Para Carlos Mario Perea, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, hay una nueva visibilización del conflicto "muy política, mediática y compleja". No obstante, considera que estamos en un escalamiento del conflicto y la violencia, con una naturaleza distinta a la que conocíamos en el país. 

Hoy las dinámicas de la confrontación armada son fragmentadas con actores y agendas dispersas, en las que confluyen múltiples elementos fundamentales en este recrudecimiento de la violencia. La FIP señala algunos aspectos generales que marcan el cambio de este fenómeno y del conflicto armado   colombiano: pasamos de organizaciones de orden nacional con relativa capacidad de cohesión y mando a múltiples organizaciones con influencia local y en algunos casos regional; de actores predominantes como las Farc, ELN y los carteles de narcotráfico a un fortalecimiento del ELN, EPL, distintas facciones disidentes y el Clan del Golfo; de oligopolios en torno a economías ilegales y predominio del narcotráfico a redes con múltiples actores y rentas; y de orden nacional con afectaciones humanitarias a impactos focalizados y en degradación. 

En consecuencia, nos encontramos en un escenario de post-acuerdo con las Farc, o al menos con una parte de ellas, las que adhirieron al proceso, pero de persistencia de las confrontaciones armadas y la violencia en general. "Es un escenario complejo porque esperábamos que las negociaciones que hubo en la primera década del siglo con los paramilitares y en la siguiente con las Farc, los dos grandes actores de la guerra, nos iba a permitir entrar en un posconflicto armado, pero seguimos en un conflicto de naturaleza distinta, enfrascados en situaciones de violencia extrema", manifiesta el profesor Perea.  

Para él, un fenómeno importante a señalar frente a esta situación es la lógica de exterminio social insertada en los grupos ilegales, que van desde los actores armados hasta la delincuencia organizada que opera en las zonas populares de las ciudades. 

"De esto no se habla en el país", afirma el académico. "Varias disidencias de las Farc que reivindican su papel político han salido a decir abiertamente que ellos van a emprender un trabajo de exterminio social y nada se ha dicho sobre esto", reitera. 

Las regiones particularmente afectadas están conectadas directa e indirectamente con las fronteras. Los casos más críticos, según el académico, son los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y el Valle del Cauca a donde se ha desplazado el conflicto, y Norte de Santander y Arauca. 

Sobre esta última, el profesor Perea señala que "en la frontera entre Venezuela y Colombia se calculaba que había un intercambio de más o menos 8 mil millones de dólares, en este momento se tiene establecido que los actores ilegales de lado y lado están controlando 4 mil millones. Esta frontera es explosiva, tiene unos niveles de conflictividad extraordinarios". 

En general, estos territorios tienen en común un aumento de cultivos ilícitos y la presencia de actores armados que se disputan el dominio de los corredores y el negocio de las drogas; son territorios con precariedad en la prestación de bienes y servicios públicos, desconectados y aislados, sin vías terrestres y fluviales, con problemas de conectividad y comunicación, y carentes de servicios educativos, de salud y justicia. 

Pero también "son territorios con un entramado de organizaciones sociales y comunitarias, con un  liderazgo muy robusto e interesante. Los líderes terminan autogestionando estas carencias y han hecho un esfuerzo por permanecer en el territorio interfiriendo entre los actores armados", destaca Paulo Tovar, coordinador de participación y diálogo para la construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. 

Baja tasa de homicidios en los últimos años

En los últimos años se ha presentado una tasa relativamente estable de homicidios en el país: en 2016 (año de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc) fue de 25,04 muertes por cada 100 mil habitantes (12.402 casos); en 2017 fue de 24,08 (12.237 casos); en 2018 fue de 25,09 (12.923 casos) y en 2019 fue de 25,07 (12.925 casos), según información del Ministerio de Defensa. 

De enero a julio de 2020, la tasa de homicidio fue considerablemente inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, en el primer semestre de 2019 se cometieron 6.128 homicidios, mientras que en 2020 se registraron 5.281 homicidios, es decir, 847 muertes menos (-13,8%).

Esto podría atribuirse a la transformación de la violencia en Colombia y a lo que el profesor Perea considera una menor participación de las ciudades en homicidios. “Desde 2017 la ciudad ha perdido completamente la importancia que tenía en la producción del homicidio; en la década de los 80 las urbes de más de 100 mil habitantes generaban hasta un 70 % de los homicidios en el país, pero en los últimos años su participación se redujo hasta el 45 %”, dijo el profesor Carlos Mario Perea en el programa Punto Crítico de UN Televisión. 

El reporte de Medicina Legal señala que entre enero y mayo de 2020, las ciudades capitales que más homicidios registraron son Bogotá con 390 casos; Cali con 291, Medellín con 153; Barranquilla con 123 y Cúcuta con 107. Contabilizado en tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, Bogotá tiene el porcentaje más bajo con 5.3 casos, seguida por Medellín con 6, Barranquilla con 10,2, Cali con 13, y Cúcuta con 15. En total, las capitales reportaron 1.665 homicidios de los 3.922 que se cometieron en todo el país. 

En contraste con la situación de las ciudades más grandes, algunos municipios presentan un panorama preocupante. En ciudades capitales más cercanas a zonas de conflicto, como Quibdó, en el mismo período se presentaron 63 homicidios lo que representa una tasa de 52 por cada 100 mil habitantes. En Samaniego (Nariño), entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 se registraron 20 homicidios, según el reporte de la Policía Nacional, a lo que se suma la masacre de 8 jóvenes el 16 de agosto. Líderes sociales del municipio, que registra en el Dane una población de 23.727 personas, aseguran que este territorio tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. 

A pesar de que en las semanas recientes se conocieron hechos graves relacionados con la muerte de varios jóvenes, según el informe de Medicina Legal de los 3.922 casos de homicidio que se reportaron en todo el país entre enero y mayo, 1.921 personas tenían entre 29 y 59 años de edad y 1.614 entre 18 y 28 años. 

Implementación del proceso de paz

Paulo Tovar, investigador de la FIP, señala que los hechos de violencia tienen un impacto directo sobre los procesos que se vienen adelantando en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, especialmente  en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una estrategia subregional de transformación integral a 10 años en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.  

"Era necesario avanzar en la transformación de las condiciones que habían generado la confrontación armada y eso pasaba por saldar una deuda de desarrollo con los territorios más afectados, donde la institucionalidad pública ha sido débil y poco eficaz, y donde han estado presentes distintos actores ilegales", explica el sociólogo. 

Para su implementación se priorizaron 170 municipios en las subregiones de Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada - Perijá, Montes de María, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Norte del Cauca - Alto Patía, Urabá Antioqueño , Putumayo, Sur de Córdoba, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena Guaviare, Pacífico Medio, Sur del Tolima, Chocó y Sur de Bolívar.  

Si bien el proceso inició con amplia participación ciudadana y en escenarios de confianza y esperanza, hoy la situación es distinta. “El cambio de gobierno le dio otra mirada al proceso, se hizo un énfasis en lo técnico y las comunidades se sintieron alejadas; en este momento hay una tensión muy fuerte entre las comunidades y el gobierno para retomar los procesos de participación, dados los riesgos de seguridad y la percepción de violencia contra los líderes”, expresa Tovar. 

El investigador considera que frente a esta situación el desafío es grande; por un lado, el Estado colombiano, con una trayectoria alta de incumplimiento, deberá proponer escenarios de confianza, garantías y sobre todo participación para avanzar en el proceso de consolidación de las más de 33 mil iniciativas propuestas por las comunidades para convertirlas en grandes proyectos de inversión. “Esto es lo que construye legitimidad”, insiste. (Ver también: Territorios, los mejores indicadores del avance de los acuerdos de paz) 

Y, por el otro, las grandes ciudades tienen la responsabilidad de revalorar la importancia de conectarsecon los territorios rurales y fortalecer sus vínculos. “Si se quiere saldar esa deuda histórica con esos territorios, quienes tienen que poner los recursos son las zonas urbanas del país; no se ha logrado un respaldo político desde las ciudades hacia lo rural”, dice Paulo Tovar. Sin duda, agrega, son las ciudades las receptoras del desplazamiento que produce el conflicto armado y, aunque no tienen cultivos ilícitos, hacen parte de las dinámicas de la cadena del narcotráfico.  

Como hoja de ruta a seguir, el profesor Perea considera que es perentorio retornar a la implementación de los Acuerdos de Paz, y hacer un trabajo de inversión para enriquecer y fortalecer a la sociedad. “Una paz sin sociedad no es nada, el núcleo de una paz estable y duradera es una sociedad organizada y consciente, a la que se le reconoce públicamente,  tiene poder político y capacidad de decisión”, puntualizó.