brechas? ¿Qué medidas se han implementado desde el gobierno para subsanar el problema?

El esfuerzo estatal debería estar encaminado en dos sentidos: i) dotar de una computadora a cada joven del país, de manera similar como se ha hecho en Uruguay en el Plan Ceibal o como entiendo se está empezando a hacer en Medellín y ii) facilitar el acceso a internet gratuitamente en todo el territorio nacional. Al respecto, la Corte Constitucional en su Sentencia T-030/20 señala que, si bien el Estado no está obligado a pagar la conectividad a cualquier precio, sí debe disponer ágilmente de un plan que aumente el cubrimiento y promueva el uso de la tecnología en el sistema educativo. Además, indica que, mientras la conectividad llega a todas partes, “el Estado debe ofrecer alternativas para garantizar la alfabetización digital” (Botero, 2020).

Como hemos dicho más arriba, la discusión sobre presencialidad vs. virtualidad se erige como un falso dilema. En realidad, lo importante es comprender las nuevas dinámicas que ha introducido la actual pandemia, que obliga a hacer coexistir estas dos modalidades en los tres ámbitos misionales que hoy se les reconoce a las universidades. Ni el Estado ni la sociedad colombiana deberían permitirse volver a la “normalidad”, es decir, continuar con la crisis del sistema.  Es hora de que se ponga en marcha una transformación profunda en cada uno de esos fines misionales de la universidad. Y un instrumento transversal para cumplir satisfactoriamente esos fines misionales es la masificación del uso de las TIC, de tal suerte que el acceso desigual a la tecnología no derive en la ampliación de las brechas en el aprendizaje.

La irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación y en particular en la educación universitaria obliga a considerar dos aspectos importantes: uno, el hecho de que, como lo dice el profesor Hoskobla (citado por Sawahel, 2019), el cerebro de las generaciones del mundo digital no es igual al de generaciones pasadas, si bien este desarrollo no es homogéneo, pues está atravesado por las desigualdades sociales tanto de acceso como de la calidad de la educación recibida en la educación básica y primaria. Y dos, por esa misma razón, de acuerdo con Hoskobla, las universidades deben prepararse para el futuro digital (citado por Sawahel, 2019).

Para enfrentar este futuro, las universidades, al decir del profesor Tshilidzi Marwala de la Universidad de Johannesburgo, deben ofrecer “educación multidisciplinaria, donde los estudiantes de ciencias humanas y sociales hacen materias tecnológicas y los estudiantes de materias tecnológicas hacen ciencias humanas y sociales” (citado por Sawahel, 2019). No obstante, las tecnologías no son la panacea del sistema educativo si no se cuenta con otras premisas tales como la capacidad de los docentes para orientar a los estudiantes en la utilización y práctica de estas tecnologías.

Por lo demás, hay que decir que las políticas para solventar los problemas de conectividad entre el estudiantado están focalizadas a la educación primaria y secundaria, y poco a la universitaria. Como se ha dicho más arriba, el enfoque con este nivel de educación ha sido la Matrícula Cero y la financiación de la demanda, lo cual ha, lastimosamente, perpetuado las dinámicas de endeudamiento que padecían los estudiantes en el pasado.